El funcionario presuntamente cobra hasta 250 mil pesos por el reconocimiento de cinco años de antigüedad laboral, además de exigir el 30 por ciento de los salarios caídos en juicios de reinstalación de ex trabajadores rescindidos.
Las inconformidades surgieron tras un reciente cambio en el personal que opera la unidad, lo que —según los testimonios— ha provocado un deterioro en la calidad del servicio.
El caso que más polémica ha generado es el de Fátima Montserrat Paquini Hernández, quien presuntamente habría ejercido funciones legales utilizando documentación profesional irregular.