Esta adecuación legislativa es indispensable para que las nuevas estructuras y mecanismos previstos en la Constitución operen de manera eficaz y coordinada, asegurando que la justicia se administre con prontitud, imparcialidad y apego a derecho.
La diputada advirtió que estos mecanismos, al concentrar recursos, presupuesto y sanciones, transforman la justicia en un instrumento de control político, poniendo en riesgo la independencia judicial y el equilibrio democrático del país.
Emilio de la Peña pasó de ser uno de los principales impulsores de sanciones contra autoridades municipales a convertirse en blanco de cuestionamientos sobre su propia labor