Luego de mucho misterio tanto el Obispo de Tlaxcala como el Gobernador finalmente se decidieron a hablar, se les pasó el susto tras la salida del tabasqueño que fungía como jefe de la policía estatal acreditable, Orlando May Zaragoza, quien ya es historia y forma parte de la leyenda negra.
Ambos personajes no resistieron los embates de la opinión pública, dijeron que no sabían nada, que se estaba aplicando la justicia, - pero en los bueyes de su compadre- y total que en su planeta todo es color de rosa y es la burbuja más segura del país.
Vamos a ver si es cierto que le cortan la cabeza a ese enorme reptil de la corrupción que es más que evidente que se ha enseñoreado en Tlaxcala.
Sin embargo los alcaldes hablaron, las diputadas y senadoras hablaron, hasta que a los diputados locales les cayó el veinte y se hizo un frente común para sacudirnos a las tepocatas tricolores.
Pero sigue viva a nivel nacional e internacional la leyenda negra, con esto de los policías estatales acreditables que resultaron secuestradores, no hay que olvidar que entre la trata de personas y ahora los policías corruptos, está en entredicho el paraíso terrenal de quien gobierna.
Esa leyenda negra que se hizo patente cuando gobernaba Alfonso Sánchez Anaya del PRD, quien por cierto nunca vio nada malo en la actuación de sus funcionarios, igual que ahora, resultaron ser secuestradores.
Pero eso ya se le olvidó, ahora quiere ser diputado federal, deberían los diputados locales de convertir en ley esa consigna popular para acabar con los chapulines políticos para decretar un “ya bailó, que se siente a descansar”.
Total que la manga ancha y el exceso de confianza que se ha destapado en una de las dependencias más importantes de la administración estatal, como lo es la seguridad, entró en crisis tras la detención y cese fulminante del Comisionado de Seguridad Publica, Orlando May Zaragoza.
Y para su mala suerte, un día antes de que se fuera, uno de sus angelitos soltó sin explicación alguna a un asaltante en San Migue Contla, el colmo fue que llegó el ex comisionado de seguridad, le pidieron que se identificara.
Salió con la tonta excusa de “se me olvidó mi credencial, pero mis amigos (o sus empleados) de los medios de comunicación me pueden identificar, ese fue el colmo o la gota que derramó el vaso de la incapacidad.
Datos e información recabada de distintos medios de comunicación, dan fe y señalan que quien era el segundo de abordo de Orlando May Zaragoza Ayala, trabajó en corporaciones policiacas del Estado de México, Sonora y Tabasco.
Se le imputan delitos graves y hasta la inhabilitación en una de esas entidades por negligencia administrativa, mismo que era investigado por la PGR y cayó mediante la acción de la PGJE de Tlaxcala.
Los acontecimientos recientes de la actuación de May Zaragoza indican que en Papalotla sufrió una agresión y destrucción de unidades, tras pretender requisar mototaxis, el jefe policiaco resultó lesionado.
La historia nos dice que en junio del 2011, policías federales sometieron y desalojaron el zócalo capitalino, para disolver un plantón de policías estatales, por cierto que esa fue una de las pocas ocasiones en que ha funcionado el ahora desaparecido reloj digital del Bicentenario.
El resultado fue que 88 policías fueron encarcelados y alrededor de 200 elementos fueron dados de baja por su rebelión, de esta forma fue sofocado el movimiento y su líder también fue procesado.
En agosto del 2012, vino el relevo en la secretaría de seguridad estatal, se fue Rubén Santacruz Caltempan y comenzó la era de los gorilas con el arribo de Orlando May Zaragoza Ayala.
De entrada dijo que venía con la instrucción de “profesionalizar y depurar” las fuerzas policiacas estatales, es el tercer funcionario en lo que va de la administración estatal.
A partir de entonces, se han registrado enfrentamientos, algunos justificados, pero en otras con reservas, como en San Miguel del Milagro donde había problemas por motivos religiosos.
Se han realizado diversas intervenciones entre las que destacan rescate de presuntos delincuentes a punto de ser linchados, pero también enfrentamientos y choques con grupos de manifestantes.
Fue el caso en diciembre, cuando fueron sometidos manifestantes de Morena, con grupos del magisterio por igual del MBM que de las secciones 31 y 55, este 2014 se recuerda el enfrentamiento en Tocatlán, por la detención de un petista.
Los mototaxistas de Papalotla también ya saben lo que es enfrentar a la fuerza del estado, lo mismo que productores agrícolas que se pronunciaron en contra de la construcción de una autopista a Puebla y la construcción de un gasoducto.
En San Pablo del Monte con la invasión de tierras y problemas políticos con sus autoridades locales, También los antorchistas saben lo que es una trifulca con granaderos.
