• José Abel González Sánchez
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En los tres niveles de gobierno y en cada uno de los poderes que conforman nuestro sistema político mexicano, los escándalos de corrupción son la “comidilla” de todos los días y en todas las campañas electorales. Es inmenso el menú de spots que señalan las prácticas nocivas de mujeres y hombres en el ejercicio del poder, resultando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el más enlodado por varios de sus “distinguidos” militantes, tanto de aquellos que se encuentran en funciones públicas como de otros cuyo estatus es el de operadores políticos.

La síntesis de las tropelías contenidas en los mensajes de radio y televisión son más que elocuentes, reflejando el sinfín de voracidades practicadas por una mayoría representativa de la clase política mexicana y cuyo deseo es acumular volúmenes inmensos de fortuna material.

La censura es una de las primordiales tareas de la administración pública federal, tirria le provoca al actual inquilino de los Pinos ser señalado como un Presidente corrupto. El último acontecimiento, en el que con todas sus letras lo llamaron co-rrup-to, fue protagonizado por el periodista Jorge Ramos, de origen mexicano pero con una larga trayectoria periodística en los Estados Unidos de Norteamérica y cuyos méritos le concedieron ser reconocido, por la revista Time, como uno de los comunicadores más influyentes del mundo.

En México, la periodista Carmen Aristegui continúa sumando adeptos a favor de ampliar los espacios donde se ejerza plenamente la libertad de expresión y, por otra parte, defender su propio derecho para ser reinstalada en el espacio matutino de radio en la empresa MVS. Paralelamente existen otros medios digitales e impresos que no los amedrenta el autoritario poder político vigente, sumando esa firme convicción periodística a la extraordinaria fuerza y presencia de las redes sociales. Las votaciones del próximo 7 de junio resultan una excelente oportunidad para manifestar nuestro rechazo al mal gobierno federal que encabeza el PRI, es indispensable divulgar tan magnífico evento y abonarle un poquito a la todavía endeble democracia mexicana.

Tlaxcala no se encuentra tan desvinculado de los escándalos nacionales, por un lado las prácticas de tortura para obtener confesiones merecieron innumerables comentarios de analistas nacionales e internacionales. El Gobierno del estado quedó de nueva cuenta sin palabras ante contundentes evidencias, por ahí uno que otro tufo exculpatorio pero sin olor, sin color ni sabor.

Sobre el tema de la sede del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) convertida, oficialmente, en salón de fiestas y buenos reventones no hay versión articulada que justifique la realización de una boda en donde el protagonista resultó ser un sobrino de la diputada local priista María Antonieta Maura Stankiewicz Ramírez. El titular de tal institución, Willebaldo Herrera Téllez, ha mostrado una enorme torpeza y total complicidad con la impunidad imperante en el gobierno estatal priista.

El director del ITC justificó, ante tan esperado evento nupcial, que por la escasez de recursos económicos de la propia dependencia y después de sesudos análisis financieros concluyó en rentar el inmueble para generar ingresos propios y potencializar los “excelentísimos” resultados del área bajo su responsabilidad. Por lo pronto ya sabemos que para bodas el costo es de $15 mil pesotes, ahora sería necesario conocer los costos para 15 años, primeras comuniones y demás festividades que se ocurran.  

La flamante tía y diputada local realizó la siguiente explicación doctoral: “yo creo que fue algo hermoso, algo que sucede y que se tenga  la oportunidad de asistir a un lugar que no es histórico, que es hermoso y que mucha gente no teníamos el placer de estar ahí”. Versión más que ridícula.
Ahora se sabe que el recién estrenado esposo, Agustín Bretón Stankiewicz, será ascendido en la delegación estatal de Sedesol de Responsable del Programa de Pensión para Adultos Mayores a subdelegado. Otro episodio más de impunidad y soberbia.

Dos ciudadanos tlaxcaltecas ya han presentado formal denuncia en contra del Director General del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), Willebaldo Herrera Téllez, por los delitos de peculado y los que resulten cometidos en agravio de la sociedad tlaxcalteca, ilícitos previstos y sancionados en el artículo 165 del Código Penal para el estado de Tlaxcala.

Por ética, y a pesar de los $15 mil pesos de renta, el “Willy” debe ir pa´ fuera…