- Crispín Corona Gutiérrrez -titular del OFS- es el funcionario con mayor poder efectivo en el estado
- Encubrir pasadas faltas administrativas creó un esquema perverso que nadie quiere desmontar
- ¿Se atreverán los congresistas a aprobar cuentas en las que el latrocinio es del dominio público?
Mueve a la indignación que se tenga cabal conocimiento de las anomalías detectadas en las cuentas públicas de los ayuntamientos de Apizaco, Huamantla y Tlaxcala... y aún se dude para actuar penalmente contra los ediles responsables. El desorden administrativo -por llamarlo con el término más suave posible- está bien documentado, y no deja el menor resquicio de duda de que, durante los mandatos de Orlando Santacruz, de Pedro Pérez Lira y de Carlos Ixtlapale Gómez, se usaron recursos del tesoro municipal de forma irregular. No hay que ser detective para presumir que los desvíos pueden haber tenido como destino las cuentas privadas de quienes estaban facultados para autorizar esas erogaciones.
Función desvirtuada
Pero veamos, amigo lector, el status actual del escandaloso asunto. En varias ocasiones he escrito acerca de la viciada práctica de filtrar a los medios de comunicación la existencia de anomalías -supuestas o reales- en los números que año con año deben presentar todos los entes fiscalizables del estado. Lo curioso es que por motivos que nadie explica, el OFS sólo halla errores en las cuentas de los alcaldes. Y al amedrentarlos a periodicazos se busca, no corregir las fallas sino dar paso a las componendas. Los afectados se quejan de acoso, mas el caso es que siempre acaban -por ineptos o deshonestos- sometidos a las condiciones que les impone el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Intimidación y chantaje
Como arma de coerción es difícil hallar un método más eficaz que la revisión de las cuentas públicas de los políticos que, en su inmensa mayoría, arriban a las alcaldías con la pretensión de resolver sus aspiraciones económicas de por vida. Ya bajo la lupa del OFS, no tienen muchas salidas: o ceden al chantaje, o viven bajo la amenaza constante de dar con sus huesos en un obscuro calabozo. Veces hay que, en tiempos electorales, el precio de la absolución es algo más barato; se reduce a apoyar alguna candidatura. De cualquier manera, usted, estimado lector, habrá advertido que se está ante una trama inaceptable de complicidades que sólo una denuncia documentada podría desbaratar. Pero…
Silencio mafioso
…pero no será fácil. Son muchos los intereses creados y muchos los que se benefician de la ignominiosa situación. Nadie habla; el silencio es condición indispensable para la sobrevivencia del infamante pacto. Con cinismo que rebasa lo entendible, los diputados integrantes de la Comisión de Finanzas y Fiscalización sujetan su criterio a condicionantes de índole política, o a los réditos que en pesos y centavos les arroja cada balance observado. La justicia no cuenta, ni tampoco el monto de las cantidades distraidas. Poco o nada puede hacerse porque tanto acusados como acusadores son parte -por activa o por pasiva- de una mafia concertada. Opacidad total donde debiera haber transparencia absoluta.
Cobardía y pusilanimidad
Los presidentes municipales extorsionados se quejan sotto voce. Con los reporteros se animan a declarar, pero sólo a condición de que sus palabras se recojan off the record, lo que equivale al compromiso de reservar la identidad del informante. Los diputados que no están de acuerdo con los amaños -que algunos hay-, o callan o solicitan al periodista confidencialidad; carecen de temple y valor civil para revelar los nombres de quienes mueven los hilos tras bambalinas. Nadie se atreve a dar la cara, quizá porque todos son -en mayor o menor grado- beneficiarios de los arreglos. Y así, sin denuncias concretas, la información pierde peso, y acaba diluyéndose en el fárrago noticioso del día con día.
Hecho único
Una excepción hubo en ese siniestro complot del silencio al que aludo. Fue la del diputado Gregorio Cervantes que, el sí, llegó al extremo de mostrar públicamente copias fotostáticas de cheques que -dijo- el titular de la OFS entregaba mes a mes a los congresistas integrantes de la pasada legislatura. El suceso arrojó luz sobre el misterio con que se rodeaba el quehacer de la Comisión de Finanzas y Fiscalización en su relación con el funcionario cuya función es -¡hágame usted el favor!- vigilar el correcto uso del dinero público. Llegados a este punto, lo adecuado es saber cuáles son los márgenes de actuación del OFS, cuál su grado de autonomía y cuál, por último, su vínculo con el propio Poder Legislativo.
Tianguis de impunidades
La Constitución define al OFS como un “…órgano técnico del Congreso del Estado…”. Vale la precisión porque más pareciera que es al revés, es decir, que los diputados están en todo subordinados a los dictados de Crispín Corona Gutiérrez, que tal es el nombre del fiscalizador. Verdad es que posee autonomía técnica y de gestión, pero ello está lejos de implicar que es dueño único de la información de su tarea inquisidora. Y es que la discrecionalidad con que usa los elementos que se desprenden de sus averiguaciones le ha dado un poder ante el cual todos se inclinan. La situación por supuesto se presta -si se maneja con dolo- al cohecho, es decir, a la venta de impunidad a cambio de sobornos.
“…si no se meten conmigo, no me meto con ustedes…”
“…legalidad, imparcialidad y confiabilidad…” son principios -dice la ley- que deben regir el ejercicio de fiscalización de las cuentas públicas. En la práctica, empero, son sólo adornos retóricos de los que habitualmente se prescinde. Así, en manos de Corona Gutiérrez la función revisora del órgano se convirtió en arma que le permite imponer a los atemorizados alcaldes a sus tesoreros, a sus directores de obra y hasta a los auditores que les preparan los balances contables. Pregunto, amigo lector: ¿qué funcionario, o qué líder político tiene en Tlaxcala un poder semejante como ese del que hace gala el hasta hoy intocable titular del Órgano Fiscalizador Superior? Yo por lo menos, no se de ninguno.
¡Ya basta…!
El examen de una cuenta que “…recauda, administra, maneja o ejerce recursos públicos…” tiene tres etapas. La primera es la revisión del fiscal; la segunda, el dictamen de la Comisión al cargo y, la tercera y definitiva, el inapelable veredicto del pleno de la Cámara. Hecho frecuente es que, aunque haya suficientes elementos para probar el peculado, el malversador obtiene su exoneración en alguna de las tres etapas citadas, merced a algún contubernio político, o a que acató la exigencia pecuniaria de los encubridores del autor del quebranto. Mas tengo para mí que los casos de Apizaco, Huamantla y Tlaxcala marcarán un hasta aquí a quienes no tienen reparo en traicionar la confianza que les dio el pueblo.
LA FRASE
Es de este opinador, y se trata más bien una reflexión:
“…el abuso, cuando queda impune, incide de inmediato en el relajamiento de la moral pública. Por eso hay que hacer patente a la sociedad la diferencia que hay entre probidad y ratería...”