Lo mismo que las normalistas, en El Carmen Tequexquitla, por el problema de contaminación y explosiones en Clorobencenos, la “intervención” en el Congreso con empujones a diputados de la LIX legislatura.
La muestra del poder durante horas, mientras se discutía la Ley de pensiones, tras la hueviza a los diputados, fueron alrededor de mil los granaderos que sitiaron la Plaza Juárez.
La trifulca con los transportistas de USU, que aterrorizó a algunos comunicadores que sintieron en carne propia los efectos de las “ráfagas de balas de goma” y hasta inventaron una nueva calle, la del 29 de noviembre.
Para algunas plumas agradecidas, (columnistas y seudo reporteros), agentes de gobernación encubiertos de periodistas pregonan a los cuatro vientos que la utilización de la fuerza policíaca en Tlaxcala es justa y necesaria, pero no toman en cuenta que los granaderos convertidos en gorilas agreden por igual a mujeres, niños y ancianos, agarran parejo.
Ante este preocupante panorama, llama la atención el pronunciamiento de algunos diputados de la actual legislatura, quienes pusieron el dedo en la llaga y encendieron los focos de alarma en torno a la forma en que se aplica la fuerza de la policía estatal.
Diputados de las fracciones parlamentarias de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y Alianza Ciudadana (PAC) condenaron la actuación de los elementos de la ahora Coordinación Estatal de Seguridad.
Lo anterior porque desalojaron, con lujo de violencia, a manifestantes de una empresa de transporte colectivo y de paso, recriminaron al ex titular de la dependencia, Orlando May Zaragoza Ayala su actitud prepotente, por lo que pidieron sea sancionado y hasta destituido del cargo.
La diputada perredista, Eréndira Jiménez Montiel presentó un punto de acuerdo por el cual pide la emisión de un exhorto al gobernador Mariano González Zarur, para que en uso de sus atribuciones, haga un extrañamiento público al ex titular de la SSPE.
Para que evite cometer abusos en el uso de la fuerza pública en contra de ciudadanos que ejercen sus derechos constitucionales a la libre expresión y de manifestación, y a que de repetir dichos excesos se solicite al titular del Poder Ejecutivo local la remoción del citado servidor público.
La propuesta de la legisladora se dio porque el pasado 27 de febrero “un grupo de transportistas en uso de su derecho de expresión, intentó manifestarse en contra de lo que ellos consideran que violenta sus derechos como prestadores de un servicio púbico como es el transporte urbano y suburbano, pero fueron reprimidos con lujo de violencia”.
“No es la primera vez que las fuerzas policiales locales actúan de esta manera, bajo las órdenes del actual secretario de Seguridad Pública estatal, varios han sido los excesos cometidos en contra de grupos de ciudadanos que han pretendido mostrar su inconformidad o diferencia de criterio e, incluso, en contra de algunos diputados de la pasada Legislatura que osaron cuestionar el desmedido actuar del mencionado funcionario.
“El Congreso no puede permanecer ni silente ni complaciente ante sucesos de esta naturaleza, ya que si sólo los vemos pasar indolentemente, parecerá que no hay poder alguno que alce la voz a nombre del pueblo, para denunciar y exigir el cese de estos excesos cometidos en una errónea interpretación del Estado de derecho”, expuso.
Tras solicitar que en ese momento se votara la emisión de dicho acuerdo, porque es urgente que se haga un extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo para que reconvenga a su secretario de Seguridad Pública antes de que su actuar derive en hechos más lamentables que los que ya ha cometido en su paso por Tlaxcala.
“No debe confundirse la defensa de los derechos de terceros con el ejercicio autoritario e intolerante del poder, a través de la intimidación y represión policiaca”, sostuvo.
El gobernador es el primer responsable de ese ejercicio autoritario del poder.
Los diputados del resto de las bancadas se sumaron a esa exigencia de la legisladora del sol azteca.
El legislador del PAC, Serafín Ortiz Ortiz calificó como un exceso el actuar del funcionario estatal, que requiere ser sancionado, pues el Poder Legislativo no requirió la presencia de las fuerzas del orden público “y hasta a nosotros nos cerraron la puerta”.
De la misma manera, el legislador de MC, Refugio Rivas Corona lamentó la actuación del funcionario, por “la tremenda golpiza que dio a la gente que nos visitaba”.
Esos señalamientos, inquietaron a los priistas, su coordinador Marco Antonio Mena Rodríguez, rápido, buscó el cobijo y apoyo del líder de la bancada panista, Humberto Macías Romero, para frenar la aprobación del exhorto.
Tan evidente fue el hecho que Rivas Corona aprovechó la ocasión para recriminar esa “vil conducta”, por lo que pidió a sus homólogos aprobar este exhorto, aunque, irónico, sostuvo que “muchos de nosotros recibimos instrucciones, eso es público y es evidente… no tengan miedo a que les afecten sus ingresos”, dijo a los legisladores.
Ese mensaje tuvo dedicatoria y tras la intervención de la legisladora del PAC, Evangelina Paredes Zamora que pidió a los diputados no “aplicarnos la ley mordaza y denunciar los abusos sin temor”, el coordinador de la bancada panista no tuvo otra alternativa que desmarcarse de un maridaje con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y respaldó la exigencia, aunque sólo públicamente.
“No podemos negar algo evidente, en referencia al exceso del secretario de Seguridad y los policías estatales, el PAN no recibe línea de otro partido y sí estamos a favor de este exhorto”, dijo Macías Romero.
Sin embargo, los priistas Cecilia Sampedro Minor y Javier Vázquez Sánchez, quienes pidieron no realizar un juicio sumario en contra del funcionario estatal y, en cambio, que sean las instancias legales correspondientes las que investiguen esas conductas y, en su caso, finquen y procedan en consecuencia.
Sin embargo, el presidente de la mesa directiva, el panista Roberto Zamora Gracia, sin atender los reclamos de la evidente mayoría y contrario a lo que ha ocurrido en otras ocasiones, se negó a someter la propuesta a votación y sólo la envió a la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP) para su atención.
José Gilberto Temoltzin Martínez y el perredista Santiago Sesín Maldonado, denunciaron que el proceder de la mesa directiva violenta la voluntad de las mayorías en este poder.
Sin embargo no pasa nada, otra vez salieron los granaderos en Chiautempan, todo este panorama es preocupante, qué lejos está esa “Isla de la Fantasía”, nos han invadido los gorilas, al igual que la delincuencia nos quitan la tranquilidad y limitan la libertad de manifestación.
COMPARECERÁN TITULARES DE LA SEGOB Y PGJE EN EL CONGRESO
Con 19 votos a favor y la abstinencia de la fracción del PRI, el Pleno decidió convocar a los titulares de la SEGOB y de la PGJE para que aclaren actos de delincuencia organizada en el estado.
Luego de que el grupo parlamentario del PAN se manifestara en contra de los hechos ocurridos en esta semana, donde se ha evidenciado la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiacas, el Coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso Local, Santiago Sesín Maldonado tomó la tribuna para solicitar la comparecencia de los titulares de la Secretaria de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia del Estado para informar sobre tales sucesos y las acciones a implementar.
“Un tema como el acontecido tiene que elevar la mira de este Poder Legislativo más allá de tintes partidistas, y no puede ni debe quedar silente ante esta atrocidad, ya que el Estado dentro de sus principios fundamentales tiene el monopolio de la fuerza pública y es el único que está facultado para ejercer ésta través de sus elementos policiacos, y cuando la policía falla es una falla del Estado, es una crisis que no tiene que ver únicamente con el crimen organizado ni con que haya delincuencia quiere decir que el Estado no funciona”, aseveró, el diputado perredista.
Comentó, que los integrantes de su fracción observaron y analizaron la panorámica completa de esta situación y están preocupados no solo como diputados sino como ciudadanos tlaxcaltecas, con el caso del secuestro del joven taxista, dijo que ahora se preguntan “qué es lo que hay más abajo, quiénes están involucrados en esta red, en manos de quién tenemos depositados los ciudadanos nuestra seguridad social, eso es muy grave”.
Ante esta situación, propuso a los diputados de este Congreso Estatal hacer un pronunciamiento claro, “Porque cuando en algún futuro esa corrupción policial esté incrustada en las entrañas del gobierno, en ese momento vamos a decir-hubiéramos hecho-por eso me permito hacer una solicitud formal al Presidente de la Mesa Directiva fundamentado en el artículo 117 del Reglamento Interno del Congreso de Tlaxcala para someter a la consideración la iniciativa con proyecto de acuerdo de urgente y obvia resolución, relativo a demandar por parte de este Pleno del Congreso y en nombre de los ciudadanos al Gobernador de Tlaxcala, la comparecencia inmediata de los titulares de la Secretaria de Gobierno y de la Procuraduría general de Justicia del estado, así como el retiro del Comandante Orlando May Zaragoza de la titularidad de la Comisión estatal de Seguridad Pública.
En respuesta, el ex Presidente de la Mesa Directiva Florentino Domínguez instalo un receso y convocó a los Coordinadores de las fracciones parlamentarias por tratarse de un asunto delicado, sin embargo, después de varios minutos, la sesión se reanudó, y los asambleístas votaron a favor de esta iniciativa a excepción del grupo parlamentario del PRI.
Queda por esperar la información oficial que debidamente maquillada y arreglada den a conocer las autoridades, mientras como nunca antes retumba en las mentes de los jefes policiacos en cuestión la gustada frase de Mariano González Zarur… “LA VERDAD, TARDE QUE TEMPRANO SALE A FLOTE”.