- Se estrecha el cerco contra los políticos que no pueden acreditar el origen lícito de su riqueza
- La amañada licitación de la obra pública, fuente inagotable de la desbocada corrupción oficial
- Si el sistema no se autodepura, terminará por serle imposible contener la indignación social
Murat, Herrera, Sabines, Moreira, Reinoso, Granier, Vallejo, Padrés, Duarte, Aguirre. ¿Le suenan esos apellidos, amigo lector? Corresponden a gobernadores y ex gobernadores que, por una u otra causa, tienen pendiente explicar de qué manera se hicieron de la riqueza que atesoran. La lista no es excluyente ni está cerrada; irá sumando todos los nuevos nombres con merecimientos suficientes para ingresar en esa selecta relación de mexicanos que tanto “bien” le han hecho a la Patria. Y no olvidemos que, alrededor de esos preclaros personajes, existe siempre un extensísimo entramado de complicidades que incluye hermanos, hijos, esposas, parejas, sobrinos, parientes políticos y prestanombres varios. El problema que ahora enfrentan es que, en su insaciable codicia, van dejando hilos sueltos muy fáciles de seguir para cualquiera que se proponga hacerlo, sean periodistas acuciosos o, mas raramente, legisladores, fiscales y procuradores de justicia decididos a cumplir con su deber.
De la corrupción sin freno
“…Un empresario me lo dice en voz baja. No quiere que le escuchen en las mesas cercanas del restaurante donde comemos: ¡nunca vi robar de esta manera!…”. No era conmigo con quien se sinceraba ese empresario anónimo, ni el restaurant en cuestión está en Tlaxcala; fue con Carlos Loret de Mola y el mesón donde comían es de la ciudad de México. Luego de esa conversación, el conocido periodista escribió que “…la corrupción generalizada está causando una crisis que se ahonda y las respuestas oficiales son, por decirlo suavemente, insuficientes...”. Y uno se queda pensando que si allá se las califica de insuficientes, aquí… ¡son inexistentes! En Tlaxcala, la voz oficial sigue en silencio, pese al agravio que su sospechosa mudez inflige a la transparencia.
Funcionarios amordazados
El ex gobernador tlaxcalteca José Antonio Álvarez Lima -dedicado actualmente al quehacer periodístico- percibe también que “…la demanda por la transparencia total es general…”. El político que abrió paso a la alternancia en la entidad afirma que el reclamo “…no tiene ideología, partido ni religión, es de la mayoría...”. Y agrega: “…la exigencia es que todo el gasto público esté en la red: nóminas y contratos; transferencias y subsidios. Cheque por cheque y factura por factura…”. Aquí en Tlaxcala -la verdad sea dicha- nos conformaríamos con menos: en principio bastaría que el gobernador González Zarur autorizara al titular de la Secoduvi para comparecer ante la representación popular y aclarara las irregularidades detectadas en la contratación de la obra pública en los últimos cuatro años, anomalías que han lastimado al gremio constructor tlaxcalteca y que fueron ya denunciadas, tanto en el Congreso local como en el Congreso de la Unión, sin que la administración actual haya prestado oídos a una cuestión que puede dar mucho de que hablar en un futuro no demasiado lejano.
La empañada caja de cristal
Pongo lo anterior en palabras del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la entidad, Delfino Chamorro Macías, publicadas apenas ayer por El Sol de Tlaxcala: “…las empresas con más éxitos en la obtención de obra pública en el estado están ligadas al secretario de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda, y otras simulan ser firmas competidoras que comparten un mismo socio...” Luego de señalar el origen poblano de varias de esas empresas, añadió que “…la asignación directa se realiza sin la participación del Comité de Obras que exige la ley…”. El representante de los constructores locales terminó su intervención con una sentencia lapidaria que apunta todavía más arriba y que debiera poner a pensar al principal responsable: “La actual administración aplica las leyes a la medida de sus intereses”. Después de lo dicho… ¿qué más le hará falta al Congreso y al Órgano Fiscalizador Superior para que se decidan a tomar cartas en el asunto?
La repulsa social
No parece haber opinador que no comparta el reclamo al que alude Álvarez Lima. El historiador Héctor Aguilar Camín -por cierto buen amigo de juventud de don José Antonio- escribió hace unos días acerca de lo que llama “la revuelta anticorrupción”, parangonando el enfado de hoy con la indignación de los años ochentas contra el fraude electoral. El también exitoso novelista recuerda que “…aquella ola de protesta contra el control de las elecciones por el gobierno y el rechazo al fraude rutinario que de él derivaba, crecieron incontenibles en unos años hasta que el asunto se volvió innegociable…”. En efecto, lo que parecía imposible -derrotar al PRI a fuerza de votos- se hizo realidad tan sólo veinte años después. La correlación que propone Aguilar Camín entre ambos fenómenos es obvia, excepto para los que creen que “…aquí nunca pasa nada…”. Esos incrédulos son los mismos que olvidan que fue precisamente aquí, en Tlaxcala, donde pasó lo que parecía impensable, dos años antes de que, en el 2000, el “invencible” tuviera que desalojar la casa presidencial a consecuencia de la exasperación popular expresada en sufragios.
El último valladar
Los datos duros nos avasallan. Un escándalo sucede al otro sin solución de continuidad. La corrupción, estimado lector, galopa sin freno, tal vez como nunca antes en la historia reciente del país. Los más viejos recuerdan el tiempo del sexenio alemanista, donde se cuenta que el primer presidente civil de la revolución, el veracruzano Miguel Alemán Valdés, hizo y dejo hacer todo lo habido y por haber. Hasta que llegó don Adolfo Ruiz Cortines a poner orden en el desorden. Pero… ¿de qué tamaño es el boquete abierto al erario por esa cauda de políticos y empresarios inescrupulosos? Un indicio lo proporciona las recientes indagatorias practicadas al banco HSBC -cuya casa matriz está en Hong Kong-, gracias a las cuales se sabe que dos mil 642 mexicanos utilizaron los servicios de esa institución para poner a buen recaudo en Suiza sus dineros inexplicables, con lo que de paso se libraron del pago de los correspondientes impuestos. Se calcula que han depositado en el país centroeuropeo dos mil 200 millones de dólares, es decir, más o menos 34 mil millones de pesos. Una bicoca, pues. Y eso, en un sólo banco y en un paraiso fiscal. Pero hay muchos, muchísimos más. Y dada la ambigua actitud de quienes encabezan las instituciones del estado para enfrentar a la corrupción, el ciudadano se pregunta… ¿quién podrá contener esa compulsión delictiva? Tengo la respuesta: ¡sólo una sociedad bien informada, dispuesta a hacer valer sus derechos!