- La nueva normativa, recurso último del gobierno federal para recuperar la confianza ciudadana
- Riesgo: los grupos regresivos buscarán limitar los alcances de la ley en su tránsito legislativo
- Con Aurora Aguilar en la Comisión de Hacienda se reconforma el tablero panista en Tlaxcala
Ya voló doña Rosita. Fue a reunirse con el buen humor y la franqueza de don Oscar, su pareja de toda la vida. Un abrazo a sus hijos.
Aunque al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aún le falta un largo trecho por recorrer, su aprobación por la Cámara de Diputados debe reconocerse como un paso trascendente en la búsqueda de mejores mecanismos para penalizar las mil formas de burlar la ley concebidas por nuestra clase política. Conviene, desde luego, estar conscientes de que su plena eficacia se logrará sí, y sólo si, la Ley de Transparencia que se procesa en el Senado libra las objeciones interpuestas por la Consejería Jurídica de la Presidencia, y puede seguir su camino a San Lázaro en pos de su sanción final. Y es que el SNA carecería de sentido sin el complemento de la Ley de Transparencia, de igual forma que tampoco ésta sería funcional sin el respaldo de aquel. A falta de cualquiera de las dos normatividades, todo intento por combatir la corrupción gubernamental y reconstruir la confianza de la sociedad en las instituciones del estado sería en vano.
Trámite tortuoso
La siguiente aduana que debe superar el nuevo órgano anticorrupción es justamente la Cámara de Senadores, varios de cuyos integrantes -aspirantes a gobernar sus estados- tratarán de reducir sus alcances. Su presidente Miguel Barbosa anticipó ya que sujetar la iniciativa a un minucioso análisis les llevará marzo y parte de abril. No hace falta mucha agudeza para intuir que, en ese lapso, será sometida al asedio de los que aún no entienden que no entienden. Y como el proyecto de decreto exige reformar diversos artículos de la Constitución, tendrá que pasar por los Congresos locales en los que también hallará resistencias, máxime que 21 de los 32 estados tienen gobiernos priístas. Y luego vendrán, amigo lector, las leyes secundarias en las que, júrelo usted, las corrientes regresivas del tricolor tratarán de imponerle candados para restarle funcionalidad. Empero, hay un factor de peso que obra a favor: el interés que, por razones obvias, tiene el gobierno federal de concluir los trámites legislativos antes de las elecciones de junio.
Los avances -1-
Cuando concluya su recorrido legislativo será llegado el momento de adentrarnos en sus contenidos. Entre tanto, adelanto a usted algunas de sus partes que, de no sufrir recortes, podrían llegar a representar muy significativos progresos. De entrada, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción será un ente autónomo del Poder Ejecutivo; su titular estará investido de atribuciones legales amplias y dispondrá del presupuesto necesario para investigar funcionarios indiciados y, si fuera el caso, para procesarlos judicialmente. Y una novedad: sus indagatorias podrán trasponer la barrera de los secretos fiscal, fiduciario, bursátil y bancario. En lo que atañe a la la recién revivida Secretaría de la Función Pública, el Presidente conservará la facultad de nombrar a quien la encabece, pero precisará de la aprobación por mayoría calificada del Senado. Así mismo, se creará un Tribunal de Justicia Administrativa autónomo cuyos magistrados se designarán por el Senado a propuesta del Presidente; su tarea será sancionar las faltas administrativas graves y, por supuesto, los actos de corrupción.
Los avances -2-
Para concluir este sucinto repaso del articulado del SNA aprobado por los diputados, es de destacarse el hecho de que la otrora inofensiva Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizará auditorías en tiempo real al gasto gubernamental, podrá atraer investigaciones sobre desvío de recursos a petición de los congresos locales y auditará todas las partidas financieras que procedan de la Federación y que son administradas por los estados y los municipios. La ASF estará facultada para promover juicios de revisión si la actuación de la Fiscalía Especializada no fuera exhaustiva. Y dos relevantes datos: al igual que las averiguaciones de la Fiscalía, las que emprenda la ASF tampoco toparán con las antes infranqueables secrecías fiscales, fiduciarias, bursátiles y bancarias. Además, ya no tendrá que esperar a mayo para comenzar a fiscalizar los recursos del año próximo anterior; podrá empezar el primer día hábil del año fiscal.
Los afectados
Es de todos sabido que, en casi todas las entidades federativas, se cometen latrocinios a discreción contra el erario. Esto es posible gracias a la lenidad de Congresos y órganos fiscalizadores que en su mayoría están bajo el control de los Ejecutivos Estatales. Ante la posibilidad de que ese status se modifique ha puesto a temblar a no pocos gobernadores, temerosos de que la forma como manejan las participaciones sean escrutadas por la ASF, dotada ya de las capacidades fiscalizadoras y punitivas de las que antes carecía. Ese sacudimiento dejó sentir sus trepidaciones en Tlaxcala que, sabido es, depende en un 97% de los dineros que le asigna la Federación. Ante esa riesgosa perspectiva, los mandatarios estatales moverán cielo, mar y tierra para que, en el Senado de la República, se frene la pretensión de que haya un órgano como la ASF -ajeno a su control-, abocado a la tarea de investigar las finanzas de sus respectivos feudos.
Las omisiones
Si el SNA se aprueba en el Senado sin mutilaciones, y si obtiene la venia de la mayoría simple de los Congresos de los estados, podrá decirse que la nueva ley sí recogió una parte sustantiva de los reclamos de la sociedad para que, por primera vez en México, se combata de frente la corrupción gubernamental. ¿Qué faltó? A mi juicio, se dejaron fuera tres temas fundamentales: 1) la anulación de todo tipo de fueros; 2) la imprescriptibilidad del delito de peculado en toda su gama de variantes (en lugar del plazo de 7 años previstos en el SNA) y, 3) la publicación de las declaraciones patrimoniales, de impuestos y de conflicto de interés de funcionarios de mediano y alto rango en los tres niveles de gobierno, así como un mecanismo confiable que verifique su autenticidad.
ANTENA NACIONAL
Aurora Aguilar
La Presidencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados es un cargo que confiere a quien lo ocupa poder y prestigio. En ese espacio se negocia el presupuesto anual de la Nación, se definen las políticas impositivas, se distribuyen las partidas, se precisan los rubros, se realizan los ajustes a que obliga el vaivén de las finanzas del país y donde se discute la incidencia que en ellas tienen las cambiantes circunstancias de la economía mundial. Es en la Comisión de Hacienda, donde el Ejecutivo -con los funcionarios de la secretaría del ramo- consensa con el Legislativo las decisiones que inciden en el desarrollo y el crecimiento de México. A esa responsabilidad no había tenido nunca acceso una mujer, y es por ello doblemente significativo que Aurora Aguilar, diputada por Tlaxcala, haya sido designada por su partido para desempeñarse en tan delicada función.