• José Abel González Sánchez
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Las instituciones dedicadas a procurar e impartir justicia en México están totalmente desacreditadas, lo ocurrido en Ayotzinapa ha sido un duro golpe para el gobierno federal y, en especial, para las áreas responsables de la seguridad pública.

Septiembre es el mes conmemorativo a la Independencia Nacional pero, a partir de 2015, también se festejó el primer año de la Desaparición Forzada. El gobierno federal había ya dado por concluido el caso de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, pero no contaba con la bendita intervención extranjera que dio un vuelco a la “Verdad Histórica” anunciada por la administración priísta.

Emotivo ha sido observar como en distintos puntos del país, y fuera de él, las manifestaciones de protesta por la tragedia de Ayotzinapa han tenido una réplica solidaria extraordinaria. México se ubica como uno de los países más sangrientos del orbe, la guerra del narcotráfico con la complacencia de las autoridades, en sus diferentes niveles, le han colocada la etiqueta de ¡Sanguinario!

La epidemia del crimen se extiende diariamente, por más intentos de disfrazar o distorsionar las operaciones del narcotráfico resulta cada vez más difícil ocultar las rivalidades entre los cárteles y los vínculos de éstos con las autoridades “legalmente” constituidas.

La desaparición de los 43 jóvenes normalistas, según las últimas evidencias, da cauce a la protección que las autoridades debían proporcionar a un quinto camión que contenía narcóticos. Las versiones de expertos internacionales confluyen en tal afirmación, mismo argumento ha sido y sigue cobrando fortaleza en las agencias internacionales que no han dejado de darle seguimiento al tema.

El 26 de septiembre mostró de nueva cuenta la solidaridad del pueblo mexicano para con las familias afectadas, a las calles salieron miles de ciudadanos indignados. Las redes sociales se siguen colmando de protestas legítimas y su irrupción también ha revelado información comprometedora para las propias autoridades, circunstancias favorables en la búsqueda de los verdaderos responsables.

Parecía que el caso Ayotzinapa estaba en sus últimas etapas de efervescencia, sin embargo, los festejos independentistas trajeron nuevos aires al tema y ahora sigue más vivo que nunca. Sin duda se trata de una huella imborrable para el presente sexenio federal, con impacto directo para las elecciones por celebrarse en 13 estados de la República para el año venidero.

La elección presidencial del 2018 ya cuenta con una desventaja para el PRI, dado que ha sido ese partido el principal encubridor de toda la neblina que envuelve el caso Ayotzinapa. Fueron y son los priístas los que defienden a ultranza la famosa “Verdad Histórica”, misma que ha sido contundentemente derruida y ahora se encuentran en un callejón sin salida y con promesas infundadas pretenden controlar el sangrado de una herida difícil de cicatrizar.

El expediente de los normalistas está más vivo que nunca y es responsabilidad de tod@s no permitir su olvido, ante tal desgracia se presenta la gran oportunidad de combatir con decisión y firmeza al poder corrupto asentado en el gobierno.