- Es tiempo de abandonar puritanismos rebasados, y emprender políticas más ajustadas a la realidad
- Ha de asumirse la complejidad social y económica que supone el comercio de la cannabis en México
- Usos diversos de la mariguana son ya legales en muchos de los estados de la Unión Americana
En una plática informal de sobremesa de hace algunos años, un criminólogo de profesión -reconocido por sus aportes a la ciencia y por sus participaciones en foros internacionales- nos sorprendió con una aseveración que dejó a quienes le oíamos azorados: “México, a un paso de convertirse en narcoestado”. No obstante la indudable solvencia intelectual del enunciante, ninguno de los presentes concedió crédito a lo que entonces se sentía como una apreciación sin mayores fundamentos. Y es que, en ese tiempo, los datos que se conocían respecto del involucramiento de altos funcionarios en el tráfico ilegal de estupefacientes eran hechos más o menos excepcionales que no parecían prefigurar una sistematicidad preocupante.
Del simple presagio a la lacerante realidad
Empero, los sucesos michoacanos recientemente revelados obligan a no tomar a la ligera aquella advertencia, proveniente de una persona bien informada y a la que siempre se atribuyó una aguda capacidad de análisis, con independencia del tema que tratara. Rescato ahora aquella lúcida reflexión porque, al saberse hoy con certeza lo que antes apenas se sospechaba, hay que tomarse en serio la tesis del narcoestado que, en ese tiempo, sonaba exagerada. Sin embargo, la realidad obliga a abandonar las dudas: en Michoacán, políticos y empresarios comparten intereses con líderes del crimen organizado y, por ese motivo, portan ya el uniforme carcelario policías, alcaldes, diputados y gobernadores… y varios más lo vestirán pronto.
Antecedentes -1-
Cierto es que, desde 1997, sabíamos que el general Jesús Gutiérrez Rebollo -nombrado apenas un año antes por Zedillo titular del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas- cumplía una condena de cuarenta años tras probársele que, a cambio de cuantiosos sobornos, brindó protección a Amado Carrillo Fuentes. Y verdad es también que, una década antes, el cártel de Guadalajara, liderado por Rafael Caro Quintero, se desenvolvía a sus anchas en el sexenio en que en Jalisco mandaba Enrique Álvarez del Castillo. Asímismo, estábamos al tanto de que Antonio Toledo Corro gobernaba Sinaloa en tiempos en que el cártel de ese estado -que encabezaría luego Joaquín Guzmán Loera- asolaba el noroeste del país.
Antecedentes -2-
A la lista anterior se podrían agregar varios otros mandatarios estatales que hasta ahora han podido librar, sin mácula para sus nombres, el hecho incontrovertible de que el narco creció sin control en los estados que gobernaron. Ahí está el caso de Tamaulipas que, bajo los mandos sucesivos de Enrique Yarrington y luego de Eugenio Hernández, cayó en manos del crimen organizado. O el más actual, el citado de Michoacán, que se salió de madre en los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy, y que, tras el desgobierno de Fausto Vallejo, ha sufrido una acelerada erosión de las instituciones del estado, hecho que en su momento reconoció públicamente hasta el propio presidente Enrique Peña Nieto.
Antecedentes -3-
Si seguimos mirando al pasado, inevitable es recordar el augurio que desde Francia hiciera Gerardo Ruiz Mateos, a la sazón Jefe de la Oficina de la Presidencia en el calderonato. El funcionario dijo que, de no ser por la guerra que su superior declaró al narco “…el próximo Presidente de México sería un narcotraficante…”. La afirmación la sustentaba en que -según él- “…el narco había penetrado las entrañas del país y ya había hecho un Estado dentro del mismo Estado…” Y añadió que “…hay ciudades y municipios en México donde cobra impuestos, impone la ley, designa presidentes municipales y exige bono o derecho de seguridad…”. Haga de cuenta, amigo lector, que describía la actual situación michoacana.
Antecedentes -4-
Tampoco se olvida que, en tiempos en que el panismo habitó en Los Pinos, se supo de una declaración de Sócrates Rizzo que conmocionó a la clase política y a toda la opinión pública del país. El que fuera gobernador de Nuevo León explicó que, cuando mandaba el PRI, la violencia criminal no afectaba a la población civil porque se negociaba con el narco las rutas por las que podía transitar libremente con las drogas -mariguana principalmente- hasta la frontera norte. Pero hasta aquí con los antecedentes; lo dicho basta para admitir que el fenómeno creció sin cesar, y que el procedimiento adoptado para combatirlo nunca dio el resultado esperado. Hay pues que replantearse el complejo tema desde otras perspectivas.
Legalizar y regular, única alternativa
Un nuevo enfoque del problema no implica ser indulgente con narcos asesinos ni con autoridades indiferentes, cuando no cómplices de la violencia criminal. Contra unos y otros, ha de usarse la fuerza del estado. Y bien está que, en paralelo, se pongan en funcionamiento políticas públicas que procuren servicios más eficientes de educación y salud a la población, y le ofrezcan más y mejores empleos. Empero, el pronóstico no puede ser bueno mientras la utilidad del comercio de las drogas -la mariguana en primer lugar- siga al alza debido a la política prohibicionista auspiciada por Washington. Y es que las leyes inexorables del mercado sólo podrán eludirse, amigo lector, a través de la legalización regulada de ese comercio.
El tamaño real del problema
Aprehender o eliminar al capo de Los Caballeros Templarios, traerá, como se ha visto en muchos casos, un reajuste de la organización criminal, pero no su desaparición definitiva. Por otra parte, el gobierno federal -que ha asumido en los hechos el control del estado de Michoacán- debe tener muy en cuenta la componente social implícita en el ciclo completo del cultivo y la comercialización de la cannnabis. Datos para estimarla se conocen desde el 2007 -recien iniciada la intervención del Ejército en la entidad tarasca- cuando se informó que habían detectado ¡12 mil plantíos de mariguana! Poco después se hizo saber que se calculaban en 450 mil los involucrados en el negocio del tráfico de enervantes. Eran cifras para pensar.
Por una política proactiva
Pese a los números que la inteligencia militar le proporcionó, Calderón no modificó su estrategia de combatir con balas el comercio de la mariguana. Nunca entendió que, si desde ese entonces hubiera planteado en la misma ONU que México ya valoraba la legalización como vía para acabar con la violencia que lo desangraba, la tarea de su gobierno se habría centrado en enfrentar el secuestro y la extorsión, liberando de paso de responsabilidad penal a miles de personas que tuvieron que ver con el cultivo y venta de la mariguana y que, actualmente, atestan esas escuelas del crimen que son nuestras cárceles. No esperemos, ciudadano presidente, a que California, en su consulta plebiscitaria del 2015, nos ayude a resolver el drama.
LA FRASE
Es del presidente uruguayo José Mujica, impulsor de una ley que regula producción, venta y consumo de la mariguana. La definió como:
"…una lucha por arrebatarle al narcotráfico el mercado…"
Tan simple como eso. Y agregó que no podía permanecer de brazos cruzados con tanta gente inocente en la cárcel.