Tras la aprobación del Dictamen, se ordenó la elaboración del Decreto, y su remisión al Ejecutivo del Estado para su sanción y publicación correspondiente.
La iniciativa refuerza la prohibición de actos de discriminación, acoso y violencia en los distintos ámbitos de la vida social, educativa, laboral y familiar, a fin de proteger la dignidad e integridad de las personas con autismo.
“Levantar la voz no es confrontar, es cumplir con nuestra responsabilidad. No se trata de estar en contra de alguien, sino a favor de México. La democracia no se negocia, no se debilita y no se aprueba al vapor”, concluyó.
A casi 6 años de ese bochornoso suceso, no hay claridad sobre si el caso fue formalmente investigado, si hubo seguimiento por parte de instancias de justicia o si simplemente quedó sepultado entre influencias políticas y omisiones