La medida busca dar certeza sobre la forma en que fueron asignadas las plazas y despejar las dudas que surgieron tras la difusión de información sobre presuntos beneficios otorgados a servidores públicos.
En el caso de la tesorera refirieron que desde que estuvo con el ex presidente Jorge Corichi, se ha conducido con opacidad y que incluso la última cuenta pública está reprobada.