- Los aterradores detalles de la matanza en Iguala alimentan la ira descontrolada de la ciudadanía
- Generalizada incredulidad en las instituciones de procuración e impartición de justicia
- La figura presidencial, tocada por la sospecha del tráfico de influencias y la corrupción
La luz mortecina que apenas permite atisbar la realidad de México impedía conocer de los crímenes que hoy colman de dolor y rabia al país. Inmersos en la bruma de simulación y mentira que difumina el acontecer nacional, no sabíamos de la barbarie que prevalece en comunidades donde la ley y el gobierno están en manos de delincuentes, ante la pasividad cómplice del sistema político. Mas de pronto, relámpagos de esclarecedora luminosidad -Tlatlaya y Ayotzinapa- rasgaron las sombras que imperan en ese dantesco submundo y, con fugaz claridad, pusieron al descubierto las atrocidades que sistemáticamente se perpetran contra gente pobre que en su vida solo ha conocido de marginación, iniquidad y miseria.
Asociación criminal
Visto está que hay entidades en México donde cohabitan el poder político y el poder del narco. La connivencia entre ambos no constituye ninguna novedad; en distintas formas existe hace muchos ayeres. A ese entendimiento -antaño discreto y hoy evidente- hay quien atribuye que las aguas no se salieran del cauce y que la sociedad no estuviera -como hoy lo está- sometida indistintamente a la violencia del Estado -Tlatlaya-, o a la del crimen organizado -Ayotzinapa-. Como se ve, el peor de los mundos; un desorden cercano al caos al que el gobierno de Peña Nieto le puso sordina dos años, confiado en que, con los mismos métodos del anterior sexenio, iba a obtener diferentes resultados. Craso error.
Descrédito acumulado
En Iguala se empoderó, por la doble vía de la política y el narco, a la pareja de imbéciles causantes de la tragedia. En esta historia, la culpa no es sólo de sus autores intelectuales y materiales; es también de la clase política que, ávida de poder y dinero, hizo factible la puesta en escena del horrible crimen. Entregar a la justicia al ex alcalde y a su mujer, y a los menguados que mataron a los estudiantes, solucionará judicialmente el caso, pero no resolverá la enorme crisis de credibilidad que pesa sobre las instituciones del Estado, en particular en las encargadas de procurar e impartir justicia. A estas alturas, la cuestión no empieza y termina en Iguala; ahora lo urgente es atender a un gobierno que se tambalea.
Sin justicia no hay progreso
No escatimé elogios al brillante inicio de la gestión de Peña Nieto. El Pacto por México desató los nudos constitucionales que impedían el lanzamiento del país a la modernidad y, si bien preocupaba la indolencia del gobierno para enfrentar la corrupción y la impunidad, todo indicaba que se marchaba hacia una etapa de crecimiento y prosperidad. La euforia del mexican moment no dejaba ver que la inseguridad seguía en ascenso, y no se advertía -o no se quería advertir- que, en vastas zonas del país, reinaba la extorsión y el chantaje, y que a los jóvenes en las comunidades tomadas por el narco no les quedaba más salida que migrar al norte o sumarse a las filas del crimen. Negro futuro para la juventud de un país.
El insondable pozo de la iniquidad
Tlatlaya y Ayotzinapa nos quitaron la venda de los ojos. Los ajusticiamientos sumarios en el pueblo mexiquense pusieron de manifiesto que, al igual que en el sexenio precedente, los derechos humanos no se han integrado todavía al código de conducta de las fuerzas castrenses en funciones de policía. Y los sucesos de Iguala a su vez probaron la inutilidad de los gobiernos estatales, y la lentitud irritante de la respuesta del federal. El punto es que la indagatoria fue llevando a las autoridades de una fosa a otra, en cada una de las cuales se descubrían más y más restos humanos sin identificar. Hacer un recuento de los enterramientos clandestinos hallados hasta ahora en el territorio nacional en verdad estremece.
Plan de choque
Pese a la gravedad de la situación y a la ola de indignación nacional que amenazaba con convertirse en un tsunami de consecuencias impredecibles, se tenía la esperanza de que Peña Nieto plantearía a los mexicanos un plan de choque que incluyera enérgicas acciones en contra de la corrupción política. Tela de dónde cortar tenía y tiene más que de sobra. Empero, sólo se le ocurrió convocar a la sociedad, a los poderes y a los tres órdenes de gobierno a suscribir un pacto -otro más- de combate a la inseguridad. Por supuesto, la fútil idea presidencial fue desairada. Y ahí estábamos -ya en vísperas del viaje a China y la reunión del G-20- cuando se desveló la turbia trama de la Casa Blanca de Las Lomas.
Deterioro moral
El golpe a la imagen de México fue tremendo. Para paliar el escándalo que estaba por estallarle, el presidente anuló el fallo de la licitación para la construcción del tren de alta velocidad a Querétaro que había favorecido a una empresa china, asociada casualmente (¿) con el consorcio mexicano que más obra tuvo en Edomex durante el gobierno de Peña Nieto, y que es dueño formal de la mansión de siete millones de dólares que supuestamente le está vendiendo en abonos a la Primera Dama. Una versión en la que nadie cree, y de la que tendrá que dar cumplida explicación a la Nación el propio mandatario. Por otra parte, no se ve cómo se puedan recomponer las dañadas relaciones con el gigante asiático.
Perdón y compromiso
La nonata propuesta para la firma de un pacto fue ignorada por todos los sectores. Y es que el “gobierno supremo” es el cuestionado, y de él, y sólo de él, han de provenir las soluciones, cuyo amplio espectro va desde una depuración a fondo y pronta del entorno presidencial, hasta la dimisión de los que no entienden que la crisis exige soluciones drásticas. La desconfianza colectiva tocó a la figura del mandatario, y no se ve cómo pueda revertir sus efectos; tiene sobre sí una opinión pública adversa que crece conforme se evidencia la incapacidad de su gobierno para articular respuestas ágiles. Hasta el empresariado y el alto clero, aliados tradicionales del poder, demandan medidas urgentes contra la anarquía.
Conclusión
Los acontecimientos de los dos últimos meses han puesto de manifiesto cuan endebles son los cimientos sobre los que se pretendía construir un país moderno. Hoy queda claro -a nuestros ojos y a los del mundo- que México debe rediseñar su sistema político, de modo tal que elimine sus estructuras enfermas y las reemplace por otras que se ajusten a las normas que rigen en el mundo civilizado. En otras palabras: hay que emprender la gran reforma del Estado mexicano.