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México, DF.- En la reunión plenaria de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas que encabeza el Gobierno Federal, Felipe de la Torre, Asesor Regional Contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó un diagnóstico en el que se destaca respecto del ámbito legislativo que la Ley actual en la materia “es un tanto arriesgada y podría traducirse, en ciertos casos, en falta de seguridad y certeza jurídica”, por lo que “algunos aspectos deberán ser observados con detenimiento, debido a las implicaciones que podrían traer consigo”.
El documento que fue publicado en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), en el que se incluye un mensaje del Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, especifica que “ a partir de la entrada en vigor de la Ley, en México se persiguen los delitos en materia de trata de personas (no el delito de trata de personas), con lo cual, básicamente, todos los delitos relacionados con alguna forma de explotación retomada en el Protocolo, más otras que los diferentes actores consideraron necesario incluir, se perseguirán como trata de personas”.
Por su parte, la Senadora Adriana Dávila, Presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas, destacó el trabajo de la UNODC, pues este informe evidencia la necesidad de las modificaciones legislativas estrictamente en el sentido técnico jurídico que permitan castigar a los delincuentes, pues dijo que la UNODC reconoció que la eliminación de los medios comisivos en la actual Ley son un retroceso pues como se encuentra redactado el artículo 10 no proporciona certeza jurídica”.
Por otra parte, en la misma reunión intersecretarial se aprobaron diversos instrumentos de atención a víctimas como: El Modelo de Asistencia y Protección; el Protocolo de Rescate y Atención, a Víctimas del Delito de Trata de Personas, así como los Lineamientos Generales para la Construcción, Operación y Funcionamiento de Albergues, Refugios y Casas de Medio Camino.
En dichos instrumentos, la Senadora Adriana Dávila pidió especificar quiénes serán los responsables del seguimiento y fiscalización de las autoridades y asociaciones civiles que reciben en primera instancia a las víctimas, para evitar casos que aún no han sido aclarados como Casitas del Sur y Mamá Rosa, o la revictimización de personas utilizadas para fines mercantiles y publicitarios.
Las conclusiones de la reunión corrieron a cargo del Subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián.