A estas alturas de la animadversión y el rechazo de los mexicanos en torno a su malas autoridades, en Tlaxcala este lunes nos desayunamos con la triste noticia de que al menos tres elementos encargados de la seguridad personal del titular del Ejecutivo, Mariano González Zarur se vieron involucrados este fin de semana con la muerte de un ciudadano tlaxcalteca; en otro caso policías estatales dejan sin una pierna a un joven que balearon en San Pablo del Monte.
En el primer caso, de inmediato los sesudos asesores del gabinete ordenaron la “operación mordaza” entre los medios de comunicación, para que minimizaran la gravedad de este crimen, lo consiguieron a medias porque como dice el jefe de los policías matones, “la verdad tarde que temprano siempre flota”, en esta ocasión fue más temprano que tarde.
Por su parte en la Procuraduría General de Justicia del Estado, como siempre, se han corrido las cortinas de humo de la supuesta secrecía, “para no entorpecer las investigaciones” y que la opinión pública no se detenga a pensar o no sea la de más que tenga información que no conviene a los intereses de los hombres y las mujeres en el poder.
Caso de San Pablo del Monte
Pero eso no es todo, familiares de Arturo Salazar Ruíz denunciaron el abuso policíaco que sufrió el martes pasado en el municipio de San Pablo del Monte que le costó que le fuera amputada la pierna derecha, producto de un balazo que recibió por parte de elementos de la policía estatal.
Denunciaron que hasta el momento no existen detenidos o alguna investigación tal y como lo dieron a conocer, los datos proporcionados por los familiares del joven es que andaban realizando grafitis en algunas bardas al interior de su municipio y cuando se vieron sorprendidos decidieron retirarse del lugar.
Al no querer detener su marcha se presume que fue atacado por la espalda a balazos por parte de los policías, quedando herido y comenzándose a desangrar.
En consecuencia el joven quedo tendido en la calle y fue trasladado a un nosocomio debido a que comenzaba a desangrarse y como consecuencia de que ningún hospital del municipio contaba con las herramientas necesarias tuvo que ser llevado a una clínica en el estado de Puebla en donde le brindaron los primeros auxilios.
Debido a la gravedad de la lesión a pesar de haber sido en una de sus extremidades inferiores, el joven tuvo que sufrir la amputación de su pierna, hecho que ha indignado a los pobladores del municipio que exigen se abra una investigación al respecto y se castigue al uniformado que disparo sin justificación alguna por la espalda, siendo que no peligraba su integridad física.
El crimen de policías acreditables
Mientras que la crónica de Luis Castillo de E-consulta Tlaxcala nos dice que dos escoltas del gobernador Mariano González Zarur están implicados en la balacera de la noche del viernes, que dejó a un joven muerto de nombre Sandro Torres Loaiza.
Los elementos de la policía acreditable asignados a la custodia del mandatario estatal responsables de accionar sus armas de fuego contra tres jóvenes son Wilfrido Huerta Carrillo y José Luis Gracia Rodríguez, quienes se encuentran detenidos en la Procuraduría General de Justicia del estado.
Se habla de a detención de un tercer elemento femenino que era la encargada de vigilar la puerta de acceso a la Casa de Gobierno del actual gobernador, Mariano González Zarur.
Pese a que desde el viernes fue detenido uno de los jóvenes que sufrió la agresión, otro está herido en un hospital y uno más murió cerca de bodega de Aurrera de Chiautempan, fue hasta la tarde del sábado cuando el agente del Ministerio Público decidió tomarle su declaración sobre lo sucedido.
El agente del Ministerio Público que recibió a los implicados de ese suceso fue Gustavo Nava, sin embargo nunca hizo nada por llevar a cabo su trabajo conforme lo marca la ley.
Hasta el momento se desconocen las razones por las cuales los escoltas del gobernador agredieron a tres jóvenes que estaban a bordo de un Jetta blanco cerca de la delegación de la Policía Estatal que se ubica en San Pablo Apetatitlán.
Se sabe que uno de los elementos de la policía acreditable conducía en un Seat Ibiza color amarillo con placas de circulación XVS 1081 del estado de Tlaxcala y que su compañero se movilizó en una motocicleta. Ambos accionaron sus armas contra los pasajeros del Jetta con placas XVB 2666 del estado de Tlaxcala.
Uno de los jóvenes se bajó de la unidad, mientras que otro -Maximino Torres Loaiza - hizo lo mismo pero con la salvedad de que estaba herido, mientras que el conductor del Jetta, quien también recibió un impacto de bala, trató de huir del lugar, pero sólo pudo llegar a un centro comercial del municipio de Chiautempan donde perdió la vida.
Al oír los disparos, elementos de la Policía Estatal que estaban en la delegación de esa dependencia detuvieron a los escoltas, acción que también fue apoyada por elementos de la Policía Federal, cuyas instalaciones también se encuentran a pocos metros donde se registró la balacera.
Minutos más tarde, llegó al lugar la procuradora de Justicia de Tlaxcala, Alicia Fragoso, quien de inmediato giró instrucciones para evitar que el hecho trascendiera a los medios de comunicación.
A lo largo de la noche del viernes y en el transcurso del sábado, la funcionaria estatal ofreció “toda la ayuda y apoyo económico para cubrir los gastos del sepelio”, sin embargo los familiares de los jóvenes han rechazado las propuestas.
Los familiares que han estado pendientes de la salud y situación legal de los jóvenes agredidos, exigieron justicia y que se aplique la ley a los escoltas del gobernador Mariano González, pues “observamos que hay irregularidades como si se quisiera encubrir a los responsables del asesinato”.
La versión oficial de la PGJE
Del domingo para lunes, para que la nota se diera en bajo perfil, la Procuraduría General de Justicia del Estado (Pgje), a través del Agente del Ministerio Público, consignó ante el Juez de la causa a Wilfrido Huerta Carrillo y a José Luis García Rodríguez, de 33 y 28 años de edad, respectivamente, luego de que el fiscal acreditó su culpabilidad dentro de la averiguación previa iniciada por homicidio calificado y tentativa de homicidio, en agravio de dos personas.
Tras las pesquisas correspondientes, y gracias a que el Representante Social integró debidamente la indagatoria con los informes de investigación, las diligencias y estudios científicos practicados por peritos en la materia, se realizó este procedimiento en los tiempos que marca la ley.
Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron la noche del 28 de noviembre, cuando un elemento de la Policía Estatal Acreditable, adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad (CES) sostuvo una riña con dos sujetos que viajaban en igual número de vehículos particulares en la comunidad de Belén, municipio de Apetatitlán.
El policía estatal comenzó una persecución y solicitó el apoyo de otro compañero de la CES -ambos elementos se encontraban fuera de servicio-.
Enseguida dieron alcance a los afectados sobre la carretera Vía Corta Santa Ana Chiautempan-Puebla, donde denotaron las armas de cargo en su contra.
Con esta información, especialistas de la Pgje realizaron varios estudios periciales a los agraviados y a los probables responsables, como la prueba de rodizonato de sodio, la cual permite determinar quién detonó algún arma de fuego, cuyo resultado fue positivo únicamente en el caso de los ex policías estatales.
Por ello, Wilfrido Huerta Carrillo y José Luis García Rodríguez, de 33 y 28 años de edad, respectivamente, fueron consignados ante el juez penal correspondiente y trasladados al Centro de Reinserción Social.
Como se informó en su momento, por procedimiento interno y administrativo, ambos elementos fueron cesados de manera inmediata de la Comisión Estatal de Seguridad y en esa condición enfrentarán el proceso legal con estricto apego a derecho.
Lo anterior, ya que los probables responsables fueron encontrados culpables por el Ministerio Público de privar de la vida a Sandro Torres Loaiza, de 38 años de edad, y de intento de homicidio en agravio de Maximino Torres Loaiza, de 36 años.
Aquí llama la atención que en el parte oficial nunca se menciona al tercer elemento femenino y mucho menos se dice que los presuntos homicidas eran policías acreditables, supuestamente pasaron sus exámenes de confianza y que eran escoltas personales encargados de la seguridad del gobernador Mariano González Zarur.
Ahora tras estos hechos recientes de sangre cobra más fuerza la pregunta de la sociedad tlaxcalteca, que se hace conjeturas ante tantos abusos cometidos por los policías estatales, la prepotencia de su jefe, el abuso constante contra la gente de fuerza y poder, la impunidad, la intolerancia anunciaban un baño de sangre, ya lo tienen y ahora nos preguntamos… ¿QUIEN SIGUE?