Dice el gobernador que “no se confrontará con los diputados”, pero desatiende sus peticiones
La lucha vs. la corrupción debiera ser objetivo principal de la “coordinación de esfuerzos”
Transparencia u opacidad, dilema hamletiano -ser o no ser- del gobierno tlaxcalteca
No hay forma de dejar atrás los temas de la corrupción y la impunidad. Cómo poder hacerlo si ambas patologías sociales tienen asolado al país, han penetrado hasta el último rincón de la administración pública, destruyen la moral ciudadana, denigran a México, inhiben la inversión y el crecimiento y, además, se retroalimentan entre sí. Tan grave se percibe la situación en las altas esferas del gobierno que, al ser entrevistado por el Financial Times, el siempre cauteloso Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, hubo de reconocer que el asunto es “…tremendamente importante, algo que debe abordarse, y sobre el que hay que realizar esfuerzos puntuales …”.
La extraviada confianza
A su vez, el secretario de Hacienda Luis Videgaray, implicado al igual que el presidente Enrique Peña Nieto en un conflicto de interés que indignó al colectivo social, admitió a la publicación británica, que “…necesitamos hacernos responsables por lo que hemos hecho y asumir los retos…”. Sin acudir a subterfugios, el hombre más cercano al Primer Mandatario asumió públicamente que “…más que discursos bonitos se requieren políticas consistentes. No solo se trata -confesó- de reformar, reformar, reformar; hay que abordar lo que realmente importa a la sociedad mexicana, que es no sólo la corrupción y la transparencia. Va más lejos -descubrió el alto funcionario- tiene que ver con la confianza…”.
¿Coordinación de esfuerzos?
Considerando la coincidencia de opinión de los máximos responsables de la buena marcha de la economía nacional respecto de la desconfianza ciudadana en sus gobernantes, no se entiende que, aquí en Tlaxcala, haya quienes vean llover y no se hinquen. Son los mismos que se obstinan en ignorar que todo aquel que por sus manos pasa dinero público debe rendir cuentas a la soberanía popular, tantas veces como esta se lo solicite. Como usted sabe, amigo lector, toca al Poder Legislativo llevar al cabo la función fiscalizadora a que le faculta el texto constitucional y, pese a que, en loor de la verdad, los señores diputados raramente han desempeñado esa tarea fundamental, ahora que por fin decidieron hacerla valer, ahora, repito, es el titular del Ejecutivo Estatal el que no concede el permiso para que sus secretarios acudan al Congreso a explicar los pormenores de sus respectivos quehaceres. Esa actitud, tan obviamente reñida con la transparencia, se ubica en las antípodas de lo que Luis Videgaray llama “políticas consistentes” y Agustín Carstens “esfuerzos puntuales”.
Rogativas pastorales
La pérdida de credibilidad de la clase gobernante es motivo de general preocupación. Al respecto, ya se dejó oír la serena palabra del Obispo de Tlaxcala, Francisco Moreno Barrón, al pedir a sus feligreses que “…rueguen por la conversión de aquellos que le están haciendo daño a la Nación, de aquellos -enfatizó el prelado- que quieren vivir en la corrupción y en la impunidad…”. Y tal como lo hizo el respetado conductor de la grey católica en ocasión del inicio de la Cuaresma, toca ahora el turno a los demás sectores de la sociedad que hasta ahora no se han manifestado. Si las voces ciudadanas se unen y se hacen oír, los gobiernos en sus distintos estamentos acabarán por convencerse que mantener en la opacidad la cosa pública podría llevarles a tener que responder de su gestión ante los tribunales.
Estudio sobre la corrupción
Luis Carlos Ugalde encontró en el ensayo político y la actividad periodística el espacio idóneo para desarrollar sus indiscutibles talentos. El que fuera Consejero Presidente del extinto IFE, publicó en la revista Nexos de enero un estudio -el más completo y coherente que conozco- sobre cómo la pluralidad de la democracia mexicana, lejos de acabar con la corrupción, la terminó potenciando. En lugar de que los partidos se cuidaran unos a otros, fueron tejiendo entre todos una tupida red de complicidades y encubrimientos que contribuyó a que se registrara un aumento exponencial de la impunidad. Por su concisa exhaustividad, por su claridad expositora, por su sólida objetividad y porque parte de una rigurosa investigación, el ensayo de Ugalde será en adelante de consulta obligada para quien se interese en conocer del tema que, hoy por hoy, acapara la agenda nacional.
Mecanismos de la rapacidad -1-
Entre los diversos cauces por los que discurre la corrupción oficial, Ugalde destaca el de la contratación de la obra pública. Valiéndose de testimonios directos nos hace saber que las bases de las licitaciones “…o se manipulan, o se usa la figura de la adjudicación directa, o simplemente se simulan concursos abiertos, pero al final se favorece a un ganador, dándole vuelta a la normatividad por diversas rutas y con un entramado de empresas ficticias que simulan y lavan activos…”. Son precisamente este tipo de cuestiones las que -si tiene a bien permitirlo el ciudadano gobernador- debe aclarar en el Congreso Roberto Romano Montealegre, el secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda.
Mecanismos de la rapacidad -2-
“…otra práctica común en la nueva ola de corrupción mexicana -dice el estudio de Ugalde- es el peculado o malversación de fondos públicos: desvío de recursos, reasignaciones presupuestarias para dar al dinero fines distintos a los autorizados y, en ocasiones, literalmente, para robarse el dinero de la caja…”. Entre los muchos casos que aquí ocurren con frecuencia alarmante, El Sol de Tlaxcala reveló el de Orlando Santacruz Carreño, ex alcalde de Apizaco, en cuya gestión se llegó al extremo de alterar el monto de una factura para embolsarse el dinero de la municipalidad. Quien quiera que haya sido el beneficiario del desfalco, hubo de falsificar la firma de una dama -Rocío González Chávez-, ajena por completo a la maniobra. Lo increíble es que Santacruz Carreño, pese a contar con esos antecedentes, conquistó ayer la candidatura panista por la diputación federal del Primer Distrito. Ahora su impulsora, la senadora Adriana Dávila, tendrá que explicar la conducta de su protegido, habida cuenta que ella misma está en pos de la nominación blanquiazul para el 2016. Y, por otra parte, dado que al órgano fiscalizador le pasó de noche la póliza amañada, estemos atentos a lo que diga su titular Crispín Corona, amigo o ex amigo del presunto malversador.
Para la Primera Plana:
Si las voces ciudadanas se unen y se hacen oír, los gobiernos en sus distintos estamentos acabarán por convencerse que mantener en la opacidad la cosa pública podría llevarles a tener que responder de su gestión ante los tribunales.
José Vicente Sáiz Tejero