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Ante más de un centenar de personas, legisladores y especialistas denunciaron que la “contrarreforma energética pone en riesgo la soberanía nacional”, durante el foro La reforma constitucional y las leyes secundarias en el sector energético, organizado por Casa Lamm.
La Ingeniera Silvia Ramos, el Ingeniero Javier Jiménez, José Antonio Almazán, jubilado del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Senador Manuel Bartlett Díaz se pronunciaron por reforzar la oposición a la reforma energética a través de la Consulta Popular, señalaron que una vez que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) recaude 2 millones de firmas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará obligada a reconocer la validez de la consulta.
Al respecto, el Senador Manuel Bartlett señaló que la SCJN está obligada a escuchar la inconformidad de los ciudadanos y recordó que el amparo que junto con otros senadores interpusieron, debe ser discutido con toda publicidad en el pleno del máximo órgano del poder judicial.
Agregó que la “la reforma energética es la culminación del proyecto estratégico de Estados Unidos (…), ellos y sus empresas han diseñado desde la reforma constitucional hasta las leyes secundarias”, mencionó y, advirtió que el famoso modelo de “empresas productivas del Estado” es un mandato de la OCDE para eliminar toda injerencia del Estado mexicano en las grandes industrias nacionales.
Por su parte, José Antonio Almazán, representante del SME, exhibió que el modelo con el que ahora se pretende hacer creer que PEMEX está en quiebra, es idéntico al que se utilizó durante la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, cuando dijeron que sus pasivos laborales eran la causa del cierre de la empresa.
“Los pasivos laborales son manejos financieros inflados, producto de estudios actuariales realizados por el Fondo Monetario Internacional”, añadió que como parte de esta “contrarreforma” se cambió el estatus laboral de los petroleros y electricistas, “de ser trabajadores, pasan a ser servidores públicos, acotándoles su derecho a huelga”, sentenció el integrante del SME.
Al concluir su intervención, añadió que el siguiente paso de estas políticas, es la privatización de los fondos de seguridad social.
La Ingeniera Silvia Ramos, representante de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, no escatimó al señalar que las reformas propuestas por Enrique Peña Nieto son el equivalente a los tratados de Guadalupe Hidalgo con los que se entregó la mitad del territorio nacional, y advirtió que esta reforma traerá menos gastos sociales y más impuestos.
Sobre el tema de la “ocupación temporal” de las tierras, Ramos Luna advirtió que los propietarios mexicanos se verán afectados, pues en la ley aprobada por el Congreso, se señala que en cuanto a la explotación del gas se refiere, mientras el precio de este hidrocarburo sea menor a 5 dólares, como es hasta ahora, se le considerará como no redituable por lo que no se pagará al propietario del terreno y las ganancias serán únicamente para las empresas que exploten los yacimientos.
El Subdirector Comercial de Petróleos Mexicanos, Javier Jiménez Espriú, también cuestionó el hecho de que sean los concesionarios quienes se lleven la mayor parte de las utilidades, y advirtió que en materia de transparencia no se han definido órganos de control dejando la posibilidad de que las transnacionales “pequen en arca abierta”.
El también Ex Subdirector de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, retó a EPN a firmar ante notario –como acostumbra- el compromiso de que el cien por ciento de la renta petrolera seguirá siendo de los mexicanos, y mencionó que contrario a las promesas publicitarias, con la privatización del sector energético nacional, los precios de la energía eléctrica, el gas y los combustibles, no bajarán.
Por si esto fuera poco, Jiménez Espriú dijo que estos nuevos ordenamientos traerán consigo el despido masivo de trabajadores de PEMEX y de la Comisión Federal de Electricidad.