Luego de más de cuatro años de un gobierno estatal improductivo, arbitrario, con muchas cosas por aclarar; así como con enormes pasivos y cuentas públicas de distintas dependencias con una excesiva falta de comprobación de los recursos públicos que han manejado; y en el marco de la salida gradual que se está dando de titulares en el gabinete marianista, urge un informe a fondo de la situación fiscal en prácticamente todo el aparato gubernamental.
En este sentido, el Congreso ha mostrado su tibieza para buscar los mecanismos, no sólo para llamar a comparecer a las cabezas de las secretarías de gobierno; sino para buscar la aplicación de auditorías objetivas acompañadas de la forma de resarcir el daño, que en su caso, le estén haciendo a la entidad al no comprobar cantidades millonarias de recursos.
En conjunto con lo anterior, es necesario que también se conozca el paradero real de los recursos que si se aplicaron, para contar con la certeza que no hay facturas apócrifas, o cuentas públicas maquilladas.
La salida de Orlando May Zaragoza de la Comisión de Seguridad Pública por la presión ejercida contra su persona después que parte de sus elementos fueron encarcelados por actividades de delincuencia organizada, ha puesto el inicio a la salida gradual de otros funcionarios del gabinete del Gobernador Mariano González Zarur.
Sin embargo, el ocultamiento de la investigación de fondo que se debe estar llevando a cabo por parte de la PGJE y de la PGR, donde sólo se han manejado generalidades de dicho asunto, pero que nada se dice de cómo se movían los recursos al interior de la Comisión de policía, la cual por cierto está entre las dependencias con cuentas públicas que ostentan cuantiosos faltantes de comprobación de recursos.
En este tenor, y bajo este antecedente, se da la salida de Josefina Espinoza Cuellar del COBAT, donde a la problemática que normalmente ha enfrentado este subsistema, se incorporó una etapa de intromisión de las autoridades en la vida de los sindicatos, los cuales han estado en conflicto prácticamente durante todo el sexenio; los logros en esta dependencia educativa fueron casi nulos, pero lo que sí logró esta funcionaria fue un clima de inestabilidad; atrasó en la certificación de docentes y el ocultamiento de información.
Continuando con la salida de funcionarios del gabinete marianista; ya se ha difundido la salida de Jonathan Bretón Galeazzi de la SEFOA, dependencia que durante su presencia, se ha puesto de manifiesto la queja de organizaciones campesinas que critican la forma discrecional en el reparto de apoyos, y donde aún está fresca la desaparición de varias toneladas de fertilizante el año pasado, hecho que nunca aclaró ni él, ni el gobierno al que pertenece; además de que también al igual que las anteriores dependencias, SEFOA es de las señaladas por falta de comprobación de una gran cantidad de recursos públicos.
Así mismo, ya se prevé la posible salida de otros secretarios del gabinete; y aquí el asunto no es que se vayan; sino que se conozca cómo dejan las finanzas en las mismas.
Lamentablemente, el panorama en cuanto a transparentar dichas administraciones de estos funcionarios y otros, resulta oscuro como el tipo de trabajo de los antes mencionados, y resulta oscuro porque su propio jefe el gobernador, no ha manifestado ni la más leve muestra de cumplir su compromiso de que su gobierno iba a ser una caja de cristal.
Contrario a esto, González Zarur prácticamente canceló su voluntad de dar la cara a la prensa para hablar de todos y cada uno de estos asuntos (bueno su voluntad en este sentido ha sido muy limitada durante toda su administración), y al cancelar esto, prácticamente cancela un canal de información alterno al del gobierno, al que tiene derecho la ciudadanía para conocer las actividades del aparato gubernamental.
¿Qué se quiere ocultar en lo que prácticamente se está viendo como el desenlace adelantado de este gobierno?
El asunto es que si el Congreso sigue permitiendo dicho ocultamiento de información será copartícipe de un posible saqueo a la entidad.
En este escenario, estamos a tiempo, si no de recuperar los posibles recursos multimillonarios perdidos; al menos de salvar algo de aquí a que termine la presente administración del gobierno; y ejercer el derecho ciudadano a conocer lo qué ha pasado durante estos poco más de cuatro años con nuestros recursos en Tlaxcala.