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Aquí se les está sirviendo la mesa a las empresas internacionales entregándoles no sólo la infraestructura que con tanto esfuerzo hemos construido, sino también dándoles un respaldo jurídico hecho a la medida de sus negocios, sostuvo la senadora del PRD, Lorena Cuéllar Cisneros.
La legisladora por Tlaxcala señaló que, en términos económicos, el sector eléctrico disfruta de ingresos asegurados, por lo que resulta insólito pensar en la idea del mercado como el mejor sistema para regularlo.
Y es que, Cuéllar Cisneros afirmó que la Ley de Industria Eléctrica pretende dejar en manos del Estado las actividades de transición y distribución del sector eléctrico bajo reglas de libre mercado.
Recordó que los servicios de agua y electricidad cuentan con subsidios generalizados para garantizar el cumplimiento de los derechos de la población ya que las familias destinan alrededor del 20 por ciento del ingreso total al pago de dichos servicios.
Destacó que en México estos servicios cuentan con un subsidio de entre el 42 y el 58 por ciento y de acuerdo con diversos especialistas la única forma de ver un descenso en las tarifas es con un mayor subsidio y no eliminándolos.
Sin embargo, “los términos del dictamen no son alivio para los consumidos porque colocan los precios a expensas de las variaciones del mercado internacional. Es claro que el interés es la especulación financiera donde se compra energía a precios mediante contratos a largo plazo”, dijo.
Finalmente, la senadora afirmó que es previsible que las empresas, en complicidad con el gobierno, manipularán las tarifas en función de los dividendos que tengan que repartir entre sus socios.
“Esta reforma colocará a mayor número de nuestra población en situación de pobreza”, concluyó.
PALABRAS DE LA SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS:
PALABRAS SENADORA LORENA CUÉLLAR
POSICIONAMIENTO EN CONTRA DEL PROYECTO DE DECRETO PARA EXPEDIR LAS LEYES DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y ENERGÍA GEOTÉRMICA Y REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE HOY, 19 DE JULIO, EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA.
México, D.F. a 19 de julio de 2014
Con su venia señor Presidente,
Compañeras y compañeros Senadores,
El presente dictamen continua la inercia de una privatización simulada, ahora en el mercado de energía eléctrica. No tiene claridad acerca del modelo de industria eléctrica que pretende, ya que deja en manos del Estado las actividades de transición y distribución, bajo reglas de libre mercado.
Como bien sabemos, tanto en el sector eléctrico como en el de agua potable los subsidios suelen ser generalizados, ya que con esto se garantiza el cumplimiento de los derechos de la población, especialmente de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.
En nuestro país, las tarifas en electricidad tienen un subsidio de entre el 42 y 58 por ciento, lo que nos coloca como una de las naciones con menores precios dentro de la OCDE, sin embargo, también es importante recordar que somos el único país de la OCDE donde ha aumentado la pobreza.
Esto pone en jaque la promesa mediática con que se nos ha presentado esta reforma, ya que de acuerdo con distintos especialistas la única manera como los mexicanos podemos ver un descenso en el precio es con un mayor subsidio gubernamental.
Situación que es obvia porque no hay empresa que le entre a un mercado donde el precio de venta esté por debajo del costo, lo que confirma la mentira de que bajarán las tarifas de electricidad; y sobre todo hace ver que esta reforma tiene más fines de impacto político y cupular que de bienestar hacia la población.
Bajo este esquema nos vemos en un futuro con pocas esperanzas para todas y todos los mexicanos que pueden llegar a no estar en condiciones de satisfacer el mínimo de servicios energéticos para sus necesidades básicas y que los coloca en una situación que puede llegar incluso a vulnerar su salud.
Recordemos que a partir de la cuestionada extinción de la Compañía de Luz, es común saber de gente a la que le cortan el servicio; y esto no es para menos puesto que la caída del poder adquisitivo y la falta de empleos han hecho que el presupuesto familiar se destine para usos alternativos.
De acuerdo con datos de CONEVAL, en nuestro país hay aproximadamente 11.1 millones de personas que habitan viviendas sin acceso al agua y la electricidad. Cifra que coincide con los 11.5 millones de mexicanos que viven en pobreza extrema y que no cuentan para pagar un gasto no alimentario, como lo es el agua y la electricidad, que dicho sea de paso, se requiere aproximadamente el 20 por ciento del salario mínimo mensual para hacer un pago promedio de ambos servicios.
Ni que decir de los requerimientos de las familias que viven en zonas de temperaturas extremas en nuestro país, que tienen la necesidad de tener climatización constante y agua de consumo en cantidades mayores. Estoy segura que el impacto en el bolsillo de estas personas será aún mayor.
Por si fuera poco, en los últimos años se ha revelado el fuerte impacto que tienen las tarifas eléctricas sobre la inflación, mismas que pegan muy fuerte en las categorías que integran los servicios básicos para la vivienda, como el agua y el gas, mismos que han llegado a alcanzar niveles inflacionarios reales del 26 por ciento anual.
Los términos del presente dictamen no suponen un alivio para los consumidores, sino todo lo contrario, coloca los precios a expensas de la organización del mercado internacional.
En términos económicos, el sector eléctrico disfruta de ingresos y beneficios asegurados, por ello resulta insólito pensar en la idea del mercado como el mejor sistema para regularlo.
Así las cosas, es claro que el interés detrás de este negocio es la especulación financiera donde se compra energía a precios “spot” o mediante contratos de largo plazo, y es vendida sin arriesgar el costo de la materia prima trasladando su variación a la tarifa sin importar el impacto al consumidor.
Situación grave, ya que los precios del petróleo, el gas, carbón, etcétera, son fijados a diario en los mercados internacionales, por lo tanto, no hay márgenes de rendimiento a estos gastos; el beneficio para estas empresas está en la inversión, es decir, recuperar un monto mayor a través del precio del kilowatt facturado al consumidor, que además incluye la variación en los precios internacionales de los combustibles. Negocio redondo, seguro y de grandes rendimientos.
Inaudito, pero cierto, aquí se les está sirviendo la mesa a las empresas internacionales, entregándoles no solo la infraestructura que con tanto esfuerzo hemos construido las y los mexicanos, sino también un respaldo jurídico hecho a la medida de sus negocios.
Es previsible que las empresas, en complicidad con el gobierno, maniobraran las tarifas en función de los dividendos que tengan que repartir entre sus socios.
Como puede verse, esta reforma colocará a un mayor número de nuestra población en situación de pobreza y vulnerabilidad, además de mermar el acceso a sus derechos sociales.
Por eso mi voto es en contra, porque esta reforma castiga a la población más necesitada de nuestro país y no plantea soluciones para asegurarles un servicio básico y de calidad.
Es obligación del Estado velar por el interés general de la población y no el mercado como los neoliberales se empeñan en hacernos creer.
Es cuanto señor presidente.