La dirigencia perredista aseguró que no puede condenarse el uso de recursos sólo cuando provienen de adversarios y exigió congruencia en el discurso público.
La advertencia surge luego de que se hicieran públicos señalamientos sobre una escuela donde, presuntamente, se solicitaba a las familias adquirir tres uniformes para que los alumnos pudieran asistir a clases.
La estructura educativa estatal fue utilizada como brazo de operación territorial, comprometiendo incluso trabajo de promoción fuera de horarios laborales y durante fines de semana.