La instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos (SNT) a la que el presidente Enrique Peña Nieto asistió hace unos días donde emitió loas a este “nuevo” sistema, y en la que por cierto también el gobernador del estado Mariano González hizo lo propio a nombre de sus homólogos, pero todo esto poco o nada garantiza que la enorme opacidad que prácticamente hay y ha existido en todas las entidades de la República y en el DF en todos los niveles de gobierno se erradique de una buena vez.
Más bien, resulta lamentable que más allá de los discursos y promesas del aparato gubernamental sobre transparentar el uso de los recursos públicos que manejan; así como de quienes se encargan de dicho sistema, no haya una garantía real de Transparencia lo cual queda evidenciado al no haber cambios de fondo en la operatividad y alcances ni del ahora Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), ni de los institutos o comisiones de acceso a la información existentes en cada entidad federativa.
Dichas dependencias creadas no para facilitar el acceso a la información a los ciudadanos; sino para legitimar el ocultamiento de la misma, donde los gobiernos tienen la facultad de mantener determinada información a reserva con argumentos absurdos, ni siquiera han contado con una facultad sancionatoria, donde los servidores públicos que incumplen con dar la información requerida por la ciudadanía no pueden ser sancionados; sin embargo, con el establecimiento del SNT mínimamente se esperaba que esto se corrigiera, pero no fue así, todo resulta entonces un juego perverso.
El gran problema para los gobiernos en décadas pasadas antes de la creación de las leyes e institutos encargados del acceso a la información pública, era precisamente que al no dar al menos, la información importante sobre el manejo de recursos podían incurrir en el ocultamiento de la misma.
Sin embargo, tras institucionalizar la Transparencia, ahora el ocultamiento de la información es vergonzozamente legitimo.
En Tlaxcala, por ejemplo, ahora con prácticamente toda la información importante sobre el manejo de recursos públicos oculta o puesta bajo recerva, ha provocado que la “caja de cristal” del gobierno estatal no sea, sino una insultante caja negra llena de demonios respaldada por la ley.
Ahora el Congreso del Estado puede ocultar, con el permiso de la ley, toda la información sobre el desvío y falta de comprobación de miles de millones de pesos del Ejecutivo estatal y de varios Ayuntamientos con el pretexto de que es información recervada a la que incluso varios diputados de oposición ni siquiera tienen acceso.
Los ciudadanos no podemos saber por ejemplo, en el caso de los recursos que maneja el Ejecutivo cuánto ha gastado en los viajes que ha hecho por varios países del mundo, y donde dichas excursiones no han dejado sino gastos a Tlaxcala.
Tampoco podemos conocer el destino real de los recursos que gasta cada año la federación en programas sociales; ya que a pesar de que nos hablan de millones de pesos que se gastan en programas y apoyos, cada vez crece más la cantidad de millones de pobres en todo el país.
Cuánto se gasta de los recursos públicos en bonos extras a lo que perciben los servidores públicos, diputados, senadores, gobernadores, etc., o de dónde sale el enrtiquecimiento repentrino de políticos.
Qué pasó con las miles de toneladas del fertilizante que “desapareció” de las bodegas a cargo del propio gobierno durante la presente administración; las repusieron pero de dónde vinieron los recursos para pagar ese saqueo.
Sin embargo, el aparato gubernamental sigue hablando de “Transparencia”; en un estado de Tlaxcala y en un México donde esta palabra sólo está llena de buenas intenciones; pero que como muchas otras palabras que originalmente tienen un sentido bueno o positivo; son prostituidas a diario.