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El proceso de aprobación o no de las cuentas públicas de los 104 entes fiscalizables de Tlaxcala ha empezado a ser distorsionados no sólo por los que filtraron información que se suponía era confidencial o que aún no podía ser revelada, sino porque se pretende ensuciar ese proceso con señalamientos de corrupción y venta protección cuando nadie conoce el contenido y detalles de los dictámenes que deberán establecer claramente las responsabilidades y acciones legales que enfrentarán los responsables de los quebrantos financieros en los ayuntamientos, dependencias estatales y en los organismos públicos autónomos y descentralizados.
