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El 20 de diciembre del 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el que se reformaron los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales. Hasta antes de esta reforma, el Estado Mexicano mantenía como áreas estratégicas los hidrocarburos y la energía; esto es que únicamente el Estado podía llevar a cabo exploración y extracción de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos (PEMEX), así como producir y distribuir la energía eléctrica (CFE).
Actualmente, ambas actividades han quedado abiertas al capital privado y tendrán preferencia sobre cualquier otra actividad que se esté realizando sobre el territorio (agricultura, ganadería, vivienda, esparcimiento, etc.).
Las leyes secundarias además imponen otras amenazas, ya que si las asambleas comunitarias o agrarias no están de acuerdo con los proyectos energéticos, se les impondrá mediante servidumbre temporal o legal, expropiación u otras figuras que las leyes concede, atentando contra la autonomía de los pueblos de México.
Las consultas y consentimiento libre, previo e informado, mecanismos obligatorios en situaciones que puedan afectar los derechos y modos de vida de comunidades agrarias, indígenas o equiparables, ha quedado supeditada en lo que toca a estos proyectos, a que el gobierno determine la presencia de “grupos sociales en situación de vulnerabilidad” para entonces realizar consulta previa, libre e informada con el fin de alcanzar acuerdos o, en su caso, el consentimiento, es decir, nunca se prevé la posibilidad de que la negativa de una Asamblea Agraria o Comunitaria sea respetada.
De acuerdo al discurso oficial, esta reforma permitiría a México crecer más rápido y hacer más competitiva a nivel global su economía. Prometió que la misma generaría miles de empleos, que las empresas nacionales (PyME`s) tendrían más energía y a menor precio, que los precios de gas natural y electricidad en los hogares y empresas se reducirían en el mediano plazo, que las y los mexicanos podríamos decidir sobre los proyectos y vigilar las operaciones, contratos e ingresos petroleros, en fin, que sería una reforma que beneficiaría a la economía nacional y por tanto a toda la población. Al día de hoy, a casi dos años de su promulgación, no solo no se vislumbran su cumplimiento, sino que van apareciendo las verdaderas intenciones de la misma.
Lo cierto es que la propia SHCP reconoció públicamente que a México le esperan años de estancamiento económico, los precios de luz y gas han aumentado en los últimos dos años, se han perdido cerca de 10 mil empleos de trabajadores de PEMEX y CFE y se han aumentado las subcontrataciones con capital privado en áreas estratégicas; en este escenario el único crecimiento que se vislumbra es el de industrias altamente contaminantes, que no dejan beneficios económicos, sociales ni ambientales en las comunidades donde se asientan; tampoco existe mecanismo alguno de consulta, decisión o contraloría social respecto a los proyectos y operaciones del sector energético.
Los procesos de exploración, que prometen encontrar nuevos yacimientos millonarios, las contrataciones a empresas privadas y la distribución de beneficios y ganancias se siguen realizando bajo procesos poco transparentes, a espaldas del pueblo mexicano y ajenos a las decisiones autónomas de los pueblos y comunidades que pueden ser afectados.
La reforma energética tiene por fin acrecentar la privatización de los recursos y bienes nacionales, promocionar el territorio nacional para la instalación de nuevas industrias (a través del despojo territorial de miles de pueblos y comunidades indígenas y campesinas de México) y desaparecer el fin social que caracterizaba a las empresas públicas.
Esta reforma profundiza la crisis y los efectos negativos en la vida de las personas, despojando paulatinamente de sus libertades y derechos al pueblo de México.
Viva muestra de lo que se afirma, es la devastación socio-ambiental que viven los pueblos de la región del Atoyac a raíz de la llegada de PEMEX y de corredores industriales, en su mayoría vinculados a la rama automotriz. Cada día aparece mayor incidencia de enfermedades que no se presentaban antes de la presencia de estas industrias, ha aumentado el índice de mortandad de la región; el agua, la tierra y el aire se encuentran contaminados por sustancias tóxicas que envenenan la flora y fauna del sitio, y a los pobladores.
La tierra cada vez produce menos y existe el peligro de contaminación de cultivos, situación que merma la capacidad de venta de los agricultores de la región en los mercados regionales y nacionales.
Todo esto generado por una industria altamente contaminante, que vierte sus residuos directamente a los cuerpos de agua, al suelo y genera emisiones contaminantes a la atmósfera, todo ello con la complacencia de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que en lugar de detener las fuentes de contaminación tóxicas, siguen promoviendo al estado como región para la industria.
También da cuenta de esta política de devastación y despojo la implementación del Proyecto Integral Morelos, consistente en cuatro proyectos: al menos una planta termoeléctrica (Huexca, Morelos), un acueducto (Cuautla, Morelos), un gasoducto (que atraviesa Puebla, Morelos y Tlaxcala, más de treinta municipios y cientos de comunidades), que tienen por finalidad producir energía para generar las condiciones que requiere la industria para instalarse a lo largo del ducto; esto es, en tierras de vocación agrícola que alimentan a los pueblos de la zona.
El mismo ha sido impuesto en contra de la voluntad de las asambleas comunitarias, sobre el cual no se ha dado información verídica y que a efecto de encubrir la ilegalidad con la que operan, prometen pequeñas obras (que corresponden a los municipios a través de su presupuesto) a cambio de que los ayuntamientos expidan el permiso de construcción y el cambio de uso de suelo, sin que quede claro el destino de los recursos de la hacienda municipal que asignados para obras públicas necesarias para la comunidad.
La reforma energética permite y profundiza el despojo territorial a favor de capitales privados nacionales y extranjeros, trasladando los costos sociales y ambientales a las comunidades, que hoy son víctimas de enfermedades, intimidación, amenazas, desplazamientos, entre muchos otros agravios violatorios de sus derechos humanos.