Lo que parecía imposible está a punto de ser una realidad, que todo aquel sujeto que maneje recursos públicos va a ser obligado por ley a que informe y transparente los movimientos que realice.
De esta forma se acabaron los secretos, como por ejemplo el destino que tienen millones de pesos, tan solo para la contratación de publicidad oficial en algunos medios.
Ahora si nos vamos a enterar cuánto cuestan los viajes al extranjero y hasta lo que se consume en los restaurantes por parte de los altos funcionarios, que casi siempre viajan con un séquito de auxiliares.
Las expectativas son amplias, si tomamos en cuenta que Tlaxcala ocupa uno de los primeros lugares de opacidad, es así como la jauja de los sesentas o setentas, cuando nadie le pedía cuentas a sus gobernantes.
Eso se va a acabar, para regocijo de quienes cada trienio o cada sexenio vemos salir comaladas de nuevos ricos en que se convierten esos integrantes de la clase política que se dicen servidores públicos.
Con 88 votos a favor y 6 en contra, el Senado aprobó las reformas en materia de transparencia que dotan de autonomía al IFAI y le dan nuevas facultades para conocer y resolver sobre el acceso a la información de un nuevo listado de sujetos obligados.
Se contempla a cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes de la Unión, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Serán sujetos obligados partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal.
Respecto a los órganos autónomos, el Senado introdujo cambios a la minuta enviada por los diputados, a fin de que todos puedan recurrir ante la Suprema Corte para aducir conflictos competenciales.
Y éstos se resuelvan por parámetros constitucionales, explicaron en tribuna los panistas Roberto Gil y Javier Corral, al señalar que con esto se resuelve el reclamo que había para que solo el Banco de México pudiera controvertir en la Corte las resoluciones del instituto.
Al argumentar en tribuna, los senadores priistas Enrique Burgos y Cristina Díaz, así como el panista Raúl Gracia y el perredista Alejandro Encinas celebraron la aprobación de esta reforma, al considerar que es de gran calado porque fortalecerá la democracia.
“La transformación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos es un organismo público, autónomo y que constituye una importante decisión del Estado mexicano, para generar mayores estándares de vigilancia en la transparencia y rendición de cuentas de los poderes públicos, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales”, destacó la presidenta de la Comisión de Gobernación.
Al abundar que la rendición de cuentas y la transparencia son componentes esenciales de un estado democrático y el gobierno está obligado a someterse a la evaluación que hacen los ciudadanos, para permitir que éstos observen su actuación y establecer los mecanismos que incentiven el acceso a la información pública.
La reforma prevé la renovación del IFAI, con la renovación total de sus integrantes que aunque dejen el cargo, podrán competir para asumir nuevamente el cargo y construir un instituto con 9 comisionados.
La reforma se regresó a Cámara de Diputados, con la solicitud del Senado de que la colegisladora apruebe que se remita ya a los congresos de los estados para su discusión, en la parte que ha sido aprobada por ambas cámaras, es decir, sin aunque falte por analizar el artículo 105 al que se hicieron modificaciones.
La senadora priista Arely Gómez explicó los alcances de la reforma y detalló que el eje central de esta iniciativa es el otorgamiento de autonomía a los órganos garantes en su más amplia expresión.
Se desarrolla el principio de autonomía en el diseño constitucional y se inserta como eje rector en el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de datos personales.
Así, se propone establecer la autonomía constitucional de los organismos garantes en las Entidades Federativas, dotándolos de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, de gestión y para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y organización interna.
Con esta reforma se busca fortalecer y ampliar la independencia y el margen de maniobra del organismo garante a nivel federal para consolidarlo como el máximo organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a la información.
De esta manera, el Instituto será competente para conocer y resolver sobre el acceso a la información de un nuevo listado de sujetos obligados en el que se contempla a cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes de la Unión.
Con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que constituye en sí misma, un tribunal constitucional y es el órgano del Estado mexicano responsable último de interpretar y velar por la garantía de los derechos que otorga la Constitución.
“Pero el texto propuesto va más allá y se señala que también son sujetos obligados los órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal”.
“Con esta redacción aseguramos que los beneficios de la transparencia y la rendición de cuentas permee a todo el entramado gubernamental”… A VER SI ES CIERTO.