- La plenitud de la justicia, inalcanzable con un Ministerio Público dependiente del Ejecutivo
- La Carta Magna ya lo reconoció; toca ahora hacerlo al estado libre y soberano de Tlaxcala
- La LXI Legislatura, ante la oportunidad de dar una gran batalla a favor de la sociedad que representa
Es interesante no perder de vista la variedad de objetivos que abarcó la reforma político-electoral, acordada en el Congreso de la Unión el 22 de enero de este año, y promulgada por el presidente Peña Nieto el 31 del mismo mes. Y es que, aquí en Tlaxcala, diputados y operadores del Ejecutivo Estatal discuten la forma de adecuar esos preceptos con los antes establecidos en la constitución local, pero circunscribiéndose sólo a puntos que son de su interés. Si, como supongo, amigo lector, está usted pendiente del tema, habrá advertido que lo que motiva mayor discrepancia es la composición numérica y la duración de las próximas legislaturas. Esos asuntos sí que importan a los partidos, pero… ¿y a la ciudadanía qué le va?
Modificacionse constitucionales obligadas
No son muchos los artículos de la reforma que obligan a los estados a modificar su Constitución. Ahí están, por ejemplo, las disposiciones relativas a la reelección de diputados, así como la de alcaldes, por cierto indebidamente excluida en la iniciativa del Ejecutivo Estatal. Y otra disposición que ha de acatarse es la relativa a las facultades del Instituto Nacional Electoral que, entre otras, tendrá la de designar -y remover- a los miembros del organismo electoral local. En lo que atañe a la autoridad jurisdiccional, esta se integrará con un número impar de magistrados, electos por la Cámara de Senadores, lo que pone fin a la existencia del disfuncional y fracasado Tribunal Unitario que desgració la última elección tlaxcalteca.
El Congreso, entre absurdos y cuestiones baladíes
Desechada la aberrante e inconstitucional propuesta de prolongar su propia gestión, los diputados están concentrados en discutir si la cifra ideal de futuros tribunos debe ser 21, 24 o 27. Otra cuestión en la que mantienen diferencias es la de si alargan o acortan los periodos para los que van a ser electos. Aceptando sin conceder que ambas materias pudieran tener la relevancia que se les quiere dar, vale recordarles que, en la Reforma-Político Electoral federal, hay otras reivindicaciones que -de incluirse en la actual iniciativa- sí incidirían de manera positiva en la vida de los tlaxcaltecas. Una de ellas -y quizá la más trascendente- es la autonomía del Ministerio Público.
El Ministerio Público según la Constitución local
Cabe inquirir por qué y en qué se beneficiaría la ciudadanía si se apartara al Ministerio Público del organigrama del Poder Ejecutivo, y a cambio se le otorgara independencia y efectiva autonomía. El Ministerio Público es -recordémoslo- el órgano que, en representación de la sociedad, investiga los delitos y practica las diligencias pertinentes para hallar y acusar a los responsables ante el Poder Judicial. Antes de la reforma -que es electoral, pero también política- la constitución local definía al Ministerio Público -Art. 72- como un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, a cargo -Art. 73- de un Procurador designado por el Congreso, a propuesta en terna del gobernador.
El camino seguido por el gobierno federal
En la referida reciente reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció -Art. 102- que el Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General -y funcionará- como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. La norma añade que el Fiscal durará en el encargo nueve años, y que su designación -así como su eventual remoción- dependerá, no sólo de la voluntad exclusiva del Ejecutivo, sino que deberá ser en acuerdo con dos tercios de la Cámara de Senadores. La cuestión es: si en el ámbito federal se otorgó la autonomía al Ministerio Público…, ¿qué razón impide al estado libre y soberano de Tlaxcala adoptar tan ejemplar y positiva medida?
Resistencia al cambio de los gobiernos estatales
A la LXI Legislatura se la presionó, primero, con una falsa perentoriedad y, segundo, con el también ficticio supuesto de que la reforma en los estados -la mentada armonización- ha de ocuparse nada más de la temática electoral. No hay tal. Es más, la actual es una coyuntura política excepcionalmente propicia para lograr un avance histórico -la autonomía del Ministerio Público- al que el Poder Ejecutivo ha sido siempre reacio. Y no particularizo en el de Tlaxcala; entiéndase lo dicho como una reticencia general de los gobiernos estatales a ceder un instrumento que ha sido -y es- arma de presión política, y vía para encubrir excesos punibles por medio de una procuración de justicia sectaria y frecuentemente venal.
Descrédito abrumador de las procuradurías
Ni al alto comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en México le pasó desapercibido que México tiene un rezago importantísimo en materia de justicia y derechos humanos. En ese sentido, es obvia la necesidad de que a la institución del Ministerio Público se la ubique fuera de la órbita del Poder Ejecutivo, no sólo en el gobierno central sino también en las entidades federativas. Es esa la única y mejor fórmula para recuperar confianza y credibilidad en la procuración de justicia en el país. Y es que la sociedad está convencida de que las procuradurías son ineficaces, sumamente corruptas y, además, son usadas para intimidar a adversarios y disidentes. La sociedad, estimado lector, se halla muy cerca del hartazgo.
Por la reivindicación de la procuración de justicia
Hablemos claro. El Ministerio Público no es -ni nunca fue- la institución de buena fe que prescribe su propia ley orgánica. Como apéndice del Ejecutivo, vió su menester reducido a ser herramienta usada para fines distintos a la sana procuración de la justicia. El finado ex magistrado de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, afirmaba que el Ministerio Público es influenciable por el poder político, sea el Ejecutivo Federal o los ejecutivos estatales. La gente en pos de justicia ve, en la figura ministerial y en su policía, un obstáculo y no una ayuda. Ante tantas y tan claras evidencias, y habiendo sido corregida la anomalía en el gobierno de la República, debiera hacerse lo propio en Tlaxcala. La palabra es de la LXI legislatura.
Dignidad legislativa
Convenzámonos, amigo lector. La justicia sólo es cabalmente independiente cuando se libera de ataduras que lo subordinan al poder político, y se pone a salvo de toda clase de presiones externas. La justicia -reitero- sólo es independiente cuando goza de total autonomía en la toma de decisiones, y dispone de mecanismos para castigar la corrupción, que es la gran asignatura pendiente del Pacto por México. Los mil y un atropellos que los administradores de justicia cometen todos los días en perjuicio del pueblo llano no deben permanecer impunes. Si los grupos parlamentarios no advierten que esta es la ocasión de alzar la voz y dar el primer paso, es que su servilismo es de mayor tamaño que su conciencia social.
LA FRASE
En ocasiones se le ocurren a uno pensamientos que se adaptan a circunstancias del momento. Este es uno de ellos:
“…la subordinación política -y la laboral también- no tienen por que suponer sometimiento ni vasallaje…”
A veces es bueno ponerse a filosofar un rato. Lo recomiendo.