• Óptica DH‏
Rommel Caín Chacan Pale*

“Salí de mi país porque la pobreza me obligó a salir. Dejé atrás toda mi vida, mi familia. En dos ocasiones me han querido secuestrar. Una vez salí de Aguas Blancas, como a la una de la mañana, cuando se acercaron dos trocas blancas y empezaron a bajar a toda la gente que íbamos en tren; a mí y a un salvadoreño nos dijeron: no, ustedes ya no caben, a ustedes los vamos a matar. Sentí tanto miedo de morir ese día cuando miré que ellos, de nuevo, de la casa se los llevaron, miraba cómo golpeaban a las personas, pero yo sabía que Dios estaba con nosotros ese día. Ellos se fueron con toda la gente para un rancho, fue lo que escuchamos, y yo y el salvadoreño empezamos a correr pero no sabíamos para dónde íbamos, sólo corríamos. Gracias a Dios llegamos a una casa, íbamos todos llenos de sangre porque nos habían golpeado mucho. Gracias a Dios aquí estoy, sólo les pedimos que nos ayuden porque tenemos miedo…”
 
Es lo que narra, en entrevista, un migrante de origen centroamericano en su paso por Tlaxcala, y es lo que diversos e importantes sectores ya han documentado desde hace varios años. Sin embargo, pese a la voluntad de dichos entes, el fenómeno migratorio sigue siendo un tema urgente de atender, ya que no sólo se trata de un fenómeno socio-jurídico que sirva de agenda o estandarte político a quienes representan a la sociedad en los distintos poderes del estado, va más allá del derecho a migrar pues está estrechamente relacionado con otros derechos, como el de la libre circulación, la libertad personal, y el acceso a los derechos económicos y sociales, entre otros.
 
Eso lo convierte en foco rojo, ya que de acuerdo a fuentes del Instituto Nacional de Migración, es posible señalar que en poco más de una década la cifra acumulada de detenciones de personas migrantes llegó a más de 18 mil. Si bien ello no es un indicador exacto del flujo de migrantes en la entidad, sí estamos ante una aproximación indirecta del tránsito por la región.
 
A pesar de la innegable presencia de personas migrantes en la entidad, también es incuestionable la ausencia de sistematización de información que permita dimensionar, de mejor manera, la magnitud del fenómeno migratorio a nivel local. Si bien es posible hacer comparaciones con lo que acontece en los estados fronterizos del sur del país (Chiapas y Tabasco), así como Oaxaca y Veracruz en donde tiene lugar alrededor del 75% de los aseguramientos de personas migrantes, y afirmar que, comparativamente hablando, las detenciones son menores en Tlaxcala, eso no resta, en términos cualitativos, importancia al tránsito migratorio y a las condiciones de riesgo que en la zona central del país viven quienes transitan por el estado.
 
Por lo tanto, se hace necesario poner énfasis en la atención a este tema, ya que pese a que existe una Ley de Protección a Migrantes y sus Familias del Estado de Tlaxcala, publicada el 10 de diciembre de 2012 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, ésta aún contiene muchos vacíos para atender debidamente a este sector y tampoco cuenta con un reglamento, haciéndola inaplicable a pesar de sus buenas intenciones y de los trabajos que actualmente realiza el Congreso del Estado.
 
Una ley de esta naturaleza debe considerar el principio pro persona, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que este principio implica que todas las autoridades de carácter legislativo, ejecutivo y judicial, ya sea de nivel federal, estatal o municipal, están obligadas a brindar la protección más amplia a cualquier persona en territorio nacional, situación que debe ser tomada en cuenta en la ley tlaxcalteca.
 
Así que, además de contener los principios generales como la no discriminación e igualdad; la universalidad; interdependencia; indivisibilidad; progresividad; no devolución; interés superior del niño, niña o adolecente migrante; unidad familiar; no revictimización; presunción de inocencia; gratuidad y beneficio de la duda, una ley de protección a migrantes debe hacer efectivo al acceso a la justicia que consagra el principio de interpretación.
 
De acuerdo con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo cita el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afectan a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, el principio de interpretación debe aplicarse mediante los siguientes supuestos:
 
a)      Interpretación conforme al sentido amplio, es decir, que todas las autoridades del país deberán interpretar el ordenamiento jurídico  conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano se parte, favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia.
 
b)      Interpretación conforme en sentido estricto, lo que quiere decir que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, se debe preferir la que se encuentre acorde con los derechos humanos reconocidos por nuestra Ley Suprema y los tratados internacionales, para evitar vulnerar el contenido esencial de estos derechos.
 
c)      Inaplicación de la ley, que es cuando las alternativas anteriores no son posibles, se faculta a los juzgadores para ser el último recurso para asegurar la primacía de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano se parte.
 
Así, la protección de las personas migrantes no sólo es tarea de las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo estatal que ya contempla la ley (el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Dirección de Atención a Migrantes, el Instituto Estatal de la Mujer y la Secretaria de Salud), también debe alcanzar a la Comisión Estatal de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, además de involucrar a los poderes Legislativo y Judicial.
 
Y es que no son suficientes los estandartes políticos que el Legislativo local adoptó en abril de 2014 para posicionar el tema en la agenda, además de que es indispensable el involucramiento del Poder Judicial para la impartición de justicia. Sólo de esa forma se podrán aprovechar todos los avances que, en materia de derechos humanos, han creado nuevos modelos que exigen que a quienes imparten justicia que conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional y las interpreten en el sentido de maximizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes.
 
* Representante de la Red DH Migrantes en Tlaxcala