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· Amparo contra la energética sigue vivo
· Leyes secundarias preparan desmantelamiento de PEMEX y CFE
“Es obligación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciarse sobre la legalidad del proceso con el que se aprobó la reforma constitucional en materia energética”, señaló el Senador Manuel Bartlett durante la discusión de las leyes secundarias y, recordó que el amparo interpuesto sigue vivo.
Durante su intervención, el Coordinador de los senadores petistas lanzó un exhortó a los once ministros de la SCJN para discutir durante una sesión pública la legalidad del proceso con el que se aprobó en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, toda vez que en caso de reconocer que ese proceso fue contrario a la ley, la reforma energética queda sin validez.
“El pleno de la SCJN tiene en sus manos el amparo y deben reunirse los once ministros para analizar el proceso violatorio con el que se aprobó la reforma constitucional. Si la SCJN no analiza ese proceso, el Congreso de la Unión no estaría sujeto al control constitucional, tal como sucede en una dictadura”, afirmó el Ex Gobernador.
Al cuestionar la iniciativa de leyes secundarias, Bartlett Díaz exhibió que esos documentos mienten cuando plantean el fortalecimiento de PEMEX y mencionó que mientras a la petrolera mexicana se le darán asignaciones: “a las compañías privadas se les otorgarán contratos que no están definidos en ningún lado”.
Calificó la denominada ronda cero como una burla propuesta por la “iniciativa extranjerizante del PAN”, recordando que junto con el PRI, el albiazul “no se ha cansado de declarar que PEMEX no tiene la capacidad técnica para esos proyectos” justificando, así, que se le nieguen a la paraestatal mexicana los campos que solicite.
A lo anterior, agregó que: “el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, reconoció que se otorgarán los contratos a PEMEX siempre y cuando tenga dinero para desarrollarlos, evidenciando que el dinero de PEMEX proviene del presupuesto y con ello el gobierno pretende negárselo para obligarlo a asociarse con compañías privadas”.
Otro de los temas tratados por Bartlett fue la destrucción de la propiedad que se establece en el documento acordado por PRI y PAN, exhibió que esto permitirá a las grandes petroleras transnacionales decidir sobre el uso de suelo del territorio nacional.
“Para poder satisfacer a las transnacionales destruyen la propiedad de este país, con la marrullería que hicieron al quitar la exclusividad del Estado mexicano de la Constitución, queda el concepto de estratégica, justificando que la ExxonMobil y la Shell, designen lo que quieran como prioritario, entregándoles la facultad de decir sobre todo el territorio nacional”, denunció el legislador.
Advirtió que esto ya ha sucedido en la Amazonía y en Perú, donde lamentablemente culminó con el asesinato de los indígenas que se oponían a la devastación de sus tierras. Mencionó el caso de Puebla, donde por oponerse a la construcción del Proyecto Integral Morelos, el gobernador encarceló a varios activistas.
“Estas leyes establecen un régimen de expropiación exorbitante”, apuntó el Senador.
Al concluir su participación Manuel Bartlett pidió a su compañero el Senador Carlos Romero Deschamps, quien se encontraba presente en la sesión, explicar a los trabajadores de PEMEX: cómo es que estos cambios a la ley afectarán al gremio petrolero dejándolo sin protección ante la intromisión de las petroleras privadas.
“Los trabajadores de PEMEX están a punto de ser masacrados, van a dejarlos sin derechos y con eso van a destruir el conocimiento de la industria nacional. Van a cambiar de régimen y ese régimen les quita sus derechos. Romero Deschamps, ¡dígaselos usted!”, afirmó el Senador Bartlett Díaz. Al terminar, el petista declaró que los petroleros mexicanos son de lo mejor de este país y deben estar informados sobre lo que se pretende hacer a su gremio.
Como lo ha hecho bajo todo el proceso de discusión de los ordenamientos reglamentarios en materia energética, el Senador Manuel Bartlett intervino bajo protesta y reiteró que la discusión se da en medio de un proceso arbitrario que a todas luces es violatorio del reglamento del Senado.