- Las medidas anunciadas por Peña Nieto atizaron aún más la indignación ciudadana
- Ajenos a la realidad quienes, desde las cámaras, obstaculizan el Sistema Nacional Anticorrupción
- El escándalo abrirá paso a una legislación más específica sobre la rendición de cuentas
El mexicano es por naturaleza malicioso -en el buen sentido de la palabra-, agudo y perspicaz. Es además vivaz e ingenioso y, aunque posea un nivel educativo modesto, es difícil engañarlo. Quizá no entienda mucho de leyes y de números, pero es especialmente sagaz para adivinar las celadas, evitarlas…, y luego buscar la manera de desquitarse. No son pocos los políticos que, en las urnas, han recibido el pago a su arrogancia y deshonestidad. Ese mexicano, que puede ser cualquiera -usted o yo, por ejemplo, amigo lector-, ha convivido con una realidad que suponíamos inamovible: el poder cuasi absoluto que, constitucional y metaconstitucionalmente, tiene un presidente de la República en este país nuestro. Un Primer Mandatario lo podía todo; era dador de bienes y fortunas…, o de males y desgracias. Pruebas de esa omnipotencia sobran en la historia reciente de México.
En busca del aplauso perdido
Sin embargo, la vieja conseja que nos hizo creer en el poder sin límites del titular del Ejecutivo Federal, vino por tierra el pasado 3 de febrero. Fue el propio Enrique Peña Nieto quien quitó sustento a la sospecha de que, a cambio de contratos, él mismo, sus familiares y sus colaboradores cercanos, se habrían beneficiado con dádivas que la ley no permite. Y lo consiguió con sólo aclararnos que “…el presidente no otorga contratos, no adjudica compras ni obras, no participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios…”. Y para no dejar espacio a la duda, encargó a un subordinado suyo que lo investigue, a fin de terminar con ese molesto tema de los conflictos de interés, tan traido y llevado por esos antipáticos comunicadores que “…no aplauden…”.
Contradicciones al descubierto
Su discurso, empero, dejó varios cabos sueltos. Por ejemplo este: el presidente no otorga contratos…, pero sí puede cancelar una licitación internacional fallada a favor de una empresa china, casualmente asociada con un antiguo conocido suyo, el mismo que todavía tiene a su nombre la ya célebre Casa Blanca, y que es el mismo que le concedió facilidades crediticias extraordinarias a su secretario de Hacienda para adquirir una residencia de descanso en Malinalco. No importa que la anulación del concurso del tren de alta velocidad a Queretáro careciera de soporte jurídico ni que la tasa bajísima de interés que el constructor le diera al ministro Videgaray constituyera una merced ilegal: para eso uno es el señor presidente, y otro el secretario más poderoso del gabinete. Y quien puede lo más, puede lo menos: por eso sacaron del limbo a la Función Pública, secretaría que estaba en espera de su acta de defunción definitiva en cuanto el Poder Legislativo diera vida al órgano constitucional autónomo, incluido en la Reforma político-electoral convenida en el Pacto por México. La demora es atribuible a que los senadores priístas obstaculizan la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción.
Exacerbación del enojo ciudadano
Mas dejemos las ironías para ir directos a la decisión presidencial de nombrar al maestro Virgilio Andrade como titular de la dependencia controladora del manejo del dinero público, con el fin -dijo el mandatario- de que investigue si hubo conflicto de interés en la adjudicación de los contratos de obra a favor de la empresa Higa. La medida tuvo de inmediato un efecto contrario al objetivo perseguido: la gente, además de incrédula, está ahora cabreada, pues sabe de antemano que el desenlace obligado del montaje será que los dichos contratos sí cumplieron con la normatividad establecida y que, por tanto, no hubo ilegalidad ninguna en su otorgamiento. Aclaremos: la Función Pública no tiene atribución legal para ir más allá en los casos que pide el presidente que sean investigados. Y en la remota posibilidad de que Andrade -excediéndose en sus funciones- hallara culpa en el proceder de Peña Nieto, bien se sabe que la única causa por la que puede juzgarse al Presidente de la República es por traición a la patria. Por nada más.
El encargo imposible
Pobre del buen Virgilio Andrade: el toro que le tocó en suerte no tiene lidia posible. Vea usted: en la toma de posesión del nuevo secretario, su jefe, el presidente, se autoexoneró anticipadamente, sin esperar a conocer el resultado de las pesquisas que acababa de ordenarle. Esto fue lo que dijo: “…es importante precisar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala, a la letra, lo siguiente: “habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.” Acto seguido afirmó: “…esto nunca ha sido el caso en mi responsabilidad como Presidente de la República, y tampoco en mis cargos públicos anteriores…”. Y para disipar cualquier suspicia, agregó: “…en el ejercicio de mis funciones siempre me he conducido con imparcialidad y apego a derecho…”. Luego de oír la sentencia presidencial, cabe preguntar: ¿qué margen de maniobra tiene don Virgilio Andrade?
El poder de lo medios
Interesa mucho precisar que, si estamos en este punto no es porque las instituciones hubieran cumplido con su deber fiscalizador. No, amigo lector, lo que indujo al titular del Ejecutivo Federal a pedir públicamente que se le investigue fue la acuciosa tarea de los medios de comunicación. Dejemos de lado que la forma en que lo hizo le asegura que no habrá sanción a su conducta; lo cierto es que, depuesto por voluntad propia el escudo legal que le protege, por vez primera en México se someterá a escrutinio el proceder de un presidente. Lo anterior sienta un precedente inédito: en adelante, su sacralizada figura podrá ser indagada si sobre ella pesa alguna sospecha de corrupción. El destruido manto de impunidad dejará de proteger también a sus secretarios y, más temprano que tarde, a los gobernadores. No importa que la averiguación que realice Virgilio Andrade conduzca a la exoneración del presidente; el punto a destacar es que la investidura del cargo ya no eximirá a nadie de la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía.
ANTENA LOCAL
Mutismo estratégico
El gobernador no responde. El Secretario de Gobierno tampoco; aduce que lo hace por.. ¡estrategia! Hace bien: la elocuencia de su silencio será siempre preferible a la peligrosa incoherencia de una respuesta improvisada. Por lo demás, sabemos que informar a la ciudadanía no es prioridad de esta administración. Y lo prueba el hecho de que el gobernador aún no da su venia para que sus secretarios expliquen su quehacer a la representación popular. Lo más probable es que nos quedemos, amigo lector, sin saber -entre otras cosas- cómo se ha licitado la obra pública a lo largo de estos últimos cuatro años.