No cabe duda que en Tlaxcala se viven tiempos difíciles, inmersos en las campañas políticas con más de lo mismo, de candidatos que no levantan pese a que tocan puertas, caminan, sudan, simplemente han constatado que los tlaxcaltecas le tienen “asquito” a la clase política y ahora como nunca antes hasta feligreses denuncian a su Obispo.
Esta madrugada autoridades federales decidieron sancionar al gobernador Mariano González Zarur por la difusión de su “informe ciudadano” violando la ley al difundir sus acciones en pleno proceso electoral federal.
Toca el turno al Congreso de Tlaxcala aplicar la sanción que puede ser desde multimillonaria, una amonestación y hasta la inhabilitación en el cargo, es decir que en unoas horas las y los diputados tienen una sardinota en el sartén.
También la sanción va para el mero mero de la legión extranjera, Raymundo Vega y Crespo y para la Televisión de Tlaxcala, radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan, Radio Altiplano y sus cuates de F.M Centro de Apizaco y Radio Huamantla.
Que tal…
Es de no creerse, pero esa es la realidad y este miércoles los feligreses de Santa Catarina Ayometla decidieron romper con la corte celestial y mejor se apegan a la justicia terrenal, que al igual que en el caso de los periodistas agredidos hace tiempo, es mejor una denuncia que nada.
Aunque no proceda, al menos los feligreses han desquitado su coraje, el tema es polémico, pero esta es la reseña de lo que acontece en el sureño y otrora tranquilo municipio de Ayometla que se ha levantado en son de guerra contra las autoridades eclesiásticas.
En un hecho inédito en la historia de Tlaxcala, la Procuraduría General de Justicia del Estado, dio entrada a una formal denuncia en contra del Obispo de la Diócesis de Tlaxcala, Monseñor Francisco Moreno Barrón y el párroco René Hernández Juárez por el ilícito de abuso de autoridad y los que resulten.
La denuncia fue entregada en la Oficialía de Partes de la PGJE, como se hace constar en el sello de recibido, que mostraron los representantes legales Germán Gutiérrez Diyaza y el coadyuvante Cristóbal Meza Cortés, quienes acompañaron las demandas también en contra de otras 20 personas por el delito de despojo con un total de dos mil 400 firmas de los afectados.
También dicha demanda va en contra del licenciado Alejandro Nava Pérez por el delito de calumnia y los que resulten cometidos en contra de los miembros de la comunidad de Santa Catarina Ayometla.
La determinación de proceder a la denuncia fue tomada en reunión de pueblo, el pasado lunes, a la que asistieron cientos de feligreses de Santa Catarina Ayometla, en la que definieron que “definitivamente el tejido social de los feligreses que integran la parroquia se ha roto irremediablemente”.
Pero sobre todo en respuesta a la denuncia de la Diócesis, en contra de diez ciudadanos.
El bufete de abogados que defienden la causa legal de los feligreses de Ayometla está integrado por los abogados Cristina Pérez Cahuantzi, Mary Paz Cuapio Mendoza, Leticia Pérez Barajas y Miguel Ángel Cahuantzi Cuauhtle.
Durante la reunión recabaron alrededor de dos mil 500 firmas, que acompañarán y reforzarán la denuncia, que fueron buscadas casa por casa para que junto con la demanda fueran entregadas este miércoles a la PGJE.
Explicaron que en esta situación “el ser ministro de algún culto religioso lo exime de observar sus deberes ciudadanos enmarcados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la propia de Tlaxcala, que garantiza los derechos individuales y las obligaciones como ciudadanos y que en este caso no hay ningún fuero legal que ostenten los personajes involucrados, por lo tanto también deben respetar la ley.
¿Qué pasa con la denuncia?
GGD.- Como abogado no creo que proceda, mas sin embargo vamos actuar como debe ser, quisimos que se hiciera esto porque entre toda la gente que esta se les está pidiendo el nombre y firma y con eso estamos armando el paquete, vamos a ir a Tlaxcala y armaremos la denuncia de hechos en contra del obispo y todos sus seguidores inclusive en contra del mismo asesor jurídico de ellos.
¿En qué términos legales?
GGD.- Abuso de autoridad directamente contra el Obispo de Tlaxcala Francisco Moreno Barrón y el párroco Rene Méndez Juárez y el abogado Alejandro Nava Pérez por el delito de calumnia.
Y por presunto despojo a Glafira Morales, Angélica Cortes, Valentín Roldan, Cirilo Sánchez, Roberto Viyarza, Ángela Gutiérrez, Lucia Zempoalteca, María del Carmen Babosa Flores, Rosa Juárez Ramírez, Maria Bonilla Zempoalteca, Ninfa Meza Gutiérrez, Emma Zempoaltecatl, Francisco Pichón, Maribel Meneses Cortes, Ericka Morales y Sandra Morales.
La abogada Mary Paz Cuapio Mendoza explicó a los presentes que la desobediencia a las autoridades la ley da tiempo y circunstancia, la responsabilidad y circunstancia de obediencia a un superior legitimo en el orden jerárquico.
“Aun y cuando su mandato constituya un delito, si esa circunstancia no es notoria y se prueba que el acusado lo ignora pero el hecho de que un sacerdote deje de obedecer un mandato de autoridad legítima, porque su superior en el orden religioso le ordene que no obedezca dicho mandato no puede constituir dicha excluyente.
Toda vez que el estado no reconoce jerarquías dentro de la religión, ese sacerdote y todas las personas que intervinieron, las demás obviamente como el estado no reconoce la jerarquía de la asociación religiosa, por tanto no tienen interés jurídico, “estamos hablando del despojo como cuerpo del delito”.
La Constitución federal no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesia, por tanto no pueden jurídicamente desistir patrimonio de la iglesia por la sencilla razón de que no teniendo personalidad alguna, resultaría absurdo que hubiera propiedad sin propietario.
Por otra parte aun cuando el artículo 27 de la Constitución solo menciona como bienes propios de la nación los templos destinados al culto público ya existentes o que en lo sucesivo se erigieren en el artículo 130 de la misma, dispone que en cada templo debe de haber un encargado de los objetos pertenecientes al culto.
Es decir de los bienes materiales que se hallan en el interior de los templos, excepto que carecería de objetos si dichos bienes fueran de la propiedad de la iglesia y no de la nación.
Además la ley reglamentaria del artículo 130 constitucional claramente dispone que con excepción del dinero la propiedad de los bienes y muebles de la iglesia es de la nación.
Lo que quiere decir que aunque el padre estaba encargado del templo no estaba encargado de la construcción sino de lo que hay adentro, imágenes, santos únicamente los bienes muebles, que él tenía en ese momento solo la posesión de los muebles y del inmueble no, por consiguiente también comete el delito de despojo.
Ante esta situación, los feligreses decidieron aportar sus firmas, dos mil 400, para que salga de Ayometla el sacerdote, condicionante que advirtieron, es la única salida del problema, además de culpar de lo que llegara a ocurrir, sería responsabilidad del obispo Francisco Moreno Barrón, por considerar que con su actitud “ha enconado los ánimos que podrían desencadenar en actos violentos que el pueblo de Ayometla no quiere.
Tlaxcala vive una situación de emergencia, policías que resultan secuestradores, funcionarios que renuncian, el Gobernador peleado sin remedio con la prensa, los diputados que basifican hasta el perico, al fin y al cabo que Tlaxcala es la “Isla de la Fantasía”.
Al menos en Ayometla, ya despertó el Tlaxcala bronco, lo que viene causará sin duda alguna jurisprudencia para otros casos si no iguales similares, pero nos toca ser parte de la historia donde bandidos asechan a las familias en el Arco Norte, los robos y asaltos se multiplican y lo que faltaba, ahora hasta denuncian al Obispo, todo por el maldito dinero… A VER QUE SIGUE