Lamentablemente, el tema de la desaparición forzada en nuestro país sigue siendo un tópico de actualidad. Casos emblemáticos, como el de Rosendo Radilla Pacheco, han dado cuenta de ello.
En 1974, Radilla Pacheco fue víctima de desaparición forzada por elementos del ejército mexicano y esto provocó que el asunto se ventilara, finalmente, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que derivó en que dicho órgano jurisdiccional emitiera una sentencia en el año 2009, misma que se le notificó al Estado mexicano, logrando cimbrar de esta manera el orden jurídico nacional.
Aunque la desaparición forzada de la que fue objeto Rosendo Radilla Pacheco tiene algunas décadas de haber acontecido, desafortunadamente este delito, que desde luego constituye también violaciones a derechos humanos, continúa cometiéndose en México.
Con lo anterior me refiero a los hechos sucedidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando en los municipios de Iguala y Cocula, Guerreo, fueron desaparecidos 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, al parecer por policías municipales.
Con estos hechos, existe evidencia de que la desaparición forzada sigue siendo un grave problema que el Estado mexicano no ha podido erradicar, muy a pesar de los esfuerzos emprendidos para evitar este delito.
Pero resulta que en el caso de los jóvenes estudiantes desaparecidos es posible ver otro ingrediente que agrava, aún más, lo que de hecho ya es un grave problema: me refiero a la delincuencia organizada.
Además de que elementos policiales probablemente incurrieron en la desaparición forzada de estos jóvenes, aparentemente los estudiantes fueron entregados a la delincuencia organizada. De confirmarse tales supuestos, estaríamos ante la presencia de un problema que nos debería preocupar a todos los mexicanos, puesto que la mezcla entre el autoritarismo y la delincuencia organizada potencializan las vulneraciones a los derechos humanos de todas las personas, quedando en riesgo el derecho a la libertad, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad, entre otros. En este punto radica la gravedad del hecho y es por ello que se debe poner especial atención en este tema.
A efecto de que se tenga una noción sobre lo que se debe entender por desaparición forzada de personas, me permito reproducir el concepto previsto en el Código Penal Federal, en su artículo 215-A, que dice: “comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.
Del mismo modo, en el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se establece que: “se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Del mismo modo, en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas encontramos una definición en el artículo 2 que dice: “para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
* Segundo Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
