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La destitución arbitraria de la síndica de Santa Catarina Ayometla encendió las alarmas en el Congreso local, donde la diputada Laura Yamili Flores Lozano presentó una iniciativa para condenar enérgicamente la violencia política contra las mujeres y exigir acciones inmediatas a las autoridades.
Durante la sesión de este jueves en el pleno del Congreso local, la legisladora planteó un acuerdo para exhortar a instancias electorales, ayuntamientos y partidos políticos a cumplir sin simulaciones con la paridad sustantiva, garantizando no solo el acceso de las mujeres a cargos públicos, sino su ejercicio pleno, libre de violencia, presiones y bloqueos institucionales.
Flores Lozano advirtió que, pese a los avances legales en México, la violencia política de género sigue presente, especialmente en el ejercicio del poder. En ese sentido, señaló que en Tlaxcala existen diversos casos documentados donde regidoras y síndicas enfrentan prácticas como obstrucción de funciones, hostigamiento, amenazas, retención de información pública e incluso intentos ilegales de destitución.
La diputada puso especial énfasis en el caso de Ayometla, donde la síndica ha denunciado una serie de actos que podrían configurar violencia política de género, entre ellos el impedimento para realizar labores de fiscalización, la negativa de acceso a información clave, así como amenazas contra su integridad y la de su familia.
Además, se acusa un intento de remoción ilegal impulsado desde el propio cabildo, lo que, de confirmarse, evidenciaría un uso indebido de las estructuras de gobierno para desplazar a una mujer en funciones.
Ante este escenario, la legisladora exigió la intervención inmediata de autoridades como el Tribunal Electoral local, la Fiscalía estatal y el Centro de Justicia para las Mujeres, a fin de que se garantice protección efectiva y se resuelvan las denuncias con perspectiva de género.
La iniciativa contempla una condena institucional a toda forma de violencia política contra las mujeres, así como un llamado directo a los 60 ayuntamientos para frenar cualquier acto de hostigamiento contra funcionarias.
También incluye el exhorto a partidos políticos para que respeten la paridad en el proceso electoral 2026-2027 sin simulaciones, además de la obligación de las autoridades electorales y judiciales de atender de manera inmediata este tipo de casos y garantizar la restitución de derechos políticos a las víctimas.
“La violencia política contra las mujeres no puede normalizarse ni tolerarse. Cada caso impune debilita la democracia”, sostuvo la diputada.