Tras la salida del ahora ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Justino Hernández Hernández, quedan atrás cuatro años de falta de estrategias para mejorar la impartición de justicia en la entidad; así como de cuatro años de conformismo que prácticamente impidieron, no sólo un avance en esta importante materia, sino que antes de concluir este periodo, sorpresivamente se prorrogó lo que pudo haber justificado el trabajo de la administración saliente como es: la implementación del “nuevo sistema de justicia penal”, dejando con ello una impartición de justicia malograda y una difícil tarea para el presidente entrante; quien primero deberá solucionar el cúmulo de pendientes de su antecesor, y luego, retomar el camino de la modernización para generar una impartición de justicia eficaz después de cuatro años de desatención.
En este sentido, resalta la declaración del ex presidente del tribunal, hecha hace unos días con motivo de su último informe de actividades, donde presume que la infraestructura creada durante su administración, ha permitido acceder a los justiciables a resoluciones más prontas y expeditas.
Sin duda, contar con mayor infraestructura puede generar mejores condiciones de trabajo, pero indudablemente, para acceder a resoluciones judiciales más prontas y expeditas se necesita más que cemento y varillas. En este contexto, quizá el razonamiento inductivo del ex presidente del tribunal nos puede dar una idea más clara del por qué, de sus ínfimos resultados al frente del TSJE.
La excesiva dilación en la impartición de justicia en toda la entidad; los excesos de una burocracia nociva e inoperante en los juzgados; el elevado porcentaje en el rezago de sentencias existentes en los penales del estado fueron una constante, donde –por ejemplo- hay muchos internos que no alcanzan fianza, pero que por la lentitud de los jueces -por llamarla de alguna manera-, no reciben sentencia, deficiencia reconocida por el mismo ex presidente, quien además, estaba consciente del problema de sobrepoblación en los ceresos, pero la falta de estrategias se hizo patente, y los edificios por sí mismos no resolvieron el problema.
La cifra publicada en algunos medios hace unos meses de personas detenidas que esperaban sentencia era de más del cincuenta por ciento del total, el dato es revelador.
Ante esto, qué podría presumir el ex presidente del tribunal al final de su paso de cuatro años como representante del Poder Judicial. Quizá sólo el aplauso del gobernador, a quien cual “damo” de compañía le asistía en diversos actos públicos, salía como su acompañante en las fotos de prensa, como una argucia para dar algo de engañosa legitimidad a un Ejecutivo impopular ávido de ganar credibilidad, y al salir en las fotos los titulares de ambos poderes, posiblemente esperaban que algo favorable resultara para su deplorable imagen.
Pero sí hubo una oportunidad de que Justino Hernández saliera victorioso al dejar su puesto como titular del Poder Judicial, era algo que había anunciado antes de acabar el año pasado, cuando con todo optimismo y presunción declaró, según se publicó en medios de comunicación que: rumbo a la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal en Tlaxcala el 31 de enero de 2014, en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, “ya estamos trabajando y listos para implementar los mecanismos”, tanto en la parte operacional como de aplicación.
Todo parecía favorable, pero repentinamente hace unas semanas, el mismo Justino Hernández anunciaba que la instalación del nuevo sistema de justicia penal se prorrogó para que entre en vigor hasta el año 2015. Ni modo, a los tlaxcaltecas sólo nos tocará enterarnos durante este año, de cómo las entidades que ya implementaron este nuevo sistema van avanzando en lo referente a impartición de justicia; de cómo otros estados lo implementarán en los siguientes meses, y mientras tanto nosotros, seguiremos recibiendo la misma impartición de justicia con sus múltiples retrasos e ineficiencia.
Ante esto, el ex presidente del Poder Judicial se quedó sin resultados favorables, sólo con el aplauso del gobierno marianista, pero eso sí con el enorme capital económico ganado en cuatro años de improductividad.
Y los ciudadanos, seguimos siendo los perdedores permanentes a expensas de autoridades ineficientes incapaces de procurarnos una mejor impartición de justicia.