- Difícil predicamento de las autoridades civiles ante la irreflexiva acción del alto prelado
- La rancia jerarquía católica mexicana, renuente a aceptar la cristiana tolerancia que predica el papa
- A despenalizar el aborto y a legalizar las bodas gay, la Iglesia opone… ¡magia y exorcismo!
De no ser por el hecho de que el proceso electoral reciente monopolizó durante los últimos meses el interés de la prensa -y en general el de la ciudadanía-, el personaje al que por sus dichos y acciones debimos prestar atención en su oportunidad es a don Francisco Moreno Barrón, Obispo de Tlaxcala. A juzgar por sus declaraciones y por los actos de protesta que no sólo promovió sino que además encabezó, al alto prelado pareciera que le tienen sin cuidado las disposiciones de la Constitución y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Pero lo que resulta más difícil de entender es que un pastor de almas de su cultura, conocedor de la historia y sabedor del costo potencial que puede tener en México tensar las siempre frágiles relaciones entre Estado e Iglesia, haya soliviantado a la grey católica tlaxcalteca para que se opusiera a decisiones de las instituciones civiles que nos hemos dado los mexicanos.
Peligrosa reedición de pugnas superadas
No recuerdo haber visto en mi ya larga vida a un cura ponerse al frente de una marcha de protesta, tal y como lo hizo don Francisco el pasado 22 de abril por las calles de la capital. Esas imágenes parecían arrancadas de un amarillento álbum de los recuerdos de una época que el país vivió con tremenda violencia. No vale argumentar que la marcha en cuestión -en la que, según la prensa- “…había niños y un gran número de mujeres…”- era pacífica. Sabemos de muchos casos que prueban que marchas de esa naturaleza son ordenadas… hasta que dejan de serlo. El peligro está siempre ahí, latente, en cualquier esquina, en una azotea, en una ventana, en un insulto, en una pedrada, máxime cuando la causa que motivó la manifestación se basó -como se demuestra más adelante- en un mal entendido del jerarca católico.
Imprudencia inexplicable
Quedan en el aire muchas preguntas que deberían ser respondidas: ¿qué pretendía el obispo al organizar esa movilización?, ¿acaso un protagonismo similar al que acostumbra el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez? No lo creo; esa forma de ser no cuadra con el talante reflexivo de Moreno Barrón, con quien tuve el privilegio de conversar brevemente un par de ocasiones. ¿Se trató entonces de intimidar al gobierno, a los diputados y a los ministros de la Corte, dejándoles sentir el real poder de convocatoria de la Iglesia?, ¿o es que su mensaje tenía otro destinatario cuyo nombre no conocemos ni tenemos elementos para averiguar? Mas cualquiera que sea la interpretación que se dé al hecho, de lo que no hay duda es que se trató de una imprudencia, y de una violación flagrante a las leyes susceptible de ser sancionada.
Engañoso debate
El detonante de la protesta del Obispo de Tlaxcala fue una acción de inconstitucionalidad que promovió, ante la Suprema Corte de la Nación, la Comisión de Derechos Humanos en contra del Congreso del Estado. El obispo no supo -o no quiso saber- que esa acción tenía como único propósito que la máxima autoridad judicial del país ordenara al legislador reponer las dos causales para la interrupción legal del embarazo que indebidamente quitó de la ley, no obstante que con anterioridad las había aprobado y que incluso eran ya parte del Código Penal. Dichas causales son: 1) alteraciones genéticas del feto incompatibles con la vida, y 2) inseminación artificial no consentida. La acción no tenía otro fin, repito, que el restituir a las mujeres derechos que ya le habían sido reconocidos. Pese a lo puntual y preciso del objetivo del ombudsman tlaxcalteca, la diócesis provocó lo que Enrique Galicia -Director de Comunicación Social de la Comisión- llamó engañoso debate, en un contundente y oportuno artículo aclaratorio que desmontó, pieza por pieza, la errónea creencia de que se quería despenalizar el aborto. Se trató sólo -explicó Galicia- “…de corregir un acto regresivo, pues cuando una norma retrocede en materia de prerrogativas se transgrede el principio de progresividad al negar derechos ya adquiridos…”.
Inquietud sin sustento
En la duda, o por lo menos sin la certidumbre jurídica plena, ¿no debió el obispo consultar antes de acudir al recurso de encabezar una marcha con evidentes visos de ilegalidad? Aún cuando la ley que promulgó Salinas en 1992 es más laxa que la datada en 1927 -y que la posterior de 1931-, en ella subsiste la disposición de que toda asociación religiosa ha de “…sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y a respetar las instituciones del país…” y que “…los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos...”. Determina también que “…solamente podrán realizarse extraordinariamente fuera de ellos, en los términos de lo dispuesto en esta ley y en los demás ordenamientos aplicables…”.
Tormenta en un vaso de agua
Además de la flagrante ilegalidad de la manifestación callejera, su inexistente causa se desvaneció al día siguiente -23 de abril- cuando el Congreso se plegó a la fundada exigencia de la CEDH, restituyendo a la ley las causales eliminadas. En consecuencia, el caso que dio lugar al falso debate ni siquiera llegó al pleno de la Corte, lo que no es óbice para calificar a la tal marcha como un acto de grave y peligrosa irresponsabilidad.
Iglesia homofóbica
Cuando las aguas parecían calmarse, y la tranquilidad volvía al cuerpo y al espíritu de la soliviantada autoridad eclesiástica sin que su inconsecuencia le trajera ninguna sanción, hace unos días la Suprema Corte de Justicia resolvió “…que no existe ninguna razón constitucional para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo…”. Lo anterior significa que los jueces deberán amparar a las parejas gay que decidan casarse en las entidades federativas -verbigratia Tlaxcala- que no tuvieran todavía legalizadas ese tipo de uniones. Con el veredicto encendió de nuevo la santa indignación de la jerarquía católica y se produjeron declaraciones fuera de toda razón, afirmando por ejemplo que los ministros del supremo tribunal de justicia del país “…no tienen competencia para inventar nuevas formas de familia…”. El distanciamiento de la Iglesia con la realidad del país y del mundo ha llevado al alto clero a ignorar que hay un marco legal que rige la vida de la república, y que todos los ciudadanos -incluido usted, señor obispo- debemos acatar. Y disculpeme que lo contradiga, estimado señor, pero los ministros de la Corte por supuesto que sí tienen esa facultad que les niega; los que en cambio carecen de toda competencia para contravenir disposiciones con rango constitucional son ustedes, los ministros de cualquier culto religioso. Por lo menos aquí en México.
Oscurantismo medieval
El grado de ignorancia que el alto clero atribuye a sus fieles no conoce límites. OEM dio cuenta el 15 de junio pasado de “…un exorcismo practicado a puerta cerrada y en secreto…” en la catedral de San Luis Potosí, por el obispo de la entidad Carlos Cabrero y por el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, “…en unión de un grupo de arzobispos católicos de diversas partes de México…”. El objetivo del ritual en que participaron ocho exorcistas mexicanos y un demonólogo español de nombre Antonio Fortea, fue “…expulsar al maligno que entró a México después de que fuera aprobada la despenalización del aborto en la ciudad de México…”.
Para la primera plana:
Las imágenes de la marcha que encabezó el Obispo de Tlaxcala por las calles de la capital del estado parecían arrancadas de un amarillento álbum de recuerdos de una época que el país vivió con tremenda violencia.