• Lorena Cuéllar Cisneros
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Este país está cada vez más urgido de la creación y ejecución de políticas públicas, así como de la aplicación de los criterios jurídicos basados en nuestras normas, encaminados a darle mayor y mejor protección a la familia y sobre todo a la niñez.

En un país como el nuestro, donde los menores están cada vez más expuestos a situaciones de pobreza, según estudios de UNICEF de los últimos cinco años, se hace necesario que las acciones gubernamentales sean más decididas para evitar que los efectos negativos derivados de esas circunstancias de pobreza, que se reflejan en sus condiciones de salud, alimentación, habitación, educación, puedan minimizarse.

La tendencia continua del deterioro de la calidad de vida de nuestra niñez, incluido el descuido de los padres en su educación durante su crecimiento, está provocando una gran problemática de deterioro de los valores con los que deberían vivir nuestros niños y jóvenes, lo que a la vez trae por consecuencia situaciones de drogadicción, de alteración de sus conductas y del encaminamiento hacia formas de vida delictivas a temprana edad.

En el caso específico de los alimentos, entendiéndose éstos como el concepto jurídico plasmado en nuestras leyes y que se refiere a: todo lo que una persona necesita para su sustento, habitación, vestido, asistencia médica y  educación; nos damos cuenta que existe entre quienes deben proporcionarlos, una mayor falta de cumplimiento en su obligación.

Si a lo anterior le agregamos la situación que padecen los hijos de madres solteras, o de los de madres separadas de su esposo o pareja, de los de las mujeres divorciadas, que en muchos casos se quedan sin el apoyo económico de quienes por ley y por resoluciones judiciales, están obligados a proporcionarlo.

La crisis económica ha causado estragos no sólo en los comportamientos eminentemente sociales, sino en las relaciones de pareja que tiene que enfrentar un procedimiento judicial para la determinación, cálculo y hasta modificación de las pensiones alimenticias.

Asimismo, por una parte, se está produciendo en los juzgados un  aumento notable de solicitudes por parte de los obligados alimentarios, para que  se reduzca y modifique la cantidad de dinero que por ese concepto tienen que dar, alegando sustancialmente situaciones de desempleo, reducción de sus salarios y demás  provocadas por la crisis económica y; por la otra, tampoco se puede negar el aumento de reclamaciones judiciales por atrasos de las pensiones y solicitudes de ajustes de aumento de las mismas, por la creciente carestía de la vida.

Así las cosas, un dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado de la República, presentado el jueves pasado y que propone un Punto de Acuerdo para exhortar a los titulares de los poderes ejecutivos, federal y de las entidades federativas, para que sea debidamente observado el “principio del interés superior de la niñez”, establecido en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como en nuestra Constitución Federal, mediante específicas acciones de gobierno y en la esfera de sus respectivas competencias, tiene singular relevancia social y familiar,  además de que está en íntima relación con lo que aquí he expuesto.

Por todo ello y más, invité a mis compañeros senadores a que aprobaran ese dictamen, pues deben reforzarse no sólo la aplicación de políticas públicas tendientes al constante cuidado, protección y desarrollo de la niñez, sino que las representaciones sociales ante las instancias jurisdiccionales, que en estos casos corresponde al Ministerio Público, tomen en cuenta de manera más profunda, la problemática que enfrentan los menores al tener que vivir la separación de sus padres.