Durante la plenaria, se propuso establecer en la Ley de Atención y Protección a Víctimas y Ofendidos del Delito para el Estado de Tlaxcala, una ayuda económica a víctimas.
Emilio de la Peña pasó de ser uno de los principales impulsores de sanciones contra autoridades municipales a convertirse en blanco de cuestionamientos sobre su propia labor