Trascendió que personal de derechos humanos y de la Secretaría de Gobierno acudió este día para dar fe del proceso de reinstalación, buscando garantizar que se respeten sus derechos y el marco legal.
Trabajadores aseguran que la participación no habría sido voluntaria, pues presuntamente se les indicó acudir obligatoriamente y además llevar al menos cinco personas adicionales como acompañantes.
El documento establece que las órdenes de protección administrativas pueden tener una duración de hasta 60 días y deben emitirse de manera inmediata una vez que la autoridad tenga conocimiento de los hechos.
Lo acusan de desvío de recursos y nepotismo. Se descubrió que empleados del ayuntamiento fungieron como cocineros y meseros, mientras Cortés solo obtuvo facturas para simular el gasto.