• José Abel González Sánchez
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La cultural corrupción en nuestro país, según el presidente de la República, no disminuye su presencia en el país, por el contrario resulta ya cotidiano observar y escuchar de manera sucesiva tan penosos actos y actores. Pero lo más inverosímil es saber que la cabeza de esas actitudes es el propio presidente de la República Mexicana, quien para empezar el año nos “presumió” otra casita de interés social de la élite gobernante.

Todo apunta a la excesiva adicción de los bienes raíces por parte del presidente y varios de sus colaboradores que, conforme transcurre el sexenio, van dosificando la aparición de propiedades ligadas a empresas constructoras que han sido y son beneficiadas a través de millones de dólares en contratos gubernamentales. La más reciente se ubica en Ixtapan de la Sal, propiedad que fue comprada al amigo y compadre del presidente y cuya empresa recibió, en la época en que gobernaba el estado de México el actual Ejecutivo, obra pública por más de 100 millones de dólares. Por más esfuerzos que hacen las autoridades por afirmar que no existe conflicto de interés en dichas operaciones inmobiliarias, la realidad fortalece la tesis del intercambio de favores.

Muy pocos medios de comunicación nacionales han evidenciado los excesos del presidente y sus colaboradores, pero los que han dado rienda suelta a las notas documentadas de las “debilidades” materiales han sido las agencias internacionales. Los impactantes reportajes del extranjero han pegado, de manera exacta, en el corazón de la corrupción del gobierno federal. Lo más curioso es la textura de la narrativa oficial que pretende culpar de sus yerros a los “supuestos” inconformes con las llamadas reformas estructurales, argumento que carece de validez al constatar con pruebas las vanidades de los funcionarios federales.

Para el actual gobierno federal la luna de miel con la población fue demasiado corta, en un flash de tiempo la construcción del edén oficialista se ha convertido en una auténtica pira que no se sofoca, por el contrario cada vez adquiere mayor fortaleza y con riesgo de pronósticos reservados.

Al contexto de la corrupción oficial se le suma la ineficacia para resolver los problemas económicos, políticos y sociales, cuyas complejidades se han vuelto indescifrables producto de los mismos gobernantes en turno. El regreso del PRI derivó en un descaro total para asirse del patrimonio nacional y perdonar a los corruptos del pasado. Con desfachatez probada los temas prioritarios de la mayoría de la población han pasado a la agenda del olvido, aunque en esta época de campaña electoral el PRI los vuelve a desempolvar para empuñarlos como consignas y aplicar de nueva cuenta sus típicas recetas de descomunal demagogia.

Hay tenemos la distribución de los televisores so pretexto del cambio analógico por el digital, “¡sí chuca, cómo no!”, programa de gobierno que resulta una muestra clara de ir en busca de votos para la jornada electoral del 7 de junio próximo. Dicho beneficio también se encuentra envuelto en una caterva de dudas por sus procesos de licitación, no se sabe cómo fueron seleccionadas las empresas para adjudicarse la posibilidad de ser las proveedoras. Ahí aparece nuevamente la sospecha, debidamente fundada.

Las más recientes encuestas electorales, publicadas por diarios nacionales, testifican el desplome del PRI entre la ciudadana lo que pone en riesgo la mayoría tricolor en la Cámara de Diputados. De confirmarse tal escenario, la premonición para 2018 vislumbraría una nueva alternancia en el Poder Ejecutivo Federal.

De retorno a la querida y gloriosa Tlaxcala, resulta que el tan cacareado eufemismo del “estado más seguro” se desplomó a unos cuantos días de haberse efectuado el Cuarto Informe de la administración estatal, en cuyo acto todo fue alegría y felicidad, obviamente para el gobernador y su muy particular narcisismo.

La triste realidad, en materia de seguridad pública, colocó a la entidad en una deplorable situación de contubernio entre la autoridad legalmente constituida y el crimen organizado. El titular de la Policía Acreditable resultó ser miembro de la banda dedicada al secuestro exprés, que por varios años azotó a la ciudadanía. En este caso, como en otros de interés público, el único responsable es el gobernador del estado, no hay que buscarle tanto, él es quien hace las designaciones de los responsables de la seguridad pública y por tanto el único culpable de la inseguridad imperante en el territorio tlaxcalteca.