Se trata de reformas a la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios propuesta con el fin transparentar los procesos y combatir la corrupción en la función pública.
Emilio de la Peña pasó de ser uno de los principales impulsores de sanciones contra autoridades municipales a convertirse en blanco de cuestionamientos sobre su propia labor