- Sólo con una efectiva política anticorrupción se restaurará la confianza popular en el gobierno
- Tolerancia cero ante a la colusión entre políticos y privados, con penas de cárcel para los corruptos
- El despegue económico del país, condicionado a la aplicación rigurosa del estado de derecho
El tema de la corrupción -y el de su habitual acompañante la impunidad- no salen de la agenda nacional. Basta que acerquen un micrófono a Peña Nieto -o a cualquiera de los miembros de su gabinete- para que aflore la cuestión de inmediato. Motivos para la desconfianza hay muchos, pues se descubren corruptelas donde quiera que se hurgue. Por eso el ciudadano común -ese que no es un contumaz mal pensado ni tiene ningún interés personal qué defender- no acabará de creer en la viabilidad del proyecto reformador del presidente hasta que no se le den pruebas de que, esta vez, la lucha contra las raterías va en serio. Y es que, como reza el refrán popular: la mula no era arisca, los palos la hicieron.
Cultural… pero perseguible y castigable
En una de tantas entrevistas que en fechas recientes se le han hecho, Peña Nieto argumentó que la corrupción está encarnada en nuestra cultura. No fueron exactamente esas sus palabras, pero sí el sentido de las mismas. Siendo en mi opinión cierto el aserto, el pronunciamiento se interpretó como una suerte de resignación ante la inevitabilidad del fenómeno. Se omite el que enseguida destacó la autonomía con que la reforma política dotó a la Fiscalía General de la República que sustituirá a la antigua procuraduría, medida por la cual dejará de depender del Ejecutivo. Es ahí, en ese renovado organismo, donde funcionará -con las atribuciones necesarias para cumplir sus fines- la Fiscalía Anticorrupción.
Prácticas de difícil desarraigo
No hace falta ser perspicaz para advertir que, con la reforma energética, aumenta el riesgo de que los actos corruptos se multipliquen. Hay pues que estar atentos y prevenidos. Vea usted, amigo lector: un estudio de la Public Administration Review concluyó que en gobiernos proclives a la rapacidad “…las decisiones de inversión no se basan en lograr mayor beneficio social o incrementar la rentabilidad de la inversion, sino en elevar la posibilidad de extracción de rentas…”. Si el término rentas lo sustituimos por otros que a los mexicanos nos son más familiares -mordidas, moches o comisiones- se entenderá el mensaje implícito en el análisis, relativo a una práctica que es, entre nosotros, el pan nuestro de cada día.
Prevalencia del interés público
Según las conclusiones del estudio de referencia que dio a conocer Juan Pardinas, Director del Instituto Mexicano para la Competitividad “…los gobiernos corruptos tienden a gastar más dinero público en proyectos de construcción y carreteras. Estas grandes obras de infraestructura son más difíciles de vigilar y brindan mayores oportunidades para el chanchullo…”. Dirá usted, amigo lector, que no se precisa acudir a un análisis hecho en Estados Unidos para saber que, aquí en nuestro medio, quien da dinero por un contrato queda exento del compromiso de calidad, tiempo y costo que hizo al suscribirlo; el asunto se reduce así a un pacto de complicidad donde el interés público pasa a segundo plano.
La contención internacional
El cerco contra la impunidad en el mundo se estrecha cada vez más. La Ley de Prácticas Corruptas de Estados Unidos, por ejemplo, es una norma de aplicación extraterritorial que sanciona a empresas que cotizan en Bolsa y que recurren al soborno en cualquier parte del mundo. Recuérdese el caso de Wall Mart en México. Alemania y Gran Bretaña también han endurecido sus políticas contra la corrupción. Y si esa tendencia restrictiva continúa, será cada vez más difícil traer inversiones foráneas a nuestro país, donde es fama que el éxito de las empresas no depende de su curriculum ni de su solvencia técnica y ética, sino -según Pardinas- de tener “…los contactos correctos con las autoridades correctas…”
Medidas draconianas
Cecilia Soto abundó al respecto. La hoy brillante articulista hizo saber a sus lectores que, en la década de los 80`s y hasta los 90`s, las empresas alemanas podían descontar de sus impuestos las comisiones que daban para hacerse de contratos en el extranjero; incluso la ley permitía incluirlas en sus presupuestos. Pero en 2001, y ya con sus acciones en Bolsa, la firma alemana Siemens ignoró la ley americana y la de su país, y dio 1.4 mil millones de dólares en mordidas en 20 países. Una multa de 1.6 mil millones de dólares, y cárcel a varios de sus directivos, convenció a la empresa a instituir la figura del “denunciante de prácticas corruptas”, gracias a la cual no han vuelto a repetirse esos actos delictivos.
Lenidad institucional
Alberto Begné, abogado y reconocido consultor político, califica la corrupción, no sólo como “…uno de los más arraigados y costosos problemas del país, cuyos alcances e implicaciones no sólo ha deformado históricamente el ejercicio del poder público, las relaciones de éste con los diversos segmentos de la sociedad y el desempeño económico…” sino además como “…un grave riesgo para la implementación exitosa de las reformas…”. En apoyo de su tesis, cita el estudio sobre la Calidad de la Ciudadanía en México, realizado por el Instituto Federal Electoral (hoy INE) en colaboración con El Colegio de México, una de cuyas conclusiones se refiere a los efectos de la nociva práctica.
Metástasis de la corrupción
En la parte conducente, el estudio al que se refiere Begné hace énfasis en que “…el ejercicio de los derechos y las libertades ciudadanas carece de las condiciones necesarias para enfrentar con eficacia el uso ilícito de recursos públicos para fines particulares, que lo mismo se refleja en las redes clientelares para fines electorales y en estructuras sindicales opacas y autoritarias, que en las mordidas para los trámites más elementales y en las grandes fortunas empresariales amasadas a partir de arreglos y prácticas irregulares al amparo del poder público…”. Como se ve, las enfermedades a erradicar -corrupción e impunidad- han afectado a órganos vitales del cuerpo social. La lucha no será nada fácil.
Exigencias de la competitividad
Hasta antes de que con las reformas se diera al país entrada virtual a ese mundo global en que la competitividad es factor de supervivencia, hasta antes -repito- de ese hito histórico, México convivió por siglos con la corrupción y la impunidad; a mabas estaba adaptado y hasta le hallaba ventajas al sistema. Pero ahora está obligado a cambiar; el ingreso a ese círculo supone aceptar sus reglas so pena de exclusión. En 1994, la presión internacional exigió a Salinas avances democráticos; en el 2014, instará a Peña Nieto a que el estado de derecho en México deje de ser una entelequia inaplicable, y -condición sine qua non- se persiga y castigue la corrupción, ahí donde se presente y sin hacer distingos.
LA FRASE
Es de Rocco Buttiglione, ideólogo italiano de filiación democristiana que fue invitado de honor en los festejos del 75º aniversario de la fundación de Acción Nacional. Y la pronunció ante la élite del partido azul, quizá ignorante del severo déficit que, en materia de decencia y honestidad, sufren un número crecido de miembros.
“…una clase política corrupta no tiene la credibilidad para pedir sacrificios en aras del bien común…”
Supongo que a buena parte de los asistentes al solemne acto se les puso la cara roja de vergüenza. Bueno, eso creo.