- Contla
Mientras Alejandro Flores Xelhuantzi celebra públicamente la resolución emitida por el Congreso del Estado en torno al conflicto que mantiene con el Cabildo de Contla, habitantes de la Segunda Sección sostienen que existen asuntos pendientes que siguen sin respuesta, entre ellos el manejo de recursos públicos y diversos señalamientos que marcaron su gestión.
En un reciente mensaje difundido en redes sociales, el presidente de comunidad aseguró que "la voluntad ciudadana regresará al pueblo", al referirse al dictamen legislativo relacionado con su suspensión de funciones ocurrida en 2025. Sin embargo, para algunos vecinos el discurso busca proyectar una imagen de persecución política, dejando de lado las controversias que lo han acompañado durante los últimos meses.
El origen del conflicto se remonta a agosto de 2025, cuando el Cabildo de Contla aprobó la suspensión de Flores Xelhuantzi. Posteriormente, el presidente de comunidad promovió diversas acciones legales y denuncias que derivaron en un juicio político contra integrantes del Ayuntamiento. Recientemente, el Congreso determinó sanciones contra miembros del Cabildo al considerar que habrían actuado fuera de sus facultades al separarlo del cargo, aunque la ejecución de esa resolución permanece suspendida en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve los recursos promovidos por las autoridades municipales.
No obstante, habitantes consideraron que, mientras permanecen sin aclarar cuestionamientos sobre el ejercicio del presupuesto asignado a la presidencia de comunidad, se dedica a revictimizarse.
Información obtenida mediante transparencia revela la existencia de recursos públicos para la Segunda Sección, situación que contrasta con declaraciones realizadas en distintos momentos sobre supuestas limitaciones presupuestales.
A ello se suman antecedentes de otras controversias que colocaron a la presidencia de comunidad en el centro de la discusión pública, incluyendo señalamientos relacionados con adquisiciones y uso de equipo tecnológico, entre ellos un dron que generó cuestionamientos ciudadanos sobre la pertinencia del gasto y la prioridad de ese tipo de compras frente a las necesidades de la comunidad. Aunque dichos señalamientos han sido utilizados por opositores para cuestionar la administración, corresponde a las autoridades competentes determinar si existió alguna irregularidad administrativa.
Vecinos también reprocharon que, mientras el presidente de comunidad insiste en presentar el caso como una lucha por la defensa de la voluntad popular, continúan pendientes demandas relacionadas con servicios, atención ciudadana y rendición de cuentas.
El reciente fallo legislativo no representa una absolución sobre el desempeño de la presidencia de comunidad, sino únicamente una resolución respecto al procedimiento mediante el cual fue suspendido. Por ello, sostienen que el verdadero escrutinio debe centrarse en los resultados entregados a la población, el destino de los recursos públicos y la transparencia con la que se han tomado decisiones durante su administración.