Se contribuye a garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, reducir la impunidad asociada a la investigación y administración de justicia en los casos de muertes violentas de mujeres.
Emilio de la Peña pasó de ser uno de los principales impulsores de sanciones contra autoridades municipales a convertirse en blanco de cuestionamientos sobre su propia labor