Lo que se divulgó durante la campaña de 2021 para mejorar la seguridad de los tlaxcaltecas terminó en el cagadero. Así se las gastó la ahora incoherente mandataria estatal, Lorena Cuéllar Cisneros, quien prometió mejoras laborales y excelentes salarios para los policías.
La realidad es otra: policías muertos, equipamiento obsoleto, patrullas convertidas en chatarra y cifras crudas que contradicen la ridícula y burlona frase de que “Tlaxcala es el estado más seguro del país”.
Los pésimos resultados que tanto criticó del exgobernador - traidor - Marco Mena los volvió a repetir, incluso los superó y les puso el sello de la 4T.
En Tlaxcala, la retórica oficial insiste en vender una realidad que no resiste el contraste con los hechos. Mientras desde Palacio se presume una supuesta “Nueva Historia”, en las calles se escribe otra: la de policías que caen en cumplimiento de su deber, sin respaldo, sin estrategia y, muchas veces, sin lo mínimo indispensable para sobrevivir. Ocho elementos de seguridad asesinados durante la actual administración según registros de “Causa Común”, no son una estadística menor; son la evidencia de un Estado que no logra proteger ni a quienes tienen la encomienda de protegernos.
El recuento es frío, pero devastador. Arranca el 31 de diciembre de 2021 en Ayometla, como si el sexenio hubiera decidido inaugurar su narrativa con sangre. Luego vino Xaloztoc en 2022, con un agente de investigación abatido a tiros. En 2023, la violencia no dio tregua: un directivo de seguridad pública murió en Tzompantepec durante una persecución, mientras que en Apetatitlán una policía municipal perdió la vida en un operativo. Para 2024, Zacatelco se convirtió en escenario de dos muertes más, en medio de un intento de linchamiento que evidenció la fragilidad institucional. Y en marzo 2025 un oficial fue abatido por falta de chalecos, la misma historia se repitió en 2026 en el pueblo mágico.
Los lamentable se está triste situación es que la gobernadora priista que prometió un mundo color de rosa durante campaña hoy se cae a pedazos, hay una autoridad ausente, se guarda silencio por los homicidios y solo se dice que habrá una investigación.
Por otro lado tenemos a un secretario de seguridad ciudadana, Alberto Perea Marrufo, que no protege a sus elementos, no lucha por mejoras laborales, mejor debería de irse de Tlaxcala y buscar alguna chambita en donde le sigan pagando sin hacer nada.
Los uniformados los arriesgan a detener multitudes de quienes quieren hacer justicia por su propia mano, que por cierto, lo intentos de linchamiento se han disparado alarmantemente; en la práctica los oficiales van con lo que hay, aunque sea uniformes parchados, armamento precario y unidades con gasolina en reserva.
Lo verdaderamente alarmante no es solo la suma de casos, sino la constante que los atraviesa: la improvisación. Cada muerte revela un patrón de abandono, de corporaciones debilitadas, de protocolos inexistentes o rebasados. No hay discurso que maquille la precariedad de policías que enfrentan al crimen con desventaja, ni narrativa que oculte que la autoridad ha perdido control en momentos críticos.
La autora de la podría Nueva Historia no está dando resultados en materia de seguridad, solo su equipo intolerante y déspota se dedica a
administrar boletines para pintar un panorama alentador que despierta la duda, ¿porque si en Tlaxcala no pasa nada, entonces porque Lorena y su familia usan camionetas blindadas?, ¿A quién le tienen miedo?.
En Tlaxcala, la “Nueva Historia” se está escribiendo con tinta roja… y con una alarmante ausencia de responsabilidad.
Lorena Cuéllar tiene policías que tienen la responsabilidad de cuidar a los Tlaxcaltecas, pero hay un gobierno que no los protege a quienes portan el uniforme.