- Máximo interés en conocer un comparativo de las distintas propuestas que hay sobre la mesa
- Exigencia de claridad en la negociación de las inminentes adecuaciones constitucionales
- Ocasión política irrepetible para blindar los procesos electorales en los estados
Con los escasos elementos que hasta ahora se han dado a conocer, es difícil emitir una opinión informada respecto de las iniciativas presentadas en el Congreso local para reformar la constitución tlaxcalteca en el rubro de lo político-electoral. Como se sabe, el objetivo de las propuestas enviadas por el Ejecutivo y por Acción Nacional -cito sólo las dos de cuyo envío formal tengo noticia- es armonizar lo que hoy mandata la renovada ley fundamental de la República, con la ley que en esas materias rige en nuestra entidad. Se requiere pues de que, sin exclusiones, se divulguen in extenso todos los planteamientos que se presenten. Conviene, así mismo, que los medios mantengan bien informada a la opinión pública.
Falso apremio
Sería trágico que, agobiados por una perentoriedad a la que no están obligados los señores diputados, no sean revisadas con minuciosidad las iniciativas. El decreto promulgatorio de la reforma federal en ningún punto fija plazos fatales para que las entidades realicen las adecuaciones del caso. Ojalá que las presiones por acordar con demasiada presteza el nuevo marco regulatorio constitucional del estado no les lleve a perder de vista que la reforma fue negociada con el gobierno de Peña Nieto con el fin de poner coto a los abusos que se habían venido registrando en varias entidades federativas, entre ellas la tlaxcalteca. La turbiedad que manchó las últimas elecciones locales por ningún motivo debe volver a repetirse.
Transparencia legislativa
Lo anterior no quiere decir que el asunto se desatienda y que su resolución se postergue indefinidamente. Al contrario, el trámite legislativo debe acometerse con diligencia, pero con cuidado. No hay razón para un fast-track ni para legislar al vapor. Los votos deben razonarse y no ser emitidos por consigna. Es mucho lo que está en juego. En el primer repaso que -a vuelo de pájaro- di al documento que envió el gobierno detecté omisiones de importancia, como la ausencia de la figura de los gobiernos de coalición y la de la autonomía plena del ministerio público, temas incluidos en la reforma votada en el Congreso de la Unión el pasado 22 de enero. La temática, estimado lector, no es sólo electoral, es también política.
Cumplimiento sin apresuramientos
Y no perdamos de vista que la aprobación en el Congreso de la Unión de las leyes reglamentarias relativas a la reforma energética, está condicionada a la incorporación de la política-electoral a las legislaciones de los estados. Así se pactó en el ámbito federal, y en esos términos tendrá que cumplirse. Sin embargo, ello no obliga a que se actúe a la ligera; México -y Tlaxcala también- han esperado mucho tiempo y, por unos cuantos días más que se dediquen al trabajo parlamentario no se nos va a escapar ningún tren. Las prisas excesivas, estimado lector, a nada bueno conducen, y menos cuando de lo que se trata es de acordar modificaciones sustantivas a la Constitución Política del estado libre y soberano de Tlaxcala.
Sin plazos fatales
Como quiera que sea, se trata de una reforma que requiere de la anuencia de una mayoría simple de los ayuntamientos de la entidad; sin ella, no podrá llevarse al cabo la declaratoria del caso ni la promulgación correspondiente. Así pues, el compromiso que asumió públicamente la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado -la diputada perredista Eréndira Jiménez Montiel-, en el sentido de que se contaría con la aprobación del Legislativo a más tardar el 30 de junio, resulta -pienso yo- un tanto aventurado, a no ser que la opinión pública esté ignorante de la existencia de acuerdos -pactados obviamente entre bambalinas- que hayan amarrado con antelación los votos necesarios.
Oportunidad única
Es cierto que, más adelante, habrá tiempo suficiente para entrarle a la discusión de las reglas para hacer aplicables las nuevas normas constitucionales. Mas si bien ese gran debate -el de las definitorias leyes secundarias- está por darse, estoy convencido de que, si hoy no se aprovechan las irrepetibles circunstancias políticas que vive el país, difícilmente volverá a darse en un futuro próximo una coyuntura como la presente. Este es pues el momento para no dejar fuera de la reforma local ninguno de los avances conseguidos en la federal. Si se consigue, se estaría fortaleciendo el modelo democrático al que aspiramos y haría cada vez más improbable el retorno de los esquemas autoritarios que Tlaxcala quiere dejar atrás.
De consejeros y magistrados electorales
En trascendidos periodísticos se habla de diferencias entre las iniciativas conocidas. Esas divergencias no pueden ser de fondo, por cuanto todas las propuestas han de ajustarse a la reformada Constitución General de la República. Por tanto, las adecuaciones a la ley local se plegarán a la ley principal, y sólo serán matices los que den carácter distintivo a nuestra normatividad. Lo que es definitivo es que la designación de los consejeros del órgano electoral tlaxcalteca será tarea de la exclusiva competencia del recién creado Instituto Nacional Electoral. Algo análogo acontecerá con los magistrados de los órganos jurisdiccionales, que ahora serán nombrados por el Senado, y no podrán estar adscritos al Poder Judicial local.
Del adelgazamiento del legislativo local y de la reelección de diputados y… ¿también de alcaldes?
Entre las discrepancias que se citan, destaca la reducción del número de diputados de mayoría relativa y de representación proporcional. Que sean veintiuno o veintisiete -en vez de los treinta y dos actuales- es irrelevante; lo trascendente es que conlleva una redefinición de los distritos electorales. Por lo demás, se coincide en reelegir a los legisladores, aunque hay distintos puntos de vista en el número máximo de periodos. Sorprende, por otro lado, que la iniciativa del Ejecutivo no considere la reelección de alcaldes, aunque si amplía su gestión a cuatro años en lugar de los tres actuales, propuesta que atenta contra el propósito de que las elecciones de diputados, ediles y gobernador sean por fin coincidentes.
Concentración de eventos electorales
Los ajustes a los tiempos de desempeño de los cargos de representación popular, de los presidentes municipales y del propio titular del Ejecutivo Estatal -imprescindibles para hacer coincidir las fechas de las elecciones locales entre sí, y estas a su vez con las federales- los ajustes, repito, difieren en cada iniciativa, lo que es natural pues habrá tantas fórmulas como propuestas se presenten. Quiero resaltar, en la parte final de este artículo -por lo demás claramente inacabado- un aspecto importante: la reducción de diputados y la homologación de fechas electorales, resultará en un ahorro cuantioso para el erario. No estaría mal que el tema fuera tenido en cuenta en las deliberaciones parlamentarias que están por arrancar.
LA FRASE
Quedan muchos temas por tratar, relativos a esta reforma político-electoral. Y hay que estar atentos a la revelación de los contenidos de todas las propuestas y a la actuación de los señores diputados. Por eso cito aquí al dirigente panista Gustavo Madero -principal negociador del habilidoso trueque legislativo-, que insiste en recordar cuál es el objetivo central:
“…hay que quitar a los gobernadores la posibilidad de designar a los árbitros, definir las reglas del juego, los tiempos, el terreno y los calendarios…”