La legisladora sostuvo que la iniciativa presenta diversas irregularidades y genera un esquema donde existe “juez y parte”, lo que —dijo— abriría la puerta a la discrecionalidad en el manejo de datos y decisiones institucionales.
A casi 6 años de ese bochornoso suceso, no hay claridad sobre si el caso fue formalmente investigado, si hubo seguimiento por parte de instancias de justicia o si simplemente quedó sepultado entre influencias políticas y omisiones