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Por el comportamiento mostrado por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas en los últimos meses, todo hace suponer que el presente mes podría perder sus tradicionales características de ser una temporada de descanso, de respeto a las fiestas decembrinas y de tregua política. Se sabe que se tiene una lista de 37 órdenes de aprehensión contra críticos y opositores a la administración morenovallista, y que habría la intención ser ejecutadas en las siguientes semanas como una manera de aprovechar la poca atención que la opinión pública muestra a los hechos noticiosos en el último tramo del año.
En particular en el presente año, que es el cuarto del sexenio, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas aprovechó varios fines de semana y días de asueto para emprender violentos operativos para decomisar mototaxis o meter a la cárcel a una larga lista de críticos de su gestión. Por eso no es difícil que el titular del Poder Ejecutivo busque cerrar el año con el signo de la represión y la persecución de sus rivales políticos.
Moreno Valle no se amedrentó ante la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió por el caso Chalchihuapan y la creación de una comisión especial, en la Cámara de Diputados federal, para investigar lo que los senadores priistas calificaron como una conducta criminal del gobierno del estado contra los pobladores de esa comunidad.
El gobernador tiene la intención de venderse ante los ojos de empresas trasnacionales y los dueños de los grandes capitales nacionales, así como ante ciertos sectores de la población, como un hombre duro y decidido, aprovechando la debilidad que muestra el presidente Enrique Peña Nieto y el recrudecimiento de la delincuencia en todo el país.
Por lo general siempre que hay un gobierno débil, vapuleado y en crisis, como es el caso de la administración de Enrique Peña Nieto, brotan corrientes de corte fascista que venden nefastas ideas de que con la violencia, los atropellos a las libertades y la intolerancia se pueden resolver los problemas que aquejan al grueso de la población.
En esa tendencia se inscribe el comportamiento de Rafael Moreno Valle Rosas, siendo esa la razón por la cual nada detiene su escalada de persecución contra comunidades campesinas, activistas, académicos y ciudadanos que se han atrevido a cuestionar sus proyectos de gobierno.
Dicha tendencia es la que puede provocar que este diciembre se acabe incendiando desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos.
En la lista de perseguidos se encuentran los siguientes:
Contra los ciudadanos que encabezaron el movimiento pacífico de resistencia a la construcción del parque de las siete culturas, en el lado del municipio de San Andrés Cholula, hay 20 órdenes de aprehensión vigentes, pero en particular hay 10 activistas que están señalados como los principales candidatos a ser detenidos. Entre ellos hay algunos académicos.
La persecución contra la población de San Bernardino Chalchihuapan no ha cesado. Trascendió que aunque en la averiguación previa que existe contra el movimiento de lucha contra el retiro del registro civil de las juntas auxiliares están nombrados 2 mil 500 pobladores como participantes de los hechos violentos del 9 de julio –en los que perdió la vida el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, por la actuación de la Policía Estatal–, se tiene un listado de 10 habitantes de dicho poblado que son prioridad para que puedan ser aprehendidos.
A los anteriores casos, se debe de sumar el nombre de Araceli Bautista, la madre del edil de Chalchihuapan, quien está detenido desde hace dos semanas. Esta mujer es pilar en la organización de la población de esa comunidad y por esa razón la tiene en la mira la administración estatal.
Otros dos señalados con el riesgo de ser encarcelados son Rocío y Javier Pérez, quienes son hijos del edil de Canoa, quien está tras de las rejas por protestar contra el retiro de los registros civiles de las juntas auxiliares.
Esa persecución se extiende a Félix Flores, quien es el alcalde suplente de Canoa y es visto como enemigo del gobierno del estado, por lo cual no lo dejan rendir protesta y es candidato a que también acabe en una fría prisión.
Unos 10 alcaldes auxiliares, que encabezan la Coordinadora de Defensa de la Identidad de los Pueblos, están en situación de riesgo por la posibilidad de que se les dicten órdenes de aprehensión e inicien el próximo año encarcelados.
Otros dirigentes amenazados son los tres líderes del Movimiento de Alterativa Social, Marco Mazatle, Ricardo Ávila e Irene Herrera, quienes a su decir tienen informes de que luego del próximo 15 de diciembre podrían ser detenidos bajo los delitos de corte fascista de romper con el orden en el estado.
El anterior listado puede ser solamente la punta del iceberg y todavía la administración morenovallista podría darnos más sorpresas de las previstas.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2014/12/03/nos-espera-un-diciembre-lleno-de-represion/