Las elecciones del próximo 6 de junio del año en vigencia están provocando muchas irritaciones, con mayor señalamiento en los círculos del poder político y económico. Las revelaciones expuestas ante la opinión pública acerca de las colecciones inmobiliarias del presidente de la República y otros funcionarios, han sido el radioactivo principal que han debilitado a la actual administración pública federal.
El retorno del PRI a la Presidencia de la República, después de 12 años de intervalo panista, retomó las mismas costumbres del priismo corrupto, impune, estafador que gobernó ininterrumpidamente por más de 70 años consecutivos y que por desgracia, con la nueva generación gobernante, el esquema histórico sumó una actualización en las áreas de mañas y trinquetes.
No hay duda de los mecanismos utilizados, por parte del PRI, para allegarse de la Presidencia de la República. Las pruebas testimoniales y materiales fueron contundentes de la anticipada campaña, haciendo uso y abuso del gobierno del estado de México, y luego en la precampaña y campaña acorde al calendario electoral. El exceso de recursos económicos, utilizados para influir en la población, forma parte de una de las páginas más irrespetuosas en el ejercicio de la política electoral.
Hasta la fecha siguen apareciendo pruebas contundentes que evidencian la manera de cómo circulo dinero paralelo al legalmente autorizado, los hilos de tal afrenta continúan desmadejándose y corroboran la infinidad de “cochupos” fabricados para llegar al poder político.
Gracias a la Libertad de Expresión, por años combatida por la dupla de los poderes político y económico, se ha logrado saber de la inmensa ambición que poseen un amplio universo de mujeres y hombres dedicados a la actividad política y administrativa. Los avances tecnológicos son una herramienta que ha extendido datos, documentos, información, escenas, entre otros, y compartir con el pueblo mexicano la distorsión con la que actúa el poder público.
El Gobierno Federal pretendió legitimar su ascenso al poder a través del Pacto por México, en el que se incluían las principales fuerzas políticas del país. El PRI, PAN y PRD dieron rostro a tales compromisos y en tiempo récord, haciendo uso de acciones legislativas, plasmaron en leyes varias pretensiones modernizadoras. Sin embargo, la principal reforma que debió de anteceder a todas era la del combate a la corrupción y el abatimiento de la impunidad que corroe al aparato gubernamental.
La luna de miel parecía ser sexenal, pero la desgracia llegó al revelarse los negocios al amparo del poder político. La irrupción inicial la desencadenó la desaparición forzada de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, sumándose el escandaloso tema de las propiedades inmobiliarias adjudicadas al presidente de la República y al secretario de Hacienda, quienes iniciaron tales operaciones desde su estancia en el gobierno del estado de México.
La periodista Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores, una vez realizadas sendas investigaciones, lograron unir el rompecabezas de las operaciones celebradas entre la empresa Higa y el entonces gobernador del Edomex. Después de sesudos análisis, se identificó un inmueble en una de las zonas de mayor abolengo de la ciudad de México, D.F., en la que se edificó una mansión denominada Casa Blanca y cuya propietaria resultó ser la esposa del titular del Ejecutivo Federal. Con los “pelos de la burra en la mano”, el presidente entró a un túnel completamente oscuro que, hasta la fecha, no encuentra la manera de salir y en esa desesperación ha trastocado derechos sociales sagrados cancelando, vía autoritarismo, uno de los espacios radiofónicos más escuchado y con amplia credibilidad.
El actual gobierno da muestras claras que es fóbico a las expresiones contrarias a su narrativa oficial, más aún en tiempos electorales. Por fortuna, las agencias internacionales de información dan cuenta de lo que ocurre en nuestra nación y, en la parte nacional, todavía hay medios escritos, portales electrónicos y las benditas redes sociales que desmoronan al país de falsas ilusiones promovidas por el gobierno priista.
