México vive, en la actualidad, la depredación de un grupo político priísta que conquistó el poder para expoliar la riqueza nacional a manos llenas. No hay el mínimo recato para combinar los negocios personales al amparo del poder político y el tráfico de influencias, con antelación se mencionaban esas operaciones a nivel de rumor, pero ahora esas sospechas se han evidenciado con absoluta claridad, a pesar de las ridículas explicaciones que intentan deslizar los propios autores de las transas.
Muy pocos medios de información nacionales han dado cobertura a tan denigrantes hechos, la mayoría procura echarle plastas y plastas de teflón a los bochornosos trinquetes de cuello blanco. Resulta inverosímil el cinismo con el que intentan justificar sus tropelías, con gran descaro articulan pronunciamientos telenovelescos muy distantes de la realidad ordinaria, la ficción invade su poca creatividad para enlazarla con el mundo terrenal.
La cleptocracia en la que vivimos (gobierno de ladrones) abarca, por desgracia, los tres poderes y los distintos niveles de gobierno, muy pocos casos son salvables de tan ominoso estilo de ejercer el poder. A diario se exponen, ante la opinión pública, un sinnúmero de casos que denotan los “moches”, “diezmos”, “sobornos”, entre proveedores y funcionarios públicos y/o políticos.
El trágico acontecimiento de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, destapó los aromas más fétidos en los que se desenvuelve la política mexicana. Con enorme absorto la sociedad nacional e internacional observa la profundidad de los antivalores que rigen las conductas personales de una mayoría de gobernantes. La voracidad por tener abundantes recursos económicos y bienes materiales, son las aspiraciones primigenias de los que ostentan cargos públicos.
El presidente de la República carece de toda legitimidad, como nunca su investidura se encuentra abajo del suelo. Innumerables análisis, tanto nacionales como extranjeros, llegan a la conclusión del enorme deterioro que tiene la figura presidencial, a partir de los escándalos de la Casa Blanca vinculada con la suspensión de la licitación del tren rápido México-Querétaro.
El velo que descubrió esos pequeños detalles de la Casa Blanca, devino en un imparable segmento de sucesos ilícitos materializados por el Gobierno Federal y sus ambiciosos planes de apoderarse del patrimonio nacional en pro de una oligarquía inescrupulosa, ansiosa de apoderarse en poco tiempo de todos los negocios posibles en confabulación con el poder político. La escasa credibilidad hacia el presidente de la República está provocando el despertar de la población, por todo el territorio nacional las muestras de inconformidad social crecen diariamente y el atrevimiento para denunciar los abusos de poder es ya sistemático.
La economía, de por sí mala, ahora con todos estos escándalos su vulnerabilidad es mayor y los efectos negativos han sido de alto impacto en las últimas semanas. El famoso billete verde (dólar) se ubicó por arriba de los 15 pesos; el precio del barril del petróleo llegó a los 53, después de estar en los 100 pesos; la proyección del crecimiento económico será inferior al 2 por ciento; la tendencia de la inflación es a la alza; el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es ya un sufrimiento para la economía familiar, para muestras el jitomate que de costar 9 ahora supera los 20 pesos el kilógramo.
Ahora resulta que el secretario de Hacienda es otro de los beneficiarios de las bondades de la empresa Higa, la misma que hizo posible el sueño de la esposa del presidente de la República para tener una casita (Casa Blanca) de 7 mdd, con financiamiento del mismo consorcio constructor. La propiedad de 1,500 metros cuadrados del señor Luis Videgaray tuvo un costo de 7.5 millones de pesos con financiamiento a 18 años, pero para evitar cualquier mal entendido el flamante “ministro del año” decidió pagarla al cash, cash. En su explicación, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dejó más dudas que aclaraciones. Cuántos y tantos mexicanos desearíamos tener a un benefactor constructor, como es el caso del señor Juan Armando Hinojosa, para que nos diera crédito de vivienda y con diseños arquitectónicos de primer mundo, nada de restricciones como las que acostumbra el INFONAVIT.
En Tlaxcala los “cochupos” también son parte del ejercicio de gobierno, reflejándose, por mencionar uno de los últimos casos, el del Sistema Estatal DIF con eso de insumos de mala calidad y de menor pesaje al consignado en el etiquetado, es decir, hasta los más chimuelos quieren comer más tachuelas.
