Las jóvenes con embarazos prematuros que han sido expulsadas de las escuelas son víctimas de actos discriminatorios. Tales actos son preocupantes y la situación se agrava porque no existen políticas públicas para atender a este sector.
Además de enfrentar una situación emocional que impacta directo su proyecto de vida, las adolescentes embarazadas tienen que hacer frente a la presión social. Dentro de este escenario tenemos problemas y señalamientos en los centros de enseñanza, y rechazo de sus familias y de la comunidad.
El desconocimiento y el menosprecio de los derechos de las menores en estado de gravidez ha sido la causa de que ellas se encuentren en situación de exclusión, por lo que es importante que se reconozca y garantice el derecho de ellas a recibir atención de salud integral, a permanecer en el sistema educativo y a ser protegidas legalmente.
Además, el adolescente que embarace a una menor de edad también tiene derecho a recibir atención académica y psicológica, ya que tampoco deberá ser discriminado en el colegio donde estudie ni en ningún otro lugar.
Los derechos de las adolescentes en estado de gravidez están protegidos, ya que existen normas sustantivas, tratados internacionales y leyes que los avalan. Entre otras, estas prerrogativas son:
a) Derecho a la vida. Es uno de los derechos que el Estado tiene que tutelar, ya que si a la adolescente no se le suministra la información adecuada y la asistencia médica oportuna, podría estar en riesgo no sólo su propia vida sino la del producto que lleva en el vientre.
b) Garantía de la maternidad. El Estado debe proveer todo cuanto esté a su alcance para que las adolescentes en estado de gestación puedan desarrollar ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. La futura madre es la que está en capacidad para decidir qué es aquello que más conviene a su estado e intereses y, por ello, su juicio no puede ser sustituido arbitrariamente por el de sus padres o por el del centro educativo al cual pertenece.
c) Derecho a la educación. El embarazo de una estudiante no puede ser causa para limitar o restringir su derecho a la educación. Esta situación no puede catalogarse como falta ni mucho menos tipificar como conducta fuera de la moral. En el caso de los colegios privados, éstos no pueden bajo ninguna circunstancia fijar, a través de sus manuales de convivencia o de conducta, aspectos que de alguna manera puedan afectar los derechos fundamentales de los educandos y trasgredir los derechos garantizados por la Constitución. El respeto a los derechos fundamentales debe orientar el actuar de los centros educativos, por lo que los medios utilizados por éstos no pueden desbordar los derechos, principios y valores garantizados por la Carta Magna.
d) Derecho a la igualdad. Bajo ninguna circunstancia puede subordinarse a una adolescente en estado de gravidez a un trato distinto al de sus compañeras, sin una justificación objetiva y razonable. Hacerlo podría catalogarse como una acción discriminatoria que contribuye a estigmatizar una situación personal.
La maternidad es una cuestión que no afecta derechos de terceros y pertenece exclusivamente a uno de los ámbitos más íntimos de la vida personal de la mujer. El embarazo debe ser una situación normal que no trae consigo mayores riesgos porque le permite a la mujer llevar una vida igual o muy similar a la que llevaba antes de encontrarse embarazada.
Por ello, si el plantel educativo alega que es necesaria una medida especial respecto de la adolescente en estado de gravidez en su propio beneficio, debe demostrar plenamente que tal medida diferenciadora es útil para garantizar los derechos de la estudiante a la que se aplique.
El precepto general de que todos deben gozar del derecho humano a la educación está enunciado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Lo que se busca, en todos los casos, es que los Estados tomen todas las medidas adecuadas para suprimir los obstáculos que limitan el acceso a la educación, en especial de las niñas, incluidas en este rubro las menores embarazadas.
* Directora del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
