- Prioritario, restablecer la credibilidad y la confianza de la gente en la figura presidencial
- No deben posponerse más las explicaciones de los dudosos episodios que las afectaron
- Las medidas a favor del estado de Derecho, por detrás de las expectativas generadas
Yo no soy, ni pretendo serlo, un detractor de Peña Nieto. Al contrario; en este espacio he encomiado repetidas veces el acierto de su quehacer político y la prometedora apertura de expectativas logradas para México. Además, el sentido común me lleva a pensar que el único que puede hacer que el país supere la crisis por la que atraviesa es el presidente de la República. El razonamiento es sencillo; no hay quién, excepto él, con el poder necesario para hacerlo. Así pues, creo que nadie debería alegrarse que Peña Nieto no acierte a encontrar el camino de las soluciones. Las reflexiones que siguen, amable lector, están animadas del vehemente deseo de que algunas de ellas contribuyan a orientar la opinión de quienes, como usted, lunes a lunes y desde hace más de veinte años, me hacen el favor de seguir estos artículos.
Ocasión privilegiada
Si el presidente Peña Nieto -apartado de solemnidades y estorbosos acartonamientos- hubiera reconocido a tiempo su responsabilidad en los episodios de discutible rectitud en los que se ha visto involucrado, su plan para lograr que en México el estado de Derecho sea una realidad habría sido mejor aceptado. Pero en Los Pinos no se entendió que, para hacer creíble la palabra del mandatario, antes tenía que haber hecho -con humildad, transparencia y de cara a toda la nación- un ofrecimiento de enmienda de los desaciertos. Sin ese indispensable acto de contrición, su programa de diez puntos para luchar contra la inseguridad, la corrupción y la impunidad no impactó como se pretendía en una sociedad lastimada que está en un tris de perder la paciencia y buscar la vía para expresar su descontento en otros términos.
El diagnóstico
Lo que la administración federal tiene ante sí no es sólo un movimiento coyuntural de gente indignada que se rebela a causa de un exceso criminal de la policía de un gobierno municipal. Tampoco se trata de un episodio aislado de violencia que se remedia con alguna renuncia y dos o tres aprehensiones. No, amigo lector, lo que enfrenta el gobierno de Peña Nieto es algo más serio; se trata del inicio de un proceso generalizado de ebullición del caldero nacional que -por años- ha estado expuesto al fuego lento del expolio, la desigualdad, y la colusión de la política con el narcotráfico y el crimen. Tlatlaya, Ayotzinapa y la Casa Blanca vinieron simplemente a avivar la llama de una inconformidad popular que, por sí sola, estaba ya a punto de explotar en reclamos airados. El peligro radica en que esa ira social desemboque en una erupción de proporciones hasta ahora desconocidas.
Temas sin respuesta
Atenuar la crispación y el enojo era sin duda lo procedente. Y había que hacerlo a toda prisa. La clave era identificar cuales son los factores -aparte de los obvios- que atizan la lumbre de la irritación. Era pues importante que las medidas anunciadas por el presidente el pasado jueves tuvieran un efecto positivo en la opinión pública. Empero, el propósito no se logró. La gente quería oír una explicación fundamentada y satisfactoria del caso que dañó seriamente su autoridad, y la vía más corta para restaurarla era admitir y resolver el conflicto de interés presente en la casa de Las Lomas, y su presumible relación con la revocación del fallo del concurso para la construcción del tren de alta velocidad a Querétaro. No lo hizo; mientras no lo haga, la desconfianza subsistirá... y tendrá que lidiar con ella todo lo que le resta a su sexenio.
Medidas insuficientes
En la Presidencia no han enfocado bien el problema. Hacía falta que el titular del Ejecutivo reconociera públicamente el deterioro de la imagen de la estructura completa del poder en México, y tomara medidas resueltas y ejemplarizantes contra la corrupción y la impunidad… empezando por su primer círculo de colaboradores. Y también debió apuntar su dedo acusatorio -haciendo uso de su peso político- hacia los gobernadores de las entidades federativas donde se ha hecho rutinario el descarado asalto a la hacienda pública. El Auditor Superior de la Federación cuenta con información suficiente para fincar responsabilidades penales a varios de ellos. Y ahí mismo, en Palacio Nacional, debió disponer el cese de quienes, siendo miembros de su gabinete, no han resuelto -o han resuelto mal- los temas de su competencia.
Incredulidad generalizada
La situación demandaba medidas de corto plazo y de alto impacto. Mas la verdad sea dicha, no las hubo. Y aquí cabe preguntar: ¿hasta dónde ha llegado la desconfianza en todo lo que hace y dice el gobierno federal? Sin ir más lejos, reparemos en lo que pasa en Guerrero: si la versión ofrecida por el Procurador General de la República respecto del destino de los normalistas de Ayotzinapa fuera verosímil ¿a título de qué miles de efectivos policíacos y militares siguen todavía hurgando por todos los rincones del estado en busca de pistas para localizar a los muchachos desaparecidos? Ojalá que de ello se infiera que el nuevo sistema autónomo de procuración e impartición de justicia exige que quien vaya a ser su titular no tenga vínculos con el gobierno ni con los partidos, y esté libre de toda sospecha respecto de su integridad personal. Salinas lo halló en Carpizo; esperemos que Peña Nieto y la Cámara Baja acierten a elegir a un personaje de parecidos valores éticos y académicos.
Decepción
Concluyo. Lo escuchado este jueves anterior no mitigó ni la angustia, ni la confusión ni la desesperanza. A excepción de las medidas que requieren de trámite legislativo, acciones inmediatas no se anunció ninguna; planes y programas de mediano plazo, sí, muchos, quizá demasiados, dejándonos la sensación de estar ante un revoltijo de ideas difíciles de implementar y operar. Y, por último, la autocrítica brilló por su ausencia; no conocimos de ningún correctivo que hiciera alentar expectativas de que la corrupción y la impunidad al interior de las estructuras oficiales se van a enfrentar sin dubitaciones. Y como nota de pie de página del presente artículo, el siguiente comentario: la decisión presidencial de crear zonas económicas especiales en Guerrero, Michoacán y Chiapas a fin de equilibrar el desarrollo de las regiones más pobres con las del resto del país, deja otra vez a Tlaxcala al margen de los incentivos federales que, a mi juicio, son indispensables para nuestro desarrollo.