Los bajísimos índices de aceptación de la figura presidencial… ¿convencerán a Peña Nieto que debe corregir el rumbo?
- Hace veinticinco años no existían ni el Inegi ni la CNDH. Hoy la realidad es imposible de ocultar
- En un país informado, el maquillaje discursivo y las concentraciones de acarreados son inútiles
- La aplicación de las mismas malas estrategias traeran sin remedio los mismos malos resultados
El gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta una crisis… aunque los medios oficiales se resistan a admitirlo. No es un invento mal intencionado de los comentaristas de la política; es una problemática que fundamentalmente deriva de los muchos expedientes que tiene abiertos y que llevan demasiado tiempo generando insatisfacción e inconformidad entre la población en general. Y si a ello se suma que el entorno internacional no ha sido el más benigno con la actual circunstancia mexicana, habremos terminado de bosquejar un paisaje obscuro en el que, de momento, sólo se vislumbran nubarrones tormentosos.
Pactus interruptus
Saludé con enorme optimismo el advenimiento del Pacto por México, aquel documento consensado entre los tres principales partidos que enlistó la casi totalidad de los atorones políticos y económicos que por años habían entorpecido el crecimiento del país. Celebré asimismo que sus postulados se hicieran ley. Pero hasta ahí…, porque al fulgurante inicio de la gestión de Peña Nieto le sucedió una suerte de estupor donde imperó la inacción, el desconcierto, y las malas decisiones. Para explicarme vayamos de una vez con esos expedientes irresueltos a los que el gobierno apuesta que sea el tiempo el que borre de la conciencia colectiva de los mexicanos acontecimientos -unos trágicos y otros vergonzosos- que demandan explicaciones y definiciones contundentes.
Desapariciones
Empecemos por Ayotzinapa. La lentitud de respuesta del gobierno federal ante la atrocidad pareció emular el clásico foxiano del ¿y yo porqué? La tardía intervención de la PGR -pese a estar notificada con antelación de la clase de bribón que gobernaba Iguala- se prolongó por semanas, hasta que luego de varios meses un cansado procurador tuvo a bien divulgar la verdad histórica de los hechos. El frustrado carpetazo provocó que la tragedia adquiriera carta de perpetuidad en el imaginario nacional e internacional; desde entonces, las especulaciones no cesan. A las dudas vino a darles sustento un informe de la CNDH que da cuenta de omisiones en la indagatoria, lo que hace presumir inexactitudes en las conclusiones a las que arribó la PGR. El anterior procurador ya no está; despacha ahora en una oficina más cómoda y menos demandante, y la actual procuradora -y futura fiscal general de la nación- tuvo que reabrir el caso… a más de diez meses de los dramáticos sucesos.
Ajusticiamientos
Tlatlaya es otro caso en el que, desde el principio, privó la mentira y el encubrimiento. El Ejército, la procuraduría mexiquense y la PGR, calificaron a la masacre como un enfrentamiento más con una gavilla criminal, pese a que finalmente se probó que el encuentro acabó siendo una ejecución sumaria. La verdad sólo se conoció gracias a las revelaciones que a un reportero extranjero le hicieron testigos del fusilamiento. Ante las evidencias, la CNDH investigó y comprobó que hubo “…violaciones graves a los derechos humanos que lastiman a la sociedad y que no deben repetirse…”. El titular del organismo autónomo acreditó la existencia de hechos consistentes “…en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos…”. En consecuencia, se presentaron las denuncias del caso ante la PGR, la PGJ del Estado de México, y la PGJ Militar. El proceso en el que se juzga la conducta de los soldados se encuentra pendiente de ser resuelto en las instancias judiciales correspondientes; empero, el expediente no se cerrará hasta que se aclare si hubo altos mandos castrenses involucrados en la emisión de la orden de exterminio.
Sin arrepentimiento no hay reconciliación
La Casa Blanca es el tema que causó mayor irritación a la opinión pública. Más aún que Ayotzinapa y Tlatlaya, por una razón fácil de comprender: en los dos primeros casos la responsabilidad se diluía entre distintos niveles de gobierno y, además, la génesis de ambos eventos se había incubado mucho tiempo atrás. La Casa Blanca, en cambio, apuntó directamente a la figura presidencial y a su entorno más íntimo, pues fue la esposa del propio mandatario la que reveló la existencia de la mansión cuando de ella hizo ostentación en una revista de sociales. El escándaló estalló, empero, cuando Carmen Aristegui reveló que la dicha casa -valuada en 7 millones de dólares- era propiedad de un constructor beneficiado por Peña Nieto con contratos de importes elevadísimos. Se imponía una pública asunción de culpas, y un acto de contrición que redimiera con humildad la equivocación; equilvaldría -de haberse hecho- a protagonizar el más importante capiítulo de su mandato, un gran parteaguas en el ejercicio presidencial que le habría devuelto la confianza y hasta la simpatía de la sociedad, marcando así un antes y un después en materia de corrupción, y el inicio de una nueva y transparente forma de gobernar.
Rumbo errado
Pero se eligió otro camino. Se optó por el viejo método de la simulación y las medidas distractoras. No hubo ni el más leve intento de rectificar el modelo, y se dejó que las aguas negras del sistema siguieran escurriendo por las atarjeas que arrojan las heces malolientes al canal del desagüe de la política nacional. Depués vino la mansión de Malinalco de Videgaray, y una casa más, en Ixtapan, esta en el sexenio en el que Enrique Peña Nieto gobernaba el estado de México, inmuebles adquiridos ambos en distintos tiempos, pero con el mismo esquema configurador de conflictos de intereses. Pero la burla mayor ocurrió cuando se asignó a Virgilio Andrade -un miembro del equipo de transición del mexiquense- la función de investigar si los contratos moneda de cambio habían sido legalmente otorgados. Y para añadir más motivos a la indignación, los viajes del presidente al extranjero en compañía de numerosísimas e imperiales comitivas coincidieron con la difusión de los datos del incremento de la pobreza, y con los de una contracción del 3.5% en el ingreso de los hogares de los mexicanos.
Ineficacia e indiferencia
Y luego vino la fuga del Chapo que cubrió de oprobio a las instancias de seguridad a cargo del señor Osorio Chong, al tiempo que los números económicos seguían empeñados en contradecir las predicciones del señor Videgaray. No obstante la seriedad de ambos sucesos, no hubo ni rectificaciones ni renuncias. La verdad, amigo lector, es que desalienta saber que, tras décadas de seguir modelos caducos y de aplicar recetas fallidas, se siga insistiendo en mecanismos, programas y discursos que no han dado resultado, ni contra la corrupción, ni contra la pobreza, ni contra el narcotráfico. El Pacto por México no pasó de ser un espejismo, una llamarada de petate, una falsa esperanza para los que creímos que, aparejada a la acción política, vendría una revalorización de los principios éticos. Hoy el país está en los umbrales de una crisis profunda y en Los Pinos, el que manda no parece darse cuenta. O quizá sí…, pero no le importa.
ANTENA NACIONAL
No tuvo la culpa el indio…
“…los dueños optaron por confiar la conducción del equipo nacional a Miguel Herrera, un ex futbolista que se caracterizó a lo largo de su carrera por su incapacidad de evitar que sus estallidos de ira se transformaran en actos violentos. Parece una apuesta riesgosa… ¿o no?...” Tiempos de Democracia (octubre 2013)