La crisis generada por el desalojo de campesinos y transportistas en la carretera federal México–Veracruz, a la altura de Nanacamilpa, desató la rabia de los tlaxcaltecas frente a un panorama crudo que deja claro que en Tlaxcala no existe el diálogo ni la tolerancia para quienes se inconforman.
Desde la cúpula, la mandataria estatal, Lorena Cuéllar Cisneros, mantiene como secretario de Gobierno a su ahijado, Luis Antonio Ramírez, oriundo de Morelos, quien ha dejado claro que los problemas de los tlaxcaltecas poco le importan. Su objetivo parece ser el signo de pesos y exprimir todo lo que pueda a los ingenuos de la 4T que gobiernan desde Palacio.
La percepción ciudadana en contra de estas autoridades es evidente. Por dignidad, el ahijado debería regresarse a su tierra y buscar otro trabajo que le permita sentirse maniquí, lejos del sol, porque hasta ahora no ha entendido que su función es el diálogo y la mediación entre inconformes y gobierno, para evitar que los conflictos escalen a la violencia, como sucedió con los campesinos en Nanacamilpa.
No solo los ciudadanos, sino también líderes morales y partidistas han advertido que el segundo al mando en el gobierno no funciona: solo cobra y se pasea en su oficina. No entiende que su labor es de campo, no de escritorio, lo que refleja su holgazanería.
Respecto a la crisis que atraviesa el estado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Tlaxcala, a través de Juan Manuel Cambrón Soria, exigió la renuncia del titular de la Secretaría de Gobierno.
Cambrón condenó el uso de la fuerza pública contra los manifestantes, quienes mantenían un bloqueo para exigir atención a problemáticas del sector agrícola y del transporte. El partido sostuvo que el despliegue anticipado de elementos antimotines evidenció una estrategia orientada a contener la protesta mediante acciones coercitivas, en lugar de privilegiar el diálogo.
“Un gobierno que reprime, en lugar de escuchar, expresa el tamaño de su fracaso institucional”, sostuvo.
A esta postura se sumaron dirigencias estatales del PAN y el PRI, que también cuestionaron la intervención policial. En el caso del Partido Acción Nacional, su comité estatal expresó solidaridad con los campesinos, al considerar que sus demandas reflejan una crisis estructural en el campo tlaxcalteca, marcada por el incremento en los costos de producción, la falta de apoyos y condiciones adversas para sostener la actividad agrícola.
El PAN, a través de su líder Ángelo Gutiérrez, advirtió que la respuesta gubernamental no contribuyó a resolver el conflicto, sino que lo agravó al generar un ambiente de mayor tensión entre autoridades y manifestantes. Asimismo, alertó sobre reportes de personas no localizadas tras los hechos ocurridos durante la noche y la madrugada, lo que —señalaron— requiere una aclaración inmediata por parte del gobierno estatal.
En este contexto, el PRD responsabilizó directamente a la Secretaría de Gobierno por la conducción de la política interna y las decisiones que derivaron en el operativo, por lo que consideró necesaria la salida de Luis Antonio Ramírez Hernández para garantizar condiciones de estabilidad y diálogo.
Por ello, pidió la localización y presentación de todas las personas reportadas como no ubicadas; la intervención urgente de organismos de derechos humanos; el cese de cualquier acción represiva contra la protesta social, y la instalación de una mesa de diálogo real que atienda las causas de fondo del conflicto.
Por su parte, el vocero de la Cuarta, Antonio Martínez Velázquez, respondió a los señalamientos calificándolos como posturas de oposición, restando peso a las críticas emitidas por los partidos políticos tras los hechos registrados en el Arco Norte, y aseguró que el secretario de Gobierno no será removido solo por caprichos de institutos políticos.
La podrida “Nueva Historia” se hace agua. Tlaxcala espera el momento exacto en que termine el sexenio que, lejos de ayudar al pueblo, lo ha maltratado sin piedad